El debate | Prostitución, ¿regular o prohibir?

El PSOE se quedó solo en el Congreso hace un mes al intentar aprobar una Proposición de Ley contra el Proxenetismo. Desde el PP hasta Sumar, el socio de Gobierno, rechazaron una propuesta que teóricamente recoge una reivindicación feminista y de amplio consenso. Aparte del contexto preelectoral, el debate reveló la dificultad de conciliar dos enfoques en torno a la prostitución que dividen al feminismo, y también a la política: la necesidad de regular el mercadeo de sexo o la abolición completa de esta actividad.

Dos expertas exponen los argumentos de uno y otro lado. La socióloga Rosa Cobo defiende el enfoque abolicionista para perseguir el entramado criminal que rodea la prostitución mientras que la filósofa Encarna Bodelón cree que hay que reconocer derechos a quienes ejercen esta actividad.

La abolición es una conquista

ROSA COBO

En los últimos años, la prostitución se ha situado en un lugar central de la opinión pública. El movimiento feminista, por su parte, ha colocado la lucha contra la prostitución en el corazón de su agenda política. Y sectores del poder político han recogido esta preocupación con la promesa de hacer políticas abolicionistas, tal y como han hecho países europeos como Francia, Irlanda o Suecia, entre otros.

La prostitución se ha colocado en el debate político porque se ha convertido en una industria global que ha hecho de los cuerpos de las mujeres un mercado de consumo. Su transformación en una gigantesca industria de la explotación sexual tiene su origen en el surgimiento del nuevo capitalismo. Cuando comienzan a aplicarse las primeras políticas económicas neoliberales, nos encontramos con países que no pueden engancharse a la economía global porque sus aparatos productivos no son competitivos. En ese contexto hacen su aparición las economías ilícitas: exportación ilegal de armamento, narcotráfico o exportación de mujeres para la explotación sexual. Estas economías ilegales serán cruciales para la reconstrucción de países con altas tasas de pobreza. Para ello pondrán en marcha circuitos semi-institucionalizados creados por mafias con la complicidad y el aliento de sus élites económicas y políticas. Por esos circuitos son exportadas las mujeres para la prostitución que, al enviar remesas de dinero a sus familiares, reactivan el consumo y con ello las economías nacionales. Son captadas en su país, a veces con violencia, otras con engaños y siempre con la promesa falsa de dinero fácil. Es entonces cuando comienza un viaje de sufrimiento y dolor inimaginable para quienes vivimos ajenas a esa realidad. La prostitución es una estrategia de desarrollo para países con altas tasas de pobreza. ¿Es tolerable que los cuerpos de mujeres marcadas por la pobreza se conviertan en una estrategia de desarrollo?

Las mujeres en prostitución son mostradas en serie, como artículos de consumo, hipersexualizadas y, por tanto, desindividualizadas. Lo único que cuenta son sus atributos corporales y su procedencia. El proceso de deshumanización comenzó cuando fueron exportadas como mercancías y culmina con las muchas modalidades de violencia de las que son objeto.

La patronal proxeneta y los puteros, acompañados de ONG, investigaciones académicas, periodismo de opinión en medios de comunicación y diversos productos culturales, además de aquellas empresas que ven aumentados sus beneficios por la prostitución, han elaborado un discurso que blanquea la prostitución con la denominación de trabajo sexual. Tendríamos que preguntarnos si una doble penetración, golpes o ahogamientos pueden ser definidos como trabajo. Se trabaja con las manos o con la cabeza, pero solo las mujeres prostituidas hacen de su cuerpo un lugar de trabajo. La prostitución es un allanamiento del cuerpo, un dejarse hacer y una negación del propio deseo. Hablar con supervivientes de la prostitución es enfrentarse a vidas marcadas por el trauma.

El movimiento feminista sostiene que hay que distinguir la prostitución del colectivo concreto que son las mujeres prostituidas, para así interpelar críticamente esa institución y, al tiempo, elaborar políticas públicas para las mujeres prostituidas. El objetivo del abolicionismo es acabar con una de las modalidades más criminales de violencia contra las mujeres y con una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos. Una sociedad que anhela mayores espacios de igualdad no debe permitir que mujeres con escasos recursos, vulnerables y migrantes mayoritariamente estén en lugares segregados para que cualquier varón pueda acceder a sus cuerpos con impunidad. ¿Queremos que nuestros hijos e hijas se socialicen en la idea de que las mujeres son mercancías que ellos pueden comprar? Por todo esto avanza la masa crítica abolicionista y sectores sociales cada vez más numerosos entienden que la prostitución es una forma éticamente intolerable de esclavitud sexual.

Las trabajadoras sexuales merecen vivir con derechos

ENCARNA BODELÓN

La ultraderecha ha avanzado en toda Europa en las últimas elecciones, y más que nunca hay que pensar cómo fortalecer feminismos que se enfrenten al poder del capitalismo y del patriarcado, del racismo, del colonialismo, del binarismo sexual, el capacitismo y otras exclusiones.

En mi opinión, las posiciones pro-derechos sobre trabajo sexual están poniendo sobre la mesa un enfoque que permite avanzar, ya que plantean de forma profunda cuáles son las necesidades de muchas mujeres atravesadas por vidas precarizadas, y nos advierten sobre las consecuencias de medidas sancionadoras, en un contexto de Estados securitarios. Debe aclararse que las posiciones pro-derechos son muy diferentes de las reglamentaristas. El reglamentarismo plantea regulaciones que en muchos casos no garantizan derechos y solo establecen formas de gestionar la actividad de la prostitución, sin poner en cuestión la explotación económica que pueda existir. También debe recordarse que en el posicionamiento pro-derechos se distinguen formas autónomas de trabajo sexual de otras situaciones atravesadas por situaciones de violencia o de explotación.

En mayo, el Gobierno presentó un proyecto de ley que fue rechazado: la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Era un texto de dos páginas, que solo proponía una reforma del Código Penal centrada en tres elementos que caracterizan los modelos sancionadores nórdicos: ampliación del concepto de proxenetismo (delito que ya existe en nuestro Código Penal), punición de las personas que alquilen viviendas en las que se ejerza la prostitución y sanciones a los clientes. Medidas que ya se ha demostrado sólo marginan y precarizan más a las trabajadoras sexuales.

Es un paso más en un recorrido que se inició hace veinte años, con las ordenanzas municipales de “civismo” y la Ley Mordaza (una ley catastrófica para los derechos civiles). El abolicionismo sancionador no se ha desmarcado de dos artefactos jurídicos que solo han servido para aumentar la exclusión social de trabajadoras sexuales, y además ha pretendido dar un paso más en un modelo de persecución y sanciones hacia las trabajadoras sexuales.

Diversos estudios sobre la aplicación de las ordenanzas han mostrado sus efectos: la mayoría de las sanciones las sufren las mujeres, no los clientes; se empobrece a las mujeres con las multas; se precarizan sus espacios de trabajo; se sanciona a mujeres en situación de trata; se da una especial persecución de mujeres migrantes y trans, y un largo etcétera de vulneraciones de derechos. Nada ha mejorado en la vida de las mujeres que ejercen trabajo sexual voluntariamente, y nada ha mejorado allí donde en vez de prostitución hay violencia.

Estudios académicos y organizaciones sociales en los países del llamado modelo nórdico están denunciando los efectos marginadores y las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres (por ejemplo, Amnistía Internacional en su informe sobre Irlanda en 2022).

Hay que cambiar el eje: derechos para las mujeres migrantes, luchar por la distribución de la riqueza y los trabajos de cuidado, modificar el modelo productivo que arrasa el planeta, educar en feminismos, transformar las masculinidades patriarcales... En los modelos sancionadores el centro no son los derechos de las mujeres migrantes sin regularizar, ni las precariedades económicas que genera el sistema. Las situaciones de violencia, de marginación o de exclusiones que puede haber también detrás de algunas formas de prostitución deben ser distinguidas del trabajo sexual y deben ser combatidas con las herramientas de la emancipación y los derechos.

Hace unos días se realizaron unas jornadas en Madrid, en las que participaron diferentes colectivas de trabajadoras sexuales y propusieron un manifiesto: “Manifiesto de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual”. Escuchen sus voces resumidas en una frase final: “Nadie vive mejor sin derechos”.