California y la lección republicana

Los Padres Fundadores temieron la tiranía de las mayorías, pero no vieron venir la del presidente. Sería un buen epílogo para la crisis constitucional que vive Estados Unidos. Hannah Arendt lo advirtió con su habitual lucidez: el diseño institucional estadounidense, obra de hombres marcados por la experiencia de la monarquía británica, asumía que el Ejecutivo sería siempre servidor del Legislativo, un brazo obediente y no un poder con voluntad propia. Pero el verdadero peligro de la república no era el caos descentralizado, sino el orden impuesto sin disenso: que una voz hablara por todas. La historia corrigió su ingenuidad. En el siglo XXI, la amenaza de tiranía no proviene del Parlamento o la muchedumbre, sino de un Ejecutivo blindado, dotado de poder militar y legal y también de tecnologías digitales capaces de vigilar, disuadir y castigar a escala algorítmica. Lo que vemos hoy en California es el intento del poder central de anular la legítima disidencia institucional. No se trata solo de inmigración, sino de un conflicto estructural entre dos niveles del poder democrático.

Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador Newsom, ha amenazado con retirar fondos a las ciudades que no colaboran con redadas migratorias y ha utilizado tecnologías de vigilancia de empresas privadas ―reconocimiento facial, rastreo predictivo, bases de datos compartidas con el servicio de control de aduanas― para perseguir a comunidades enteras sin orden judicial. El gobernador lo expresó con elocuencia: “Los tres poderes del Gobierno están desapareciendo ante nuestros ojos”. La batalla californiana definirá si EE UU sigue siendo una federación de Estados con autonomía real o un sistema centralizado donde el poder federal impone su voluntad mediante la fuerza, la vigilancia y el chantaje.

Lo paradójico es que California, lejos de ser un simple bastión progresista, es el escenario donde se forjaron muchas de las corrientes reaccionarias que dominan hoy la política nacional, desde el conservadurismo empresarial hasta el extremismo en materia migratoria. La contradicción la expresa con fuerza Silicon Valley, cuya colaboración con agencias federales convierte al Estado en un laboratorio tecnológico para desarrollar métodos avanzados de vigilancia y control. Arendt no vivió la era digital, pero reconocería en estas tecnologías un nuevo instrumento de lo que llamó la banalidad del mal administrativo: la obediencia ciega de sistemas que ejecutan órdenes sin reflexión ni juicio moral. Hoy, ese poder se ejerce también mediante la cooperación con empresas que proveen tecnologías y bases de datos para rastrear, detener o deportar personas. Al externalizar funciones de control a manos privadas, se crea un aparato que actúa sin límites democráticos ni responsabilidad pública. Se abre la puerta a un poder opaco que erosiona derechos fundamentales y reduce la capacidad ciudadana de cuestionarlo. También lo advirtió Newsom: “Ha llegado la hora de resistir”. Pero la resistencia californiana no es nostálgica ni localista: es constituyente, pues apela al alma federal de EE UU, reconociendo y valorando la coexistencia de poderes y la autonomía de los Estados dentro de un marco democrático. Nos recuerda que el conflicto entre Washington y California no es una disfunción: es una señal de que todavía hay contestación al poder absoluto, que aún quedan minorías ―institucionales y ciudadanas― que cumplen su función de freno frente al abuso.