La lucha del pueblo kakataibo por su territorio y su vida

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Las tasas de deforestación son más bajas en los territorios donde habitan las poblaciones indígenas. Allí donde los gobiernos reconocen formalmente los derechos colectivos a la tierra y se fortalecen los conocimientos ancestrales de las comunidades, la deforestación se reduce y los ecosistemas se revitalizan.

A esta conclusión han llegado, desde hace décadas, diversos estudios y así ha vuelto a ocurrir en el recientemente publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), el cual recopila más de 250 informes que coinciden en el papel crucial de los pueblos indígenas en la protección de los bosques y ante el calentamiento global.

Pero ese cuidado de los bosques no solo es algo que nos beneficia a todos; para los más de 500 pueblos indígenas que habitan la Amazonía y los casi 900 que existen en América Latina es la condición para preservar sus modos de vida y su propia supervivencia. La vida de estos pueblos supone una relación distinta con la naturaleza y la pandemia de covid-19 lo ha evidenciado: las comunidades han podido sobrevivir a la crisis sanitaria y económica porque los bosques, los ecosistemas sanos que ellas mismas se encargan de proteger, han sido su principal fuente de alimentación y medicinas.

La violencia del narcotráfico gana terreno en la Amazonía peruana

Sin embargo, la pandemia también ha revelado que, con el repliegue de las comunidades en sus territorios y el agravamiento de la desprotección del Estado, se ha generado el escenario propicio para que las economías ilegales invadan los bosques y aumenten los conflictos y la violencia en el hábitat de las comunidades indígenas. Según datos del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas en Perú, desde el inicio de la pandemia ha habido 12 asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía peruana. Las víctimas pertenecen a distintos pueblos originarios, pero el más golpeado ha sido, sin duda, el pueblo kakataibo, con cuatro líderes asesinados.

Las causas estructurales de estos asesinatos están relacionadas con la minería y la tala ilegales y el tráfico de tierras, pero el narcotráfico es hoy la principal fuente de la violencia que afecta a los kakataibo y a otros indígenas. Esta constante presión y amenaza a sus territorios se agrava al no existir una debida protección jurídica de las tierras comunales, es decir, que el Estado reconozca, titule y georreferencie sus tierras, y que genere mecanismos legales para protegerlas de ser invadidas por actividades ilegales que conllevan la amenaza y posterior asesinato de líderes indígenas.

Ese fue el caso de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, perteneciente al pueblo kakataibo. Arbildo fue cruelmente asesinado al inicio de la pandemia, en abril de 2020, y aún no hay ningún responsable que haya sido juzgado. A partir de ese momento, se desató una ola de violencia que no ha dejado de crecer: hostigamientos, destrucción de cultivos, quema de casas, reiteradas amenazas, secuestros y torturas que terminan en la anulación de la voluntad de las víctimas o, si esto no se consigue, en sangrientos asesinatos.

Por su parte, Herlín Odicio, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka), ha visto cómo su vida daba un oscuro vuelco. Tras denunciar las invasiones de tierras llevadas a cabo por cocaleros, ha tenido que huir y vivir en la clandestinidad a consecuencia de las amenazas sufridas por el narcotráfico. Pero no solo es Herlín y otros líderes, sino decenas de miembros de las comunidades kakataibo que viven amenazados y silenciados a causa del vertiginoso avance del narcotráfico.

Organizaciones indígenas como AIDESEP han empezado a denominar a la zona ubicada entre los departamentos de Huánuco y Ucayali, región habitada por los kakataibo, como el nuevo VRAEM, en alusión a un área aledaña a esta región tomada por el narcotráfico y en la que recientemente se ha perpetrado un ataque narcoterrorista que ha costado la vida a dieciséis personas.

Salvar vidas ahora sin olvidar las cuestiones de fondo

Todo esto debería alertar al Estado sobre la situación que se vive en las regiones amazónicas donde el narcotráfico crece y atemoriza a los pobladores que, como los kakataibo, reciben amenazas de muerte constantes y se ven obligados a callar por el temor de verse obligados a abandonar a su familia, sin posibilidades de ser atendidos por las autoridades competentes.

Sin embargo, la impunidad es manifiesta es el caso de las muertes: no existe ningún detenido en relación con los cuatro asesinatos perpetrados contra los kakataibo, ni ninguna reparación a los deudos de líderes. Las instituciones competentes como el Ministerio Público, fiscalías, policía no cuentan con ningún instrumento normativo o protocolo para atender con celeridad estos casos, ni tampoco prevenir esta creciente violencia contra defensores de derechos territoriales.

La impunidad es manifiesta es el caso de las muertes: no existe ningún detenido en relación con los cuatro asesinatos perpetrados contra los kakataibo, ni ninguna reparación a los deudos de líderes

A raíz de los casos más recientes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado el denominado Mecanismo Intersectorial como naciente política para proteger a personas defensoras de derechos humanos y cumplir con los compromisos internacionales. No obstante, aún no existen acciones concretas que permitan, por ejemplo, contar con un presupuesto para dotar de refugio y seguridad a líderes como Herlín Odicio. Sin capacidad para lograr la protección de estas personas por parte del Estado, no hay posibilidad de que otros líderes amenazados se animen a realizar sus denuncias.

Es urgente que esta situación sea atendida al más alto nivel del Estado peruano y poner en marcha acciones para salvar vidas con medidas específicas para cada caso y con presupuesto asignado para ello. Pero, además, hay que atender las causas estructurales que están detrás de la violencia en la Amazonía, como la falta de saneamiento de la propiedad indígena, que genera condiciones para el avance de la tala, la minería y el narcotráfico, si no queremos que la violencia acabe con los kakataibo y, al mismo tiempo, con el sentimiento de pertenencia a un territorio, la acción colectiva como fundamento esencial de la vida social y el respeto y cuidado de la naturaleza; renovados paradigmas que la mayor parte de la sociedad no quiere o no llega a entender.

Luis Hallazi es miembro del Instituto del Bien Común (IBC) y socio local de Manos Unidas en Perú.

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