El G-20 avanza hacia un acuerdo para imponer una tasa global a las multinacionales

Venecia ha asistido este sábado a un importante avance para sellar un acuerdo que imponga una tasa mínima global a las multinacionales, y así frenar el desvío de beneficios a países de baja tributación y paraísos fiscales. El G-20, que reunió desde este viernes a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales de los integrantes del grupo, sienta así las bases de un gran cambio en la lucha contra la evasión de impuestos global. La base del acuerdo, establecida en la última reunión de la OCDE, consistía en fijar un impuesto mínimo sobre sociedades de “al menos el 15%” sobre los beneficios y redistribuir parte de las ganancias de las mayores multinacionales en los países donde hacen negocio. El G-20 ha apoyado la medida, pese a que ocho países (entre los que están Hungría, Estonia e Irlanda) han decidido no sumarse.

Tampoco se ha logrado aumentar el tipo mínimo del 15%, como querían países como Estados Unidos o Francia. El ministro de Economía italiano, Daniel Franco ―Italia acoge este año la presidencia del G-20―, explicó la situación en la rueda de prensa conclusiva. “Es un acuerdo histórico porque por primera vez tenemos reglas para las grandes compañías en todo el mundo. Hoy 132 países de los 139 [que forman parte de las negociaciones coordinadas por la OCDE y el G-20] están de acuerdo con el documento. Tenemos ocho países que lo han rechazado y tres de ellos son europeos. Cada uno puede decidir si está y lo acepta. Pero más del 90% del PIB del mundo está en el acuerdo y eso presionará al resto. Esperamos que el acuerdo en un nivel global cree condiciones para un acuerdo total también en la Unión Europea. Espero que los países que han decidido no unirse modifiquen su postura.”, señaló Franco en referencia a Hungría, Estonia e Irlanda.

El acuerdo, por tanto, deberá todavía terminar de madurarse, según confirmó el ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak. “Ahora tenemos que trabajar para terminar de pulir los detalles antes de la reunión de octubre [cuando se celebrará la cumbre del G-20 en Roma] para que podamos definitivamente aportar justicia al sistema de impuestos global y asegurar un buen acuerdo para los contribuyentes británicos”, explicó Sunak.

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, ha aplaudido el acuerdo. “Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global, adaptado al siglo XXI”. Pero ha matizado: “No es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”.

La OCDE llevaba más de siete años trabajando en un proyecto conocido como Marco Inclusivo sobre BEPS (erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), en el que participan más de 130 países, para que las grandes multinacionales tributen en el lugar donde tienen el negocio y no donde les resulte más barato. El impulso del pasado G-7, celebrado a inicios de junio en Londres, fue decisivo para lograr un acuerdo de mínimos, así como el liderazgo de la nueva Administración de Estados Unidos del presidente Joe Biden y de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Ambos contribuyeron a desbloquear las negociaciones que sentarán las bases para modificar las reglas de la fiscalidad internacional, hasta ahora basadas en el establecimiento permanente, un concepto que se ha vuelto obsoleto con el avance de la globalización y la digitalización. El año pasado, el pacto en el seno de la OCDE había sido bloqueado por el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, que llegó a amenazar con una guerra arancelaria a todos aquellos países, España incluida, que habían adoptado impuestos digitales que afectaran a sus tecnológicas.

Yellen llegó a la cumbre de los ministros de Finanzas del G-20 con el objetivo de presionar al resto de países para aumentar algunos puntos la tasa fijada por consenso en un mínimo del 15%. La secretaria del Tesoro de EE UU, antes de las reuniones del G-7 y del G-20 de las pasadas semanas, ya había lanzado la propuesta de establecer un tipo del 21%. También el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, aterrizó en Venecia con el mismo propósito. Sin embargo, parece que ahora el trabajo se basará en convencer a los díscolos antes del G-20 de jefes de Estado y de gobierno a principios de octubre en Roma.

Muchas de las grandes multinacionales, la mayoría en el sector tecnológico, operan a través de paraísos fiscales o Estados con sistemas tributarios extremadamente favorables como Irlanda. De este modo, pagan tipos bajos donde se encuentra su sede central y no pagan nada en los países donde venden sus productos y poseen el grueso de su facturación.

La medida, tal y como salió redactada del acuerdo de la OCDE, generaría unos 150.000 millones de dólares de recaudación adicional. La elusión fiscal de las grandes empresas cada año merma en unos 200.000 millones a los ingresos públicos de los Estados, según un estudio del organismo con sede en París. El acuerdo incluye dos medidas clave, conocidas como pilar uno y pilar dos. El primero obligará a las multinacionales con un margen de beneficio superior al 10% y facturación de más de 20.000 millones a que una parte de sus ganancias se redistribuyan en los países donde opera para ser gravadas. Los sectores financieros y extractivos están excluidos de este esquema. El segundo pilar es un tipo mínimo del impuesto de sociedades, que los países podrán cobrar a sus multinacionales si estas pagan un tipo inferior en los demás territorios donde operan.