Los paraísos fiscales agrietan el Estado del bienestar

El dinero que ricos y multinacionales desvían cada año a los paraísos fiscales no solo supone un agujero para las finanzas de los Estados, hoy en día muy maltrechas por la pandemia. Son derechos que se agrietan, como ponen de manifiesto los Papeles de Pandora, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los 427.000 millones de dólares (368.200 millones de euros) que cada año acaban en estos territorios, según el organismo independiente Tax Justice Network (TJN), se corresponden a casi 34 millones de salarios de personal de enfermería.

“Cuando las grandes empresas y los ricos defraudan, todos sufrimos por unos servicios públicos más deficientes”, reflexiona Alex Cobham, director ejecutivo de TJN. “Además, los gobiernos son menos capaces de redistribuir y, por lo tanto, también sufrimos mayores desigualdades”.

El concepto puede aparecer complejo, pero a efectos prácticos es muy sencillo: toda evasión y elusión fiscal son servicios públicos potenciales que se evaporan. “Es complicado de visualizar, porque son hospitales y escuelas que no existen”, ejemplifica Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam. “Y hay una segunda parte: al final el Estado tiene que recortar gasto o aumentar la presión sobre las familias, que es lo que pasó en la anterior crisis. Es una especie de sándwich para el ciudadano”.

Un sándwich que exacerba la injusticia tributaria porque afecta más a quien menos tiene, subraya José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict). “La elusión y evasión fiscal tienden a reducir los ingresos de los gobiernos, pero también han generado un cambio en la composición de los impuestos hacia tributos indirectos, sobre todo en los países en desarrollo, que claramente han contribuido a aumentar la regresividad del sistema”, explica.

Un ejemplo claro es la caída en picado del tipo del impuesto de sociedades ―en la OCDE, del 32,2% del año 2000 al 23,2% en 2020― o la práctica desaparición del mapa del tributo sobre el patrimonio. Con estos mimbres es inevitable pensar en aquella expresión del economista ­John Kenneth Galbraith que oponía “la opulencia privada y la miseria pública”. Y parece cumplirse la profecía de que el modelo de crecimiento capitalista no puede sostener el Estado del bienestar.

El triunfo del libre mercado y la eclosión de la globalización justo han sido el terreno fértil para que los paraísos fiscales proliferaran a partir de los años noventa, y con ellos naciera una poderosa y silenciosa industria dedicada a diseñar sofisticadas técnicas para eludir impuestos y ocultar patrimonios. Legal o ilegalmente.

La opacidad que rodea este fenómeno dificulta además calcular su tamaño real, y mantuvo el debate alejado de la agenda pública durante años. Las cosas empezaron a cambiar tras la crisis financiera de 2008, recuerda el investigador Nicholas Shaxson en un artículo publicado por el FMI, con la presión cada vez mayor sobre los Gobiernos por cerrar los abultados déficits presupuestarios y a la vez calmar a unos votantes furiosos por los recortes y la creciente desigualdad.

Ese doloroso despertar dejó claro que el abuso fiscal transfronterizo es más grave de lo que se pensaba y que los paraísos fiscales no solo son islas perdidas en el medio del océano. De ahí que mejorara el intercambio de información entre países y arrancaran los trabajos de la OCDE y el G-20 para adaptar las reglas fiscales a un nuevo contexto globalizado y digitalizado. Mientras tanto, filtraciones como los Papeles de Panamá han acercado el fenómeno a los ciudadanos y obligado a los políticos a mirar de frente el problema.

La apuesta es alta. Los Gobiernos saben que los escándalos y el aumento de la desigualdad generan un cóctel explosivo. “Parte de ello tiene que ver con la falta de recursos y parte con la sensación de que hay tratamientos diferenciados”, destaca Ruiz, de Oxfam. “Esto alimenta los populismos, pero también la idea de que hay que bajar impuestos porque cada uno gestiona mejor su dinero. Es una falsa dicotomía de la que se aprovechan algunos grupos políticos”.

Gobernanza

El economista José Moisés Martín considera que “los defraudadores hacen mucho más daño que el dinero que se llevan”: los abusos fiscales dificultan el desarrollo de las políticas públicas, lo que a su vez mina la confianza ciudadana y reduce la disposición a pagar impuestos. Es la pescadilla que se muerde la cola. “Si veo que una parte importante de dinero sale del país, reduzco mi propensión y compromiso fiscal. Es un círculo vicioso del que es difícil salir y que alimenta el populismo”, opina.

El economista Gabriel Zucman, uno de los mayores expertos en paraísos fiscales, lo deja claro en su libro El Triunfo de la injusticia (Taurus, 2021): “Existe un riesgo significativo de que cada vez más votantes, falsamente convencidos de que la globalización y la justicia son incompatibles, caigan víctimas de los políticos proteccionistas y xenófobos, y acaben por destruir la propia globalización”. El proyecto Missing Profits, en el que participa como investigador en la Universidad de Berkeley, estima que las multinacionales desvían cada año a paraísos fiscales cerca del 40% de sus beneficios, que en 2018 fueron 900.000 millones de dólares (776.000 millones de euros), casi cuatro veces el PIB de Portugal.

Cobham, de TJN, recuerda que la participación de los impuestos en el gasto público suele asociarse a “una mejor gobernanza y una representación política más eficaz”. Explica que las investigaciones apuntan a que los Gobiernos suelen gastar más en salud, proporcionalmente, cuando los impuestos suponen una proporción mayor del gasto público. “Es por eso que los abusos fiscales de grandes empresas y ricos no solo dejan menos dinero en las arcas públicas; hacen que sea menos probable que ese dinero se gaste bien, en beneficio de todos los ciudadanos”.