Navanethem Pillay: “La pena de muerte no tiene cabida en la era moderna”

La vida de Navanethem Pillay (Durban,1941) está sucedida de hitos y primeras veces. Fue la primera sudafricana en obtener un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard, en 1982. 15 años antes, en 1967, Pillay se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir su propio bufete de abogados en la provincia de Natal, donde nació. En 1995, un año después de que el Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas en inglés) llegara al poder, Nelson Mandela la nominó jueza para entrar a formar parte del Tribunal Supremo de Justicia de Sudáfrica, siendo también la primera magistrada no blanca en servir en este organismo.

De la etnia tamil, e hija de un conductor de autobús, esta jurista admite que sus más de 28 años como abogada durante el apartheid, defendiendo los derechos de los activistas encarcelados, entre ellos al presidente Mandela, le hicieron reflexionar sobre la pena de muerte y cómo esta castiga a las familias, en especial a mujeres y niños. La que fuera Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014, preside desde 2017 la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), organización que ha recibido el Premio Norte-Sur del Consejo de Europa 2020.

Este galardón, que se otorga cada año desde 1995 a dos candidatos –activistas, personalidades u organizaciones– que destacan por su excepcional compromiso con la promoción de la solidaridad Norte-Sur, se entregó el pasado 9 de diciembre en Lisboa. Navanethem Pillay, también conocida como Navi, no pudo asistir al acto en persona por las restricciones por la covid-19 que sufre recientemente su país tras la explosión de la variante ómicron. Al teléfono desde su residencia en Sudáfrica, hablamos con ella sobre la pena capital, los futuros desafíos a los que se enfrenta desde la Comisión, el papel de la mujer en la justicia y la defensa de los derechos humanos.

Pregunta. Enhorabuena por el premio. ¿Qué importancia tiene recibir este galardón para la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte?

Respuesta. Muchas gracias. Sin duda es muy importante, porque esta comisión está formada principalmente por ex jefes de Estado, de gobierno, ministros, altos funcionarios de las Naciones Unidas, jueces, abogados y académicos, y todos ellos, han estado trabajando en silencio y de manera constante durante 10 años para concentrarse realmente en hacer una buena labor. Nos toca el corazón que el trabajo haya sido reconocido. Es una recompensa, una sorpresa maravillosa y, a la vez, una gran difusión de todas las tareas que llevamos a cabo.

P. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta actualmente la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte?

R. Bueno, hoy en día, y aquí también hablo como ex alta comisionada de Naciones Unidas, uno de los principales retos es es la protección de los derechos humanos, además de salvaguardar la cláusula de soberanía. Estoy de acuerdo con la sociedad civil y otras ONG cuando definen como una situación alarmante que algunos Estados quieran mantener un vacío legal para así evitar cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Aunque en las últimas votaciones para la moratoria del uso de la pena de muerte en Naciones Unidas se han unido cada vez más países, todavía no todos tienen sistemas judiciales que se encaminan hacia un sistema de castigo más humano. Un ejemplo de esto son los propios tribunales para juzgar los crímenes de exYugoslavia y Ruanda, en los que la ONU no impuso la pena capital como máximo castigo, si no la cadena perpetua. Debemos enviar el mensaje de que la pena de muerte no es disuasoria. Nadie ha podido aún demostrar que en aquellos países donde hay pena de muerte, haya menos crímenes. El desafío, de nuevo, está en hacia dónde va el mundo.

Hay que enviar el mensaje de que la pena de muerte no es disuasoria. Nadie ha podido aún demostrar que en aquellos países donde hay ejecuciones, haya menos crímenes

P. Según Amnistía Internacional, en 2020 se produjo el número más bajo de ejecuciones registrado en los últimos 10 años. ¿Qué cambios cree que se han producido para que se reduzca esta cifra?

R. Uno de los grandes cambios parte de la sociedad civil y de movimientos como Amnistía Internacional, que realizan grandes esfuerzos para convencer a la gente y exponer la crueldad y el daño de las ejecuciones que se están llevando a cabo, especialmente en Estados Unidos, donde por ejemplo, los productos químicos utilizados causan mucho sufrimiento a las víctimas. Como te decía antes, cada vez son más los países que votan a favor de la moratoria del uso de la pena de muerte en Naciones Unidas, que se realizan cada dos años. A esto, se suma que países como Botsuana y Ghana no están realizando ejecuciones desde hace años.

Hay muchos activistas que levantan su voz, especialmente en Oriente Medio y China, tienen poca libertad movimiento ante gobiernos que están dispuestos a matar en nombre del Estado

Una delegación de la CIPM y yo viajamos a Guyana, donde pudimos comprobar que no se ha realizado ninguna durante los últimos 25 años, a pesar de que la pena capital siga contemplada en la ley. A su presidente le pregunté: ‘¿No le demuestra esto que la gente está contenta sin que haya pena de muerte?’. Y me contestó: ‘No, la razón por la que no se realizan ejecuciones es porque nadie quiere trabajar de verdugo, nadie contesta a la oferta de trabajo que anunciamos’. En definitiva, hay una mayor conciencia sobre la pena de muerte, junto a un mayor conocimiento mundial de los derechos humanos.

P. Si la sociedad civil, las Naciones Unidas y los organismos están dispuestos a prohibir la pena de muerte, ¿por qué cree que algunos gobiernos se resisten?

R. Es cierto que hay un buen número de países que se escudan en que la ONU aún no ha podido aprobar una convención contra la pena de muerte, para poder seguir administrando la pena capital por su cuenta. Muchos de estos gobiernos dicen que la ciudadanía quiere mantenerla, y en algunos estados de EE UU es un tema electoral, porque si aboliesen esta medida, muchos de estos políticos admiten que perderían la mayoría de sus votos en la siguiente elección. Soy consciente de que hay muchos activistas que levantan su voz, especialmente en Oriente Medio y China, donde esta sanción es frecuente, sin embargo, tienen poca libertad movimiento ante gobiernos que están dispuestos a matar en nombre del Estado.

P. En el último discurso en el Día mundial contra la pena de muerte, usted decía que la sociedad debe centrarse en la figura de la mujer y de la pena capital como una realidad invisible. ¿Por qué?

R. He descubierto que las mujeres se preocupan más por las cuestiones de derechos humanos. Las encontrarás en cualquier tipo de protesta y siempre al frente de ellas. Además, son las que cuidan de su familia e hijos y, por lo general, los hombres son los que están más expuestos a la pena de muerte. Ahí es cuando la mujer se da cuenta que la persona que se suponía que debía ganar dinero y mantenerles se ha ido. Por eso afirmo que la pena capital castiga a la mujer y a los niños especialmente, les aumenta su carga. ¿A quién está castigando el Estado con esa ejecución? Claramente a la población femenina.

P. ¿Son la clase social y los factores de pobreza los que pueden llevar a que una persona inocente sea declarada culpable y enfrentarse a la la pena de muerte?

R. Absolutamente. CIPM publica extensamente sobre esto y otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también. La pena de muerte afecta más a las personas pobres y marginadas. Encontrará que en todas las cárceles de los Estados Unidos, o en mi propio país, Sudáfrica, las personas pobres son también las más afectadas por la covid-19. Y una de las razones es porque no pueden permitirse una defensa adecuada. Eso no significa que los pobres cometan más delitos, pero sí que el acceso a la justicia se les deniega con más frecuencia.

P. ¿Qué le gustaría lograr durante sus años como presidenta de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte?

R. El primer paso sería detener las ejecuciones, como ya pide la ONU, contra menores o enfermos mentales. Por supuesto, el objetivo final y por el que nunca nos rendiremos es el de poner fin a la pena de muerte de una vez por todas, a nivel mundial, en todos los países, porque alguien que sea inocente y ejecutado debería pesar en la conciencia de todos y cada uno de nosotros. La pena de muerte no tiene lugar en la era moderna, que se rige por la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.

P. Como defensora de los derechos humanos todos estos años, durante la época del apartheid o al frente del tribunal de Naciones Unidas para Ruanda, ¿cuáles han sido los momentos o las circunstancias más desafiantes?

R. Todos son momentos clave en mi vida, pero el más duro, por supuesto, fue vivir el apartheid de Sudáfrica. Por eso entiendo lo que es ser una víctima sin derechos y sin acceso a la justicia. No había nada que pudieramos hacer durante 30 años como abogados, pero seguimos luchando y luchando, a pesar de estar muy limitados. Nunca pensé que vería en mi vida el fin del apartheid, del racismo y de la discriminación en Sudáfrica, pero ocurrió gracias a la acción colectiva de la sociedad. Para mí, eso fue lo más difícil, pero lo más maravilloso, porque toda la población negra y algunos indios blancos estabamos involucrados en la lucha. Cuando comencé a trabajar en el alto comisionado de la ONU, los gobiernos pensaban que la comida, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el agua no eran un derecho básico. Y mira hasta dónde hemos llegamos en su reconocimiento. Yo solía decir que estos no eran productos que se venden solo a los ricos, sino que deben estar disponibles por igual para todos.

Nunca pensé que vería en mi vida el fin del ‘apartheid’, del racismo y de la discriminación en Sudáfrica, pero ocurrió gracias a la acción colectiva de la sociedad

P. Nelson Mandela, ya como presidente, la nombró jueza en el Tribuna Supremo de Sudáfrica, conviritiendose así en la primera mujer no blanca con ese puesto. ¿Cómo recuerda aquel momento?

R. Fue un momento maravilloso en mi vida cuando Nelson Mandela me llamó a casa y me dijo: ‘Felicidades. Este nombramiento me llena de alegría, espero que sea algo permanente. Dice mucho de él como presidente, en un momento en el que podría haber intentado aleccionarme y decirme cómo actuar ante mi nuevo puesto. Antes se habría pensado que como soy mujer, negra y abogada no iba a ser competente para el puesto, algo que con Mandela cambió. La sociedad ha evolucionado mucho.

P. ¿De qué se siente más orgullosa en todos estos años de carrera?

R. Esa es una pregunta difícil. Creo que si logré algo como jueza de lo que estoy orgullosa es que, por primera vez, se considerase que lo que le sucede a una mujer durante una guerra es un delito. A los soldados se les alentaba a usar a la mujer, a violarla y tomarla como un trofeo más sin que nadie fuera castigado. No fue hasta 1996, con el juicio del genocidio de Ruanda en el que participé –Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)–, que esto cambió. En él, por primera vez la violación y la violencia sexual contra las mujeres constituían un crimen de lesa humanidad. Por eso me siento bien, porque todos los jueces y abogados saben que sentar un precedente por primera vez es muy difícil. Fue una conquista por la que el mundo se beneficiaría para siempre.

P. Después de tantos años de carrera, ¿hay algo que le quede pendiente por hacer?

R. Mi corazón sigue y va hacia los pobres de este mundo. Esta es una de la mayor violación de los derechos humanos, que los pobres se empobrezcan cada vez más. Y la gente rica se está volviendo más rica. Incluso durante la pandemia, las personas extremadamente ricas se hicieron aún más. Algo anda mal. Así que me dedico a concentrarme en los los pobres y los últimos de la escalera: mujeres y niños.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.