EE UU y la democracia cautiva

Si la institución que debe custodiar las reglas del juego pasa a reescribirlas en sincronía con uno de los jugadores, lo que se pierde no es esa partida, sino la idea misma de que hay reglas. La erosión de la democracia empieza cuando desaparecen los árbitros imparciales, no cuando gana el bando equivocado. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo de EE UU al dejar sin efecto la norma que, durante seis décadas, protegió el voto de las minorías. El argumento del tribunal, redactado por el juez Alito, invierte la lógica de la enmienda invocada, la Decimocuarta, escrita en 1868 para proteger a los antiguos esclavos, y la relee como una prohibición de protegerlos. Tener en cuenta la raza para remediar la discriminación racial sería, según Alito, una forma de discriminación racial. Es un truco conocido: usar el lenguaje liberal-universalista para vaciarlo desde dentro.

Días antes de la sentencia, Ron DeSantis, gobernador de Florida, ya había presentado un nuevo mapa electoral diseñado para ganar cuatro escaños más en noviembre. La sentencia de Washington y el mapa de Tallahassee son dos compases del mismo movimiento. Noviembre nos dirá si queda en EE UU una democracia lo bastante densa para que una elección pueda ser disputada y aceptada como elección. Es decir, si subsiste el sustrato de pluralidad, hechos compartidos y legitimidad mutua sin el cual el voto se convierte en otra cosa: un censo de fuerzas, o un plebiscito sobre la realidad misma. La cuestión no es si habrá elecciones en las midterms sino si aún hay un nosotros que pueda convocarse. Lo que vemos en EE UU es el proceso de captura de la democracia: quienes ya tienen poder reescriben desde las instituciones las reglas que dicen quién puede disputárselo.

Paralelamente, opera otro movimiento más perturbador por novedoso: el vaciamiento. Mientras el Tribunal Supremo redibujaba las reglas electorales, el modelo Mythos de Anthropic desataba una nueva inquietud, y Elon Musk y Sam Altman se enfrentan en un juicio en California. La conversación pública se enreda en el falso dilema entre el alarmismo apocalíptico —la IA “podría matarnos a todos”, repite Musk— y la banalidad Sci-fi que insinúan quienes la construyen, pero la pregunta es otra: ¿quién tiene autoridad legítima para tomar decisiones sobre tecnologías de impacto sistémico? Porque hoy no las toma nadie con legitimidad democrática. Las oligarquías del siglo XIX controlaban los medios de producción; las del XX, los de comunicación; la actual controla los de cognición. Media docena de personas deciden qué modelos se entrenan, con qué datos, con qué objetivos. La infraestructura sobre la cual opera una parte creciente del razonamiento colectivo está en manos de una minoría con una visión determinada del mundo. Quieren que la política la dirija un CEO, por supuesto en su propio beneficio. El Estado se adelgaza en su función deliberativa y reguladora, y el espacio que deja se rellena con una tecnocracia digital. Es algo nuevo, pues no es más Estado, como en el totalitarismo clásico, pero tampoco menos, como en el neoliberalismo.

Quizá el problema de fondo es que ya no sabemos qué significa la democracia. La democracia no es un conjunto de procedimientos ni un estilo de vida ni un valor sentimental: es una respuesta laboriosamente construida durante siglos a un problema concreto, el del poder. Sobre cómo limitarlo, distribuirlo, o cómo impedir que se concentre. Cuando olvidamos esto, perdemos también la capacidad de reconocer cuándo se nos arrebata. Lo que hoy ocurre en EE UU, y se ensaya en otros lugares, no destruye las formas: las ocupa. Y las usa, una a una, para resolver el problema del poder en sentido inverso al de la democracia: acaparándolo.