Más protección para el consumidor

El anteproyecto de ley de consumo sostenible que esta semana ha ha aprobado el Consejo de Ministros supone un enorme avance hacia un modelo más justo con el ciudadano y respetuoso con el medio ambiente. El texto transpone dos directivas europeas de obligado cumplimiento: una sobre la reparabilidad de los electrodomésticos y otra contra el ecopostureo.

Pero va más allá y plantea una apuesta por un modelo que combine el cuidado medioambiental, la responsabilidad empresarial y la protección de los ciudadanos. Para ello actúa sobre un amplio arco de sectores: la publicidad, la reparación de bienes, la reventa de entradas o el etiquetado de productos. Es una regulación ambiciosa y transversal que afectará a cientos de empresas (algunas, de sectores estratégicos) y a millones de españoles de diferentes edades e intereses.

Entre otras medidas, el texto combate el ecopostureo, prohibiendo etiquetas medioambientales (como “eco” o “verde”) que no sean verificables; veta la publicidad de combustibles fósiles y de vuelos de corta distancia cuando existan alternativas más limpias; amplía la cobertura de las garantías de electrodomésticos y combate la obsolescencia programada. Además de estas apuestas por la sostenibilidad, el anteproyecto contempla acciones dirigidas expresamente a la protección del consumidor: como la prohibición de la reventa de entradas a espectáculos por un precio mayor al original más el IPC o la obligación de identificar claramente la reduflación (bajar la cantidad manteniendo el precio) en los productos. También protege de prácticas comerciales opacas como la llamada “publicidad del miedo”, utilizada a veces por las empresas de seguridad que provocan alarma social falseando datos de okupación o robos en viviendas.

Esta ambiciosa regulación no solo ampara al consumidor, sino que también lo empodera. Hasta ahora, en la relación triangular medio ambiente-consumidor-empresas, eran estas las que generalmente dominaban. El anteproyecto trata de revertir esto y convertir al consumidor en el actor protagonista del cambio hacia la sostenibilidad del sistema. La propuesta impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy es un ejemplo de la mejor política: la que beneficia en el día a día la vida de los ciudadanos.

Le espera, sin embargo, un largo y tortuoso camino hasta ver la luz. En un momento político como el actual, de enorme inestabilidad, deberá superar ser aprobado en un Congreso fragmentado y volátil. Además, recibirá las presiones de muchos de los sectores afectados. Los diputados tendrán que demostrar la altura de miras necesaria para sacar adelante una ley que no pervierta ni rebaje el espíritu de este anteproyecto, que es la protección de los ciudadanos y del medio ambiente.