Centroamérica no pudo blindarse

Centroamérica no pudo poner un cerrojo total a sus fronteras terrestres durante la pandemia por el coronavirus. El aprovisionamiento de esta región depende del intercambio comercial que existe entre los países que la integran. “Nuestros países se venden muchísimos productos entre sí, muchos de orden alimenticio”, explica Margarita Libby, jefe de equipo de las operaciones en América Central para el Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por eso, los protocolos de bioseguridad en los puntos fronterizos de los países centroamericanos se implementaron a contrarreloj.

El BID tomó parte activa en la construcción de esos lineamientos porque está asentado en las fronteras de Costa Rica con Nicaragua y Panamá desde 2015. El organismo ejecuta un programa de integración aduanera que terminará en 2024 y que ha entregado préstamos a los tres países por un monto de 240 millones de dólares. La funcionaria del BID explica que tenía claro que no se podía bloquear el acceso de los conductores que cargaban mercancías, pero estaba el riesgo de que esas personas se convirtieran en vectores de contagio. “En ese momento no se sabía bien cómo se transmitía la covid, y que el conductor, la mercancía o los neumáticos del camión se hubieran llenado del virus y pasaran contaminando era una preocupación”.

Había que gestar un protocolo de bioseguridad exclusivo para los conductores de mercadería a nivel regional y se empezó por Panamá y Costa Rica, naciones que tienen gran dependencia comercial. Panamá compra a su vecino productos alimenticios, medicamentos, pañales, desinfectantes, abonos, artículos de plástico para el envasado, entre otros. Y, a su vez, le vende pescado fresco, quesos, combustibles y aceites minerales, recipientes de aluminio, dispositivos médicos y electrónicos. No fue sencillo. Costa Rica se desmarcó del compromiso de integración regional que Centroamérica impulsa desde hace 60 años y comenzó a ensayar fórmulas poco efectivas como el enganche y desenganche de la carga en sus fronteras. Los conductores, mayoritariamente panameños, tenían que dejar los contenedores o sus furgones en los puntos de frontera y esperar hasta que un conductor costarricense los recogiera y los devolviera vacíos.

Para evitar el trasiego inútil de la mercancía en la frontera, el BID sugirió implementar la trazabilidad de la carga, y Panamá tomó la iniciativa de diseñar un formulario para controlar a los conductores, que al inicio de la pandemia disponían de 72 horas para entrar y salir de los países. “Aquel conductor que llegaba a nuestras fronteras tenía que llenar ese formulario donde indicaba cuál iba a ser su aduana de descarga y nosotros le dábamos el tiempo que le tomaba llegar hasta allí, la ruta y la parada habilitada. Luego le monitoreábamos con llamadas para verificar si estaba en la ruta o si tenía un contacto con otra persona. Si había sospecha de síntomas de covid, dábamos la alerta al Ministerio de Salud”, cuenta Juan Pablo García, subdirector logístico de aduanas de Panamá.

En Costa Rica, los transportistas, mayoritariamente panameños, tenían que dejar los contenedores o sus furgones en los puntos de frontera y esperar hasta que un conductor costarricense los recogiera y los devolviera vacíos

Esta medida resultó más útil que la costarricense y fue parte de los lineamientos que finalmente fueron aprobados por todos los países centroamericanos en junio y que incluyen tareas para las autoridades sanitarias: desinfección de edificios, toma de temperatura, estaciones para el lavado de manos... Y para los transportistas: desinfección de transportes, distanciamiento social, lavado de manos, lavado de calzado, etcétera.

El funcionario de Panamá cuenta que por la agilidad de acordar un protocolo se convirtieron en un referente para países tan lejanos como Nueva Zelanda, Corea del Sur, o Singapur, y que incluso la Organización Mundial de Aduanas pidió información de todo lo actuado en la cintura de América.

“Centroamérica tomó muy temprano medidas profundas para que la carga no se detuviera, ni la internacional entre países de la región, ni la transnacional de un país hacia otro que va a un tercer país que no es de Centroamérica, como es el caso de El Salvador que manda cargas a través de Guatemala porque no tiene una vía marítima en el Caribe, o como Nicaragua que manda muchas de sus mercancías por Costa Rica”, dice Libby.

Ser conductor en tiempos de la covid-19

Pero todo eso que se lee bien en el papel, no lo fue tanto para los transportistas panameños. Costa Rica está en el centro de los lamentos de este colectivo que se quejó de los espacios habilitados para la descarga y el límite de 72 horas para entregar la mercancía. Andrés Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Transportes de Carga de Panamá denuncia el trato que recibieron en los recintos, así como las multas que les fueron impuestas. “A veces no se alcanzaba para entregar la carga y nos obligaron a pagar multas, no hubo excepciones; no entendieron que el sector del transporte era un apoyo, no entendieron que llevábamos los insumos para hacer el gel alcoholado y otros artículos necesarios. Los fines de semana no encontrábamos baños, ni dónde comprar comida, teníamos que estar a punta de sodas y galletas que comprábamos de antemano”.

La actividad no es rentable así como se está haciendo, ha sido una situación bien difícil para los transportistas, no se nos ha reconocido la labor que hicimos, estuvimos presentes en los momentos más difíciles

Manuel Mora, conductor panameño de 67 años

Los conductores panameños bloquearon las fronteras con Costa Rica como medida de presión y consiguieron extender la permanencia hasta 10 días en el país vecino. A cambio, no pueden volver a sus países con una nueva carga. Esto golpea su ya débil economía. “La actividad no es rentable así como se está haciendo, ha sido una situación bien difícil para los transportistas, no se nos ha reconocido la labor que hicimos, estuvimos presentes en los momentos más difíciles”, se queja Manuel Mora, un conductor panameño de 67 años.

Los entrevistados piden reciprocidad, que es una palabra recurrente a la hora de hablar de integración en Centroamérica. Alegan que los transportistas costarricenses no tienen tantos vetos en Panamá, incluso les permiten llevar la carga reservada para los nacionales como está pasando ahora mismo con el aceite de palma que se acumuló durante el confinamiento.

¿Qué pasó con las personas?

Las fronteras se cerraron para el tránsito de personas, solamente los nicaragüenses protagonizaron un desplazamiento de vuelta que no fue percibido. Muchos estaban en Panamá trabajando y, cuando sus circunstancias empeoraron, tuvieron que regresar a su país. Nuevamente, Costa Rica puso reparos a su movilización a través de su territorio. “No había una categoría para los no nacionales en tránsito, entonces se hizo un protocolo para que los nicaragüenses pudieran tomar un autobús en Panamá y, con la autorización del cónsul en Costa Rica, pudieran atravesar territorio costarricense y llegar a Nicaragua. Allí se le practicaba una prueba de la covid”, dice la técnica del BID.

Esta población usó las instalaciones del proyecto de unión fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, que tiene un pequeño hospital para estabilización de pacientes. “Pusimos a prueba el pequeño hospitalito, que tiene de cuatro a ocho camas, y obviamente se desbordó, no era para atender una pandemia. En algún momento, la cantidad de personas empezó por 300 y terminó por 800. No podían pasar hasta que las pruebas dieran negativas y al principio los resultados se obtenían después de dos o tres días. Se hicieron especies de campamentos, se les daba bolsas de dormir, no había cómo hacer otra cosa”, termina Libby.

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