Las víctimas de la violencia machista de La Fortaleza rompen el muro de silencio

A Carmen Cecilia Becerra la han violado casi una decena de hombres desde que tenía siete años. Primero, sus tres padrastros, luego sus tíos, después su marido. Cuando Mari San Juan ve una furgoneta, se sigue escondiendo y aguantando la incontinencia del pánico que le dan. Gran parte de los sonidos de la infancia de Ana Ortiz son los gritos y los golpes de su padre. Los de su adultez se le parecen bastante. Lo único en lo que Chirley Pérez piensa al atardecer es en que ojalá su expareja no haya bebido “porque se transforma” y pega a sus hijos. La violencia de género ha sido una constante en la vida de la mayoría de mujeres de la comunidad de La Fortaleza, en Cúcuta, frontera colombiana con Venezuela. La diferencia de hace un par de años a hoy es que ahora se atreven a contarlo. Y así, dicen, pesa un poco menos.

Becerra recuerda su historia entre susurros para que los niños que tiene a cargo en la guardería improvisada en el salón de su casa no la escuchen hablar “de eso”. La Fortaleza es un asentamiento irregular con más de 2.000 familias —la mayoría migrantes venezolanos o retornados— sin apenas presencia del Gobierno. Los pocos trabajos que se conocen aquí son de días y se aceptan aunque a los extranjeros se les pague menos. “Tenemos que coger lo que nos salga”, repiten. Una niña pequeña se acerca dando saltitos en un vestido amarillo, y abraza a la seño antes de volver a jugar. “Así de chiquita era yo cuando abusaron de mí”, dice cuando esta se va. “No tenía ni ocho años”. Fue su padrastro. Luego fueron los otros dos. Pero la mayor de las agresiones que recuerda de entonces, fue la bronca de la madre cuando tomó el coraje necesario para confesarlo y mudarse con su padre. “¿Por qué tiemblas? No seas exagerada”, le decía entonces a esta mujer que hoy tiene 47 años.

En los primeros ocho meses del año se registraron 432 feminicidios en Colombia; en ese mismo período, la Fiscalía recibió 14.711 denuncias por maltrato intrafamiliar y 3.877 casos de violencia sexual. El ejercicio pasado cerró con 630 feminicidios en el país, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, siendo el Norte de Santander el séptimo departamento más sangriento con ellas. María Fernanda Ovalles Carrillo, secretaria de la Mujer y Equidad de Género del departamento, alerta de que ser inmigrante es “una de las brechas” que más las expone a la violencia: “Además de la xenofobia, se encuentran diferentes barreras en el acceso a la atención en salud, a la protección y a la justicia. Esto se justifica en el estatus migratorio irregular”. Según su oficina, en el último año se produjeron 18 asesinatos machistas más que en 2020, donde se registraron 21.

Dormí tranquila el día que me enteré que mi exmarido se había muerto”, narra aún aterrada. Nunca denunció. “¿A quién? Todos lo conocían”

Carmen Cecilia Becerra, superviviente de maltrato machista

En su adolescencia, Becerra conoció a un tipo “encantador y trabajador” al principio. Y su mayor pesadilla después. Intentó escapar siete veces. Agarraba un par de mudas de sus hijos y salía de noche con el miedo en la garganta. “Pero me encontró todas las veces”, dice. Las amenazas se materializaron con machetazos, intentos de asfixias en la alcantarilla y palizas en su lugar de trabajo. “Dormí tranquila el día que me enteré de que se había muerto”, narra aún aterrada. Nunca denunció. “¿A quién? Todos lo conocían en el pueblo”.

La falta de papeles juega un papel clave en ello. Así lo asegura Adriana Marcela Pérez Rodríguez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander: “Cuando las mujeres migrantes venezolanas amenazan con denunciar a sus agresores, sufren coacciones y presiones para intimidarlas y que no lo hagan. Es común que ellos también digan que irán a la policía a decir que no tienen los documentos al día y que las deporten. Esto pasa sobre todo con víctimas de trata”.

La falta de acceso al sistema judicial evidencia que la población migrante es más vulnerable a la violencia de género. Las rutas de migración inseguras o irregulares aumentan el riesgo, también de trata de personas. Las mujeres migrantes, las niñas y las personas LGBTI son el blanco de un sinfín de mafias. Desde el 2013 hasta julio de 2020, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en Colombia se han registrado 686 casos de trata de personas, de los cuales 408 con fines de explotación sexual; dos de cada 10 son migrantes. Esta cifra es, según los expertos, probablemente mucho mayor de las conocidas dada su clandestinidad.

Después de la muerte de su exmarido, Becerra se instaló en La Fortaleza junto a sus hijos y una idea taladrándole la cabeza: “No más”. Ahora se dedica a cuidar a los niños y niñas del vecindario, cuando sus padres están trabajando. Educar es, dice, su semilla del cambio. Como ella, 104 mujeres llevan meses intentando escribir un presente diferente. Hace nueve, se inscribieron en un curso de capacitación y sensibilización de Ayuda en Acción enfocado a mujeres migrantes, retornadas, comunidades de acogida y víctimas de la violencia. El objetivo de la organización es fortalecer su papel en el ámbito comunitario para exigir sus derechos y la prevención del machismo en contextos asociados a procesos migratorios. Desde que concluyó el proyecto, son ellas quienes siguen reuniéndose y extendiendo los conocimientos aprendidos a las chicas más jóvenes.

Este relevo de liderazgo lo celebra Orlando Ortiz Medina, director del equipo de impacto y coordinador de los programas de Ayuda en Acción Colombia. “Lo que pretendemos es dejar la capacidad instalada para que las mujeres y sus organizaciones sigan adelante con el desarrollo de sus propuestas”, explica. Para él, el machismo es uno de los “principales flagelos” del país andino. “Es tan necesario avanzar en la disminución de los factores de los que se nutren este tipo de agresiones, como lograr que desde el Estado se pongan en curso medidas dirigidas a prevenir y garantizar la protección debida”.

“Te cela porque te quiere”

Sentada en una silla de plástico blanco del comedor social de la parroquia de la aldea, Ismar Adreina Santiago Montilla reposa el almuerzo. Tiene 22 años y llegó de Barinas, Venezuela, hace cuatro, cuando se dio cuenta de que su primer marido la maltrataba. Reconocerlo no fue fácil. Hasta que esta mujer “abrió los ojos”, pasaron varios años y un proceso de comprensión de cómo funciona la violencia machista. Y de mucho desaprender. Creció escuchando: “Te cela porque te quiere”, “Es normal que haga eso”, “El amor duele”.

Sentir que te entiende alguien te hace sentir menos sola

Laddy Davina, de 42 años, cucuteña víctima del conflicto armado y la violencia machista

“Normalizaba muchas cosas que hoy en día me doy cuenta de que no deberían de ser así. Él me trataba mal si salía sola a la calle o si me saludaban. Si era hombre, porque era mi amante. Si era mujer, porque me hice lesbiana”. Hasta que un día dijo “se acabó”. Y entonces él le quitó los documentos para que no pudiera viajar. Para no dejarle. “Ahora que lo veo claro me siento frustrada, pero es parte de mi pasado. Y es lo que estoy intentando superar”, dice esta madre de dos hijos, de seis y dos años.

Su misión actual es que no se repitan historias como la suya. “Quisiera decirle a las jóvenes que no se dejen, que tienen opciones”, narra apretando con fuerza una gorra en la que se lee: “Juntas somos más fuertes”. Según un reciente estudio de Plan International, el 50% de las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes venezolanas se sienten inseguras en las calles; mientras que el 21% de niñas y el 13% de adolescentes han sido testigos de situaciones de violencia, abuso sexual o agresiones verbales. “Cuando escucho a mis compañeras, entiendo por lo que han pasado. Porque se le parece mucho a lo mío”, dice Laddy Davina, de 42 años. “Sentir que te entiende alguien te hace sentir menos sola”, zanja esta cucuteña víctima también del conflicto armado.

De acuerdo con el boletín número 4 Entre llantos y consignas por una vida digna del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander, el tipo de violencia con más casos registrados es la psicológica, con un 82,3%; le sigue la física con un 63% y la patrimonial, con un 27,4%. Esta última hace referencia a cuando el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja.

La sororidad es una carcajada cómplice

Juntas son sororidad. Les une la empatía de entender el miedo de la otra; a dejar a quien han amado, a contarlo, a que a sus hijos les pase algo. A muchas de ellas se les suma todo lo que implica emigrar desde Venezuela o volver a su país tras tantos años fuera y sin redes de apoyo. Además de supervivientes del maltrato y el abuso, trabajan para ser lideresas de un presente de paz. Y hay veces en las que solo el humor las rescata. “Nos toca aprender a hacer chiste, porque si no, ¿qué?”, dice Ana Ortiz, de 61 años, la mayor del grupo. Aunque bromea y es quien equilibra los ánimos cuando están bajos, aún carga con la depresión que le dejó el maltrato desde la infancia.

“He guerreado mucho por mi familia. Yo perdí mi casa, mis ahorros y vivo de prestado en un lotecito de lona, pero gloria a Dios, mis hijos y yo estamos bien”, cuenta. “Hoy somos mujeres diferentes. Mujeres fuertes que podemos aconsejar a las niñas que vienen. Mi historia es lo único que yo tengo para enseñarles a mis nietas”.

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