Aborto constitucional

El Gobierno dio este martes el primer paso para presentar formalmente una propuesta de reforma de la Constitución para incluir como derecho la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta es añadir un apartado al artículo 43 que obliga a todos los poderes públicos a garantizar este derecho reconocido en la ley de 2010 y ratificado en 2023 por una sentencia del Constitucional. El tribunal tardó nada menos que 13 años en decidir sobre la constitucionalidad de esta ley en respuesta a un recurso del PP. Una ley que el último presidente de ese partido, Mariano Rajoy, decidió dejar como estaba a pesar de gobernar con mayoría absoluta. Con las encuestas en la mano, los conservadores españoles decidieron entonces abandonar la guerra con este asunto. Hasta hace dos semanas, cuando hicieron saltar las alarmas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, primero, y sobre todo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, arremetiendo contra las garantías al ejercicio de este derecho. La presidenta de la comunidad, donde un 99,5% de las interrupciones de embarazos se practican en clínicas privadas, tuvo el cuajo de calificar el aborto como un “gran negocio para el feminismo”.

No se entiende la complacencia de algunos dirigentes del PP con la ultraderecha de Vox sobre un asunto que no supone el menor problema para la sociedad española: el 83% de los ciudadanos y el 60% de los votantes que apoyan al PP y Vox están de acuerdo con la ley. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió con un tibio comunicado en el que, sin aludir a Ayuso, se comprometía a “cumplir la ley”. Feijóo, quien sabe que el aborto es un asunto delicado en un partido atrapado entre un voto más liberal y otro más reaccionario, se ha intentado poner de perfil en este asunto, que ni siquiera formó parte del debate en el congreso del partido del que salió reelegido presidente.

La respuesta de Pedro Sánchez a los bandazos del PP ha sido pasar a la ofensiva. La propuesta de llevar el derecho al aborto a la Constitución es un golpe en la mesa ante el desafío de Ayuso y pone en jaque a Feijóo. La tramitación en las Cortes lo obligará a definir la posición de su partido. Que la decisión de Sánchez sea una finta audaz para acorralar al líder de la oposición no quita que sea oportuna y necesaria ni le resta su enorme calado democrático. Los españoles merecen saber la opinión en este asunto tan sensible de un partido que está en disposición de gobernar.

Conceder el máximo rango jurídico al derecho al aborto sacaría de una vez por todas de la trifulca política los derechos reproductivos de las mujeres. Y los protege ante la ola internacional ultrarreaccionaria que enarbola el retroceso de derechos que se creían consagrados. Esta idea llevó a Francia en 2024, dos años después de que el Tribunal Supremo derogara la protección federal del derecho al aborto en EE UU, a ser el primer país en incluirlo en su Constitución, con el apoyo de una mayoría abrumadora, incluida la ultraderecha de Marine Le Pen.

España no puede dejar al albur de posibles equilibrios de poder entre la derecha y la ultraderecha las libertades ya conquistadas por las mujeres. La peligrosa complacencia hacia el voto ultra de algunos dirigentes del PP convierte esta posibilidad en una amenaza real, como ya ha ocurrido en EE UU, donde se revirtió un derecho con medio siglo de historia, o en países de la UE como Polonia o Hungría. La democracia española es un referente mundial en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra el machismo. Las ciudadanas no admitirían que se abandonara ese merecido puesto.