El coste social de los paraísos fiscales

La pandemia está trastornando la economía y la vida entera de los ciudadanos. Los Estados encuentran cada vez más dificultades para financiar los crecientes gastos sanitarios que se han disparado por las dimensiones de la enfermedad. El Cercle d’ Economia de Barcelona estima que el gasto sanitario debería incrementarse en el 1% del PIB (12.240 millones de euros). Precisa que este incremento situaría a España en la media del gasto sanitario total, público y privado, de la Unión Europea, que representa el 9,9% de su PIB en su conjunto.

En las circunstancias actuales los ingresos fiscales, que son vitales para asegurar la sanidad, educación, pensiones, vivienda, y servicios sociales, sufren una extraordinaria merma por la fuga de beneficios de las multinacionales y grandes fortunas hacia los paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Los esfuerzos desde hace siete años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para acabar con estas distorsiones han sido infructuosos.

Hasta ahora la evasión de impuestos vía paraísos fiscales se planteaba como una cuestión de justicia. Pero la covid-19 ha convertido el dinero de los impuestos en un asunto de vida o muerte. Lo acaba de plantear la organización Tax Justice Network, (TJN). En su riguroso estudio Estado de la Justicia Fiscal 2020 sostiene que el mundo pierde cada año 360.000 millones de euros por los flujos ilícitos internacionales. Esta cantidad supone un fuerte coste social que equivaldría al salario anual de 34 millones de enfermeras. La mayor parte de esta colosal evasión, 206.000 millones de euros, procede de transferencias de beneficios de multinacionales a territorios de baja o nula tributación. Otros 153.000 millones corresponden a transmisiones de los individuos más ricos a estos lugares.

TJN estima que si se aplican los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) la suma de las pérdidas directas e indirectas por la evasión fiscal a los paraísos fiscales se eleva a 826.000 millones de euros anuales.

En España los quebrantos por las fugas ilícitas ascienden a 3.690 millones de euros, equivalentes al 5% del gasto sanitario o al salario de 107.390 enfermeras. Un informe de Oxfam Intermón indica que las empresas españolas del Ibex 35 tienen 740 filiales en paraísos fiscales.

En estas actividades el territorio británico de las Islas Caimán es el más devastador, al ocasionar unos perjuicios de 59.441 millones de euros anuales a otros países. Es inadmisible el destacado papel de tres Estados europeos en el robo de ingresos fiscales a sus socios. Las pérdidas fiscales ocasionadas por Holanda a sus vecinos ascienden a 30.670 millones de euros. En Luxemburgo e Irlanda se elevan a 23.279 y 13.348 millones de euros, respectivamente.

Los paraísos fiscales se han convertido en un problema de supervivencia para los sistemas de bienestar europeos. El pasado julio la Comisión Europea dio un paso importante al recomendar no conceder ayudas públicas a las compañías vinculadas con paraísos fiscales. Si la UE quiere sobrevivir con su modelo social debe acabar definitivamente con estas conductas.