Cómo eliminar el estatus de refugiado

Fridtjof Nansen se llevó el Nobel de la Paz por crear el primer pasaporte para refugiados, un encargo de la Liga de las Naciones para sobrevivir a la resaca de la Primera Guerra Mundial. El colapso de los grandes imperios ―ruso, otomano y austro-húngaro― había dejado millones de apátridas en situación crítica. El pasaporte Nansen no les garantizaba asilo o ciudadanía pero les permitía cruzar fronteras y pedir permisos de residencia y empleo en otro país. Casi medio millón de personas recibieron pasaportes Nansen.

Los primeros beneficiados fueron los rusos blancos, monárquicos, militares zaristas, intelectuales y aristócratas que lucharon contra los bolcheviques. Se reasentaron en países como Francia y Alemania, dejando una importante huella cultural. Uno puede ver Ninotschka sin conocer este detalle, pero se pierde los guiños de Lubitsch a estos supervivientes del viejo mundo. Después ayudó a miles de campesinos armenios y cristianos asirios a huir de la limpieza étnica y religiosa. Fue una innovación legal importante, que reconocía la identidad del refugiado que, sin estar respaldado por un Estado, quedaba protegido por la Liga. En 1943, en las cenizas de la siguiente guerra, se funda la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación (UNRRA).

Su papel es “planificar, coordinar y administrar medidas para el socorro de las víctimas de la guerra en cualquier zona bajo el control de cualquiera de las Naciones Unidas”, incluyendo alimentos, combustible, ropa, refugio, atención médica y repatriación. Técnicamente, la UNRRA solo está preparada para ayudar a los desplazados a volver sus países de origen. En Europa son más de 65 millones. Pero muchos no quieren volver. Los alemanes y eslavos no quieren volver a sus casas ocupadas por la Unión Soviética. Y los supervivientes judíos, por lo que sea, no quieren volver a Polonia, Alemania, Hungría o Rumania.

Para ellos se crea en 1946 la Oficina Internacional del Refugiado. Para ellos se propone el plan de partición de Palestina en dos Estados: uno judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Han pasado casi 80 años y EE UU, principal impulsor de las protecciones y su principal beneficiario, el Estado de Israel, tratan de acabar con la “condición de refugiado” como categoría política, eliminando los obstáculos en su proyecto de expropiación territorial y reemplazo de la población.

“La destrucción de los campos de refugiados de Jenín, Nur Shams y Tulkarem, en Cisjordania, que continúa a la sombra del genocidio en Gaza, tiene como objetivo destruir no solo a los refugiados palestinos, sino también la condición de refugiado como categoría política que sustenta el derecho al retorno”, escribe recientemente el arquitecto judío Eyal Weizman. Son conclusiones del último informe de Forensic Architecture, el grupo de investigación que fundó en Goldsmith en 2010, donde investiga y documenta violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y violencia estatal.

Trump no sólo ha suspendido la admisión de refugiados en EE UU. Ha pervertido los términos acogiendo a 59 sudafricanos blancos víctimas de un “genocidio blanco” sin pruebas ni proceso, legitimando la detención, deportación y encarcelamiento en El Salvador de Kilmar Abrego García, la víctima más emblemática de la nueva máquina de deportar personas de su segunda Administración. Europa, mientras tanto, está implantando la vigilancia biométrica como nuevo pasaporte para millones de migrantes y solicitantes de asilo. Pronto se enfrentarán a un sistema de evaluación de riesgo opaco y automatizado, perfecto para maquillar sesgos y justificar la devolución.