Pongamos fin a la explotación sexual de las mujeres

Como feministas y militantes del PSOE y del PSC, desde hace años venimos defendiendo la abolición de la prostitución. El comportamiento de algunos destacados socialistas y su relación con la prostitución nos avergüenza, pero, a la vez, confirma nuestro compromiso contra la explotación sexual de las mujeres.

El fenómeno de la prostitución, que no es el oficio más antiguo del mundo sino la explotación más antigua del mundo, sigue campando a sus anchas, extendiéndose y transformándose. Se suceden desde hace años debates de expertos, planes, comisiones en el Parlamento y controversias públicas, mientras no mejora la situación de las mujeres víctimas de este gran negocio, que mueve en España entre 12.000 y 18.000 millones de euros al año como parte significativa de nuestra economía sumergida. A nivel mundial, se estima un volumen de negocio de entre 186.000 y 200.000 millones de dólares al año.

Acudir a las cifras ayuda a entender la enorme resiliencia que presenta la industria de la prostitución y lo difícil que resulta prohibirla. Son muchos los que se lucran de la explotación de las mujeres.

Más allá de declaraciones en contra o a favor de la regulación o de la abolición, los partidos políticos no han movido un dedo en ninguna dirección, lo que mantiene a España en una suerte de limbo legal sobre la prostitución. Nuestro país figura entre los más permisivos tanto con respecto al proxenetismo como en lo relativo al consumo de prostitución. Junto a Italia, España se sitúa en cabeza de la clasificación en Europa, de forma que somos no sólo el país de destino de cientos de mujeres traficadas, sino que constituimos una vía de tránsito ideal hacia el resto de la UE.

El debate de la prostitución va más allá de la moral individual porque afecta a estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia contra las mujeres. La aceptación de la prostitución como algo legítimo normaliza la consideración de las mujeres como objetos de consumo, valida el control de sus cuerpos y la creencia de que una cantidad de dinero da a los hombres derecho de acceso al cuerpo de las mujeres.

Esta es la cuestión de fondo que reclama no solo dar respuesta a las víctimas, sino abordar las causas subyacentes de este vergonzoso negocio. Por ejemplo, no cabe negar la relación entre trata, tráfico de mujeres y prostitución, ya que es la demanda la que alienta un comercio en el que más del 80% de las mujeres son víctimas de trata.

España presenta serias deficiencias en la lucha contra el proxenetismo, ya que para combatirlo de manera efectiva necesitamos reformas legales que doten, tanto a la Fiscalía como a las fuerzas de seguridad, de instrumentos para perseguir el lucro de terceros a través de la prostitución ajena. La reforma del actual artículo 187 del Código Penal resulta imperativa.

Igualmente, urge desarrollar estrategias frente a las nuevas formas de captación y explotación de mujeres jóvenes inherentes al ámbito digital. Plataformas como OnlyFans, a menudo percibidas como entornos neutros o instrumentos de empoderamiento, han irrumpido como promotoras de la explotación sexual digital, expandiendo el perfil de mujeres susceptibles de ser captadas por los proxenetas.

Para acertar en las respuestas, hay que considerar la mala experiencia del modelo prohibicionista, que criminaliza a las mujeres en situación de prostitución. Por otro lado, allí donde se ha optado por la legalización, como en Países Bajos o Alemania, se ha producido un incremento de la prostitución y un empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. Ambos enfoques sociojurídicos han fracasado. En contraste, las políticas abolicionistas, como las desarrolladas en Suecia o en Francia, han logrado disminuir la demanda y aumentar el reproche social sobre esta práctica denigratoria.

Cabe felicitarse de la oposición firme de los sindicatos CC OO y UGT a cualquier intento de regular la prostitución como una actividad laboral. Como agentes sociales, representan un pilar esencial para el necesario consenso que, a partir de la defensa de los derechos humanos, viene reclamando el feminismo para abolir la prostitución.

El Estado debe actuar frente a realidades sociales que chocan con los principios de igualdad y de dignidad humana que consagra nuestra Constitución.

Algunas veces hemos logrado que todos los partidos políticos remaran en la misma dirección. No supone un imposible, por más que ellos mismos se empeñen en demostrar lo contrario. Lo logramos en el pacto contra el terrorismo y a cuenta de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Congreso el 22 de diciembre de 2004.

Abogamos, pues, por forjar un amplio acuerdo democrático que, con la unidad de las fuerzas políticas y una firmeza ética inquebrantable, ponga fin a la explotación de mujeres.