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La familia Carulla paga a Hacienda 9,4 millones y evita el juicio por fraude fiscal

Uno de los hermanos asume los hechos y una pena de 20 meses de cárcel

De izquierda a derecha, los hermanos Artur, Lluís y Mariona Carulla.
De izquierda a derecha, los hermanos Artur, Lluís y Mariona Carulla.

El culebrón de los hermanos Carulla, acusados de fraude fiscal desde hace tres años, se ha cerrado con un pacto. Los propietarios del conglomerado empresarial Agrolimen han aceptado pagar 6,4 millones de euros a Hacienda —además de una multa de otros tres millones— para evitar ir a juicio. El acuerdo suscrito entre la defensa y la Fiscalía explicita que solo uno de los cinco hermanos —Lluís Carulla— admite ser responsable de defraudar a Hacienda mediante el IRPF en 2006.

Lluís Carulla asume una pena de 20 meses de cárcel por cinco delitos contra la Hacienda pública. En un caso como autor, y en otros cuatro —los que afectan a sus hermanos Artur, Maria, Aurèlia y Montserrat— como inductor. Formalmente, es Lluís Carulla la persona que, hace dos semanas, ingresó el dinero. El pacto contempla, no obstante, que podrá eludir el ingreso en prisión si paga una multa de 7.200 euros. El resto de los hermanos quedan así exculpados. Jordi Carulla, que inicialmente también figuró como acusado, también ha quedado fuera al considerar el fiscal que no ha quedado “probado” que viviera en España en esa época.

El caso nació en 2011 a raíz de una querella de la Fiscalía, que acusó a la familia Carulla —propietaria del 100% de Agrolimen— de haber ocultado 61 millones de euros de beneficios a Hacienda a través de una operación de compraventa de acciones. El acuerdo firmado este viernes por el fiscal y los abogados Emililo Zegrí y Fermín Morales considera probado que, en 2006, una de las sociedades del holding distribuyó los beneficios generados a los hermanos. Lluís Carulla, que entonces ejercía como presidente ejecutivo, “instrumentó la operación mediante una sucesión de negocios simulados”. En concreto, mediante una venta de acciones que permitía una “tributación mínima”.

Las cuotas defraudadas rondan el millón de euros por cada uno de los propietarios de Agrolimen. El texto aplica una multa del 65% sobre esas cantidades (en total, tres millones) y señala, sin embargo, que “no consta” que “l resto de los socios conociesen que la operación de reparto de dividendos se ejecutaba de manera opaca para el fisco”.

Para dejar la pena a Lluís Carulla en apenas cuatro meses por cada uno de los cinco delitos, la fiscalía aprecia dos atenuantes: reparación del daño (al devolver las cantidades defraudadas) y dilaciones indebidas. El recorrido judicial del caso ha sido peculiar: el juez instructor lo archivó hasta en dos ocasiones, y otras tantas veces le corrigió la Audiencia de Barcelona.

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