Vivienda, soluciones a medias
El primer problema social de España solo se resolverá con la cooperación decidida de todas las administraciones
España arrastra un prolongado desequilibrio del mercado inmobiliario que se ha traducido en precios de alquiler y compra fuera del alcance de una gran parte de la población hasta convertir la vivienda en la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Las distintas administraciones, sin embargo, no han dado hasta ahora con la respuesta a un problema con graves consecuencias sociales y políticas. El Gobierno ha presentado esta semana el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuyo anuncio ha coincidido con el proyecto del Ayuntamiento de Madrid para duplicar o triplicar la edificación de nuevos desarrollos urbanísticos. Ambas iniciativas coinciden en un punto: incluyen una mayor edificación, aunque están lejos de ofrecer la solución a una crisis cuya solución exigiría un pacto de Estado.
El plan del Gobierno nace con la voluntad de propiciar un cambio de modelo y sentar las bases de un verdadero parque público con carácter permanente. Su dotación, de 7.000 millones de euros pese a no haber presentado Presupuestos Generales del Estado, multiplica por tres los fondos destinados al plan anterior. Su éxito, sin embargo, dependerá de variables que no están del todo en su mano porque exige que las comunidades autónomas, que tienen las competencias en la materia, aporten el 40% de la financiación. Y ahí el riesgo de confrontación política está servido.
El proyecto gubernamental difícilmente pondrá nuevas promociones en el mercado en esta legislatura. Pero aborda las causas tanto desde el lado de la oferta, promoviendo la construcción y compra para el parque público, como de la demanda, con fondos para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética, así como ayudas a los colectivos más vulnerables y con más dificultades para acceder a un alojamiento digno, como los jóvenes o las familias monoparentales. Con todo, un cambio de modelo inmobiliario como el que se pretende necesita de más financiación, de continuidad en el tiempo y de una agilización burocrática que el plan no contempla.
La ausencia de un parque público ha impedido en estos años amortiguar las tensiones del mercado. En las últimas cuatro décadas se han construido cerca de 2,7 millones de pisos protegidos que han acabado en el mercado libre. El blindaje permanente de esas viviendas pretende romper ese círculo vicioso, pero exige aprender de los errores del pasado y reforzar los controles para que los inmuebles cumplan de forma permanente una función social. En Madrid, el Ayuntamiento ha dado un giro a su política urbanística con la construcción de nuevos desarrollos, lo que permitirá densificar el número de viviendas por metro cuadrado y que los proyectos sean más sostenibles y presten mejores servicios públicos. Al menos sobre el papel. El Banco de España ha cifrado el desajuste entre la creación de hogares y el ritmo de construcción en 700.000 unidades. Con un aumento de la población en torno al medio millón anual en los últimos cuatro años y los cambios sociológicos que lo acompañan, con hogares más pequeños, ese déficit irá a más. Un problema que se agudiza en las grandes ciudades, como Madrid. La construcción en este contexto parece ineludible, pero debe hacerse de forma ordenada y con las infraestructuras y servicios adecuados.
La vivienda es el problema social más urgente que afronta España, pero resolverlo exige la colaboración entre los gobiernos central, autonómicos y municipales. Que siga siendo un campo de batalla entre administraciones dice mucho de la distancia que hay entre los intereses políticos y el interés general de los ciudadanos.
