Es hora de que las Naciones Unidas intervengan

Nuestro sistema fiscal global no está roto, está programado para fallar. Durante décadas, el carácter progresivo del sistema fiscal internacional se ha visto erosionado, con los grupos de presión empresariales y las elites nacionales que se resisten a dar las respuestas necesarias a los desafíos que plantea la globalización. La pandemia ha puesto de manifiesto la gravedad del costo que conlleva el fracaso.

Desde 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sido el foro elegido por el grupo de países del G-20 para reformar el sistema fiscal internacional. Reconociendo ser percibida como un “club de naciones ricas”, la OCDE ha tratado de involucrar a los países en desarrollo dentro de un “marco inclusivo”. Si bien los 137 países y jurisdicciones miembros tienen cada uno un asiento en la mesa de negociaciones, en la práctica las decisiones han sido tomadas por los países del G-7. No es de extrañar, pues, que los resultados no sean nada inclusivos.

Los planes publicados por la OCDE en octubre muestran que es incapaz de llevar a cabo las urgentes reformas fiscales que el mundo necesita. Las propias cifras de la organización son prueba suficiente. La OCDE evalúa las pérdidas de ingresos debidas a los cambios en los beneficios de las empresas en unos 240.000 millones de dólares al año (200.000 millones de euros). La reforma que propone ahora reduciría esas pérdidas entre 5.000 y 12.000 millones de dólares, es decir, sólo entre el 2% y el 5% del problema. En euros, entre 4.000 y 10.000 millones.

El mundo está perdiendo ingresos de más de 360.000 millones de euros anuales debido al abuso fiscal internacional. El equivalente al sueldo anual de 34 millones de enfermeras

El elemento positivo es que el proceso de la OCDE ha dejado claro que existe un consenso mundial en favor de un impuesto mínimo efectivo y de un cambio hacia la imposición de las multinacionales en función del lugar en el que emplean personal, dirigen oficinas y fábricas y venden bienes y servicios, en lugar de en el que aparcan marcas y alquilan direcciones.

Es hora de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenga, y no hay nada utópico en ello. Durante los últimos ocho meses, un grupo de expertos independientes, reunidos en el Grupo de Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera de las Naciones Unidas (FACTI, por sus siglas en inglés), ha realizado un trabajo impresionante en la identificación de una amplia gama de lagunas y defectos en la arquitectura fiscal mundial.

La idea es que una convención de las Naciones Unidas tome forma como herramienta única para abordar de manera integral los paraísos fiscales, el abuso de los impuestos por parte de las empresas multinacionales y otros flujos financieros ilícitos. Al mismo tiempo, el comité técnico fiscal de la ONU ha presentado una propuesta más concreta y mucho más sencilla para gravar a las empresas digitales que cualquier otra que surja del proceso de la OCDE.

Por supuesto, los principales miembros de la OCDE ya han indicado su oposición a que la ONU desempeñe un papel significativo en materia de impuestos. Pero el hecho de que la OCDE no haya encontrado soluciones reales podría inducir a algunos de ellos a cambiar de opinión. Y están bajo presión: una encuesta reciente realizada en siete países líderes (Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Polonia, los Países Bajos y el Reino Unido) muestra niveles impresionantes, entre el 87% y el 95% de apoyo a los responsables políticos para tomar medidas enérgicas contra las empresas que utilizan paraísos fiscales.

Si todavía es temprano para festejar el gran retorno del multilateralismo, la victoria del demócrata Joseph Biden al menos insinúa la reanudación del compromiso de los Estados Unidos con las instituciones internacionales. Esta es una buena noticia para la lucha contra el cambio climático y contra la pandemia de la covid-19. El comercio mundial también podría beneficiarse de una era menos conflictiva. Los impuestos podrían ser la próxima frontera.

Es de sentido común que los Estados no pueden funcionar sin recursos. Y si todavía se necesitaran pruebas, la crisis sanitaria acaba de aportarlas, al arrojar luz sobre el grave impacto de la falta de financiación de la salud y los servicios públicos, no solo en los países de bajos ingresos, sino también en los más ricos. Los Gobiernos de todo el mundo han abierto sus arcas en un intento de proteger los empleos, las empresas, la salud y los medios de vida, y de poner en marcha un proceso de recuperación. Todo esto tiene un costo, y ya es hora de que también asuman el control de los recursos más evidentes que se les escapan: la evasión de impuestos por parte de los individuos más ricos y las multinacionales.

El mundo está perdiendo ingresos de más de 427.000 millones de dólares –casi 360.000 millones de euros– anuales debido al abuso fiscal internacional, según el informe Estado de Justicia Fiscal 2020 lanzado conjuntamente por Tax Justice Network, la Internacional de Servicios Públicos y la Alianza Global para la Justicia Fiscal. A nivel mundial, esta enorme suma representa más de 34 millones de sueldos anuales de enfermeras. Para España, las pérdidas representan el 5,04% del presupuesto de salud del país, que pagaría por más de 107.000 enfermeras cada año. Un escándalo en un contexto de escasez generalizada de estas sanitarias en todo el país que podría provocar el agotamiento del personal y poner en peligro la seguridad de los pacientes.

Las ideas que impulsaron el optimismo original en torno a las reformas de la OCDE no han desaparecido. Simplemente no es el foro adecuado. Sin la distracción causada por la obstrucción sistemática de los Estados Unidos, las Naciones Unidas tienen que asumir finalmente su papel de foro mundial para las negociaciones sobre los derechos fiscales mundiales que, con el tiempo, deben realizarse.

Alex Cobham es Director Ejecutivo de Tax Justice Network.

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