Los bufetes de los ‘Papeles de Pandora’ asesoraron a grandes empresarios españoles para sus negocios opacos

En 2011, la familia Carulla fue acusada de fraude fiscal. Según un informe de la Agencia Tributaria, cada uno de los cinco hermanos y propietarios de Agrolimen, grupo empresarial que incluye marcas como Gallina Blanca o El Pavo, había defraudado entre 400.000 y un millón de euros a través de distintas sociedades instrumentales con sede en paraísos fiscales. Tres años más tarde, el pago de 9,4 millones de euros evitó el juicio y Lluís Carulla, el único que se declaró culpable, pagó una multa adicional de 7.200 euros para eludir su pena de 20 meses de prisión.

Los Papeles de Pandora revelan que uno de los hermanos, Jordi Carulla, y sus hijos, Arnau y Julieta, recurrieron a Trident Trust para tejer al menos una parte del entramado que se investigó entonces. Es solo una de las grandes dinastías empresariales cuyos integrantes trataron con algunos de los 14 despachos especializados en la creación de sociedades en paraísos fiscales cuyos documentos filtrados han sido analizados por EL PAÍS y La Sexta en colaboración con los medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Aparecen también miembros de la familia Grifols, que comparten con los Carulla el origen catalán y las muestras de apoyo a la causa independentista. En manos de este clan está Laboratorios Grifols, uno de los mayores productores mundiales de plasma sanguíneo, y al menos tres sociedades opacas gestionadas por Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) a través del despacho andorrano AFSI. La familia Álvarez, que lleva más de 90 años entre los propietarios de seguros Santalucía, adquirió un apartamento en un condominio neoyorquino a través de una sociedad registrada con Trident Trust en Islas Vírgenes Británicas, una más entre sus inversiones con sociedades en jurisdicciones de baja tributación. Los Riberas Mera, históricos de la lista Forbes y dueños de Gestamp, utilizaron como “vehículo de inversión” una sociedad registrada en la misma jurisdicción y gestionada por el mismo proveedor.

Usar una sociedad radicada en un paraíso fiscal es legal. Estas compañías se benefician de los escasos impuestos y del secretismo de las jurisdicciones donde están registradas. El problema es qué se hace con ellas y lo que implica su uso: se calcula que los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos mundiales entre 400.000 y 800.000 millones de euros en impuestos cada año, dependiendo de las estimaciones.

30 años ‘offshore’

En el caso de los Carulla, Trident Trust se encargó de las gestiones relativas a Galnor LTD, registrada en Islas Vírgenes Británicas en 1994, y Nevelpark Holdings, que nació en las Antillas Holandesas y según recogen los documentos se mudó a Luxemburgo en 2013. Nevelpark ya apareció vinculada a Jordi Carulla en la causa que la Agencia Tributaria española inició en 2011.

Entre los trámites gestionados por este proveedor está la emisión de dos poderes que autorizan a padre e hijos como signatarios de dos cuentas bancarias en Luxemburgo. La de Galnor, en Crédit Lyonnais; la de Nevelpark, en Crédit Agricole.

Después de casi una década offshore, los Carulla han tenido que ir adaptándose al paso del tiempo. Un documento recoge cómo CA Indosuez Wealth (antes Crédit Agricole Luxembourg) advirtió a los directores que dejaría de administrar cuentas de compañías registradas en paraísos fiscales pasado el 31 de diciembre de 2016 y solicitó el cierre de la cuenta de Galnor. La sociedad quedó disuelta en 2017. Hasta el año anterior siguió operando, como demuestra la documentación que certifica un traspaso de 1,2 millones de euros de la cuenta de Nevalpark a la de Galnor.

Barcelona, Andorra, Belice

También llegaron a Islas Vírgenes Británicas, pero pasando por Andorra, Victor Grifols Roura, Raimón Grifols Roura y Tomás Dagá Gelabert, presidente y consejeros de Laboratorios Grifols, uno de los mayores productores mundiales de plasma sanguíneo. En 2020, registró 619 millones de beneficio neto.

Los empresarios aparecen por primera vez en los archivos internos de Alcogal en 2010. AFSI, un pequeño despacho andorrano creado a la sombra del banco Andbank y especializado en crear estructuras opacas para la entidad, se ponía en contacto con el despacho panameño para saber qué hacer con las acciones al portador (sin nombre) de la sociedad en Willroad Corporation, creada 10 años antes en las Islas Vírgenes Británicas. Era el momento de poner nombres y apellidos de los accionistas reales, porque empezaba a ser más complicado justificar acciones anónimas, un instrumento particularmente opaco. En ese momento pasan a nombre de los tres empresarios catalanes. A través de Willroad, además, administran Alamanda Overseas Limited, que crearon en julio de 2010 también en Islas Vírgenes Británicas.

Willroad era a su vez accionista de una sociedad de las Antillas Holandesas y con sede en Holanda, Deloda Holding, sociedad que es matriz del grupo empresarial. En las decenas de correos entre el despacho andorrano y el panameño, constan apuntes contables sobre 69 millones de euros añadidos a la reserva de la sociedad holandesa entre 2011 y 2016.

Las dos sociedades principales se trasladaron a Holanda en 2015 y “fueron en su momento constituidas para canalizar una serie de inversiones; son todas ellas sociedades domiciliadas hoy en día en Holanda sin ninguna actividad comercial, siendo únicamente tenedoras de acciones”, explica un portavoz de los hermanos Grifols y de Dagá.

La estructura es similar a la que a menudo ha estado envuelta en la polémica en toda Europa por el uso, legal, de compañías holandesas, como coinciden los expertos consultados por EL PAÍS: capitales que salen de un país y van a una sociedad en Holanda, donde, por las leyes locales, no tributan. De ahí se pueden llevar a un paraíso fiscal como las Antillas Holandesas pagando un porcentaje muy bajo de impuestos (normalmente el 2%). Y en esas islas es donde se pierde el rastro. El portavoz de los interesados asegura que “todas las sociedades mencionadas participadas por los citados están declaradas en Hacienda, así como en las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio de sus accionistas”.

Willroad, la sociedad de Islas Vírgenes que luego se trasladó a Holanda, tuvo en 2012 a su disposición una cuenta bancaria en el banco Andbank de Andorra, con el que trabajaba AFSI, la gestoría mencionada que creó cientos de sociedades para clientes españoles. Un documento en los archivos filtrados acredita que los beneficiarios de la sociedad y de la cuenta eran los tres directivos de Grifols.

De la chatarra al vehículo de inversión

Los hermanos Jon y Francisco Riberas Mera controlan Gestamp Automoción, dedicada a la fabricación de componentes de coches, la metalúrgica Gonvarri y la firma de energías renovables Acek. Este conglomerado, evolución del negocio de chatarra fundado por su padre en los años cincuenta, les ha convertido en habituales entre las personas más ricas del mundo de acuerdo con la lista Forbes. Según la misma cabecera, sus fortunas combinadas rondan los 2.500 millones de euros.

Un formulario (third party introducer) de Trident Trust de diciembre de 2016 les identifica como beneficiarios de la sociedad Fontenoy Limited, registrada en Islas Vírgenes Británicas. El mismo documento detalla que la finalidad de esta sociedad es servir como “vehículo de inversión” y especifica que sus fondos ascendían a 117.827,67 dólares a fecha del 31 de diciembre de 2015. Los accionistas de la sociedad, dos empresas vinculadas a la financiera J.P. Morgan, firman su disolución el 6 de enero de 2017.

Según detalla un portavoz de Gestamp, la sociedad está al margen de las operaciones del conglomerado que lideran los Riberas Mera y formaba parte de la cartera de inversiones personales de los hermanos. Confirman que “un banco americano” —a todas luces, J.P. Morgan— actuó como intermediario con Trident Trust y fue el encargado de gestionar la inversión. Sobre la ubicación de Fontenoy en Islas Vírgenes Británicas, refieren que es una “práctica habitual de este tipo de entidades anglosajonas” estructurar sus productos financieros utilizando vehículos de inversión radicados en estas jurisdicciones. La inversión, aseguran, está declarada a la Hacienda española y “a todas las autoridades competentes en España”.

A Nueva York pasando por Islas Vírgenes Británicas

Modesto Álvarez Otero, su mujer Clotilde Calvo de Álvarez y la hija de ambos, Natalia Álvarez Calvo, son una tercera parte de Seguros Santalucía. Pero también se les conocen sociedades en España con activos inmobiliarios valorados en 283 millones de euros. Según publicó eldiario.es, su patrimonio abarca propiedades en el país y en Londres, Luxemburgo y Nueva York.

Precisamente en esta última ciudad estadounidense se encuentra el apartamento que el trío de empresarios adquirió a través de Lakersville Incorporated, una sociedad registrada con Trident Trust en 1988 en Islas Vírgenes Británicas. Los Álvarez aparecen en los Papeles de Pandora como beneficiarios de esta entidad, según detalla un formulario con fecha del 20 de diciembre de 2016. El mismo documento, en el que padre e hijas indican direcciones madrileñas, se describe como una compañía de inversión privada para tener bienes inmuebles en Nueva York, una cuenta bancaria de JP Morgan y una cartera de inversión con la misma firma. En el momento de la firma del formulario que también registra como directoras otras dos sociedades vinculadas a JP Morgan, se le atribuyen activos por valor de 871.238,94 dólares.

Según los registros de la propiedad de Nueva York, Lakersvile adquirió en 1989 el apartamento número 34 del condominio Savoy ubicado en Manhattan, a pocas manzanas de Central Park. En aquel entonces, dos antiguos accionistas de Lakersville autorizaron la compra de la propiedad.

Las preguntas sobre estos movimientos que EL PAÍS y La Sexta han remitido a Santalucía no han tenido respuesta.