Hungría: fanatismo homófobo dentro de la UE

Desde este lunes ha entrado en vigor la reforma constitucional en Hungría impulsada por el Gobierno de Víktor Orbán y aprobada por la supermayoría de dos tercios que su bloque parlamentario tiene en la Asamblea Nacional. La enmienda tiene varios párrafos que son preocupantes para cualquier democracia: el Ejecutivo pasa a ser competente para prorrogar el estado de emergencia —en vigor desde la invasión rusa de Ucrania, en 2022— sin pasar por el Parlamento, y el Legislativo recibe el poder de suspender la ciudadanía húngara a las personas con doble nacionalidad (con la excepción de los que tengan pasaporte de otro país de la UE). Pero el corazón de la reforma es dar un marchamo constitucional a las políticas de persecución contra la comunidad LGTBI que el Gobierno de Orbán lleva impulsando desde hace más de una década.

Así, se impone una definición de sexo biológico que impide cualquier reconocimiento jurídico de la transexualidad, con el fin de “garantizar la protección legal del orden natural”. “La fijación del sexo biológico asegura el sano desarrollo de la sociedad y la preservación de las normas fundamentales de la comunidad”, indica el texto.

Como en otras ocasiones, el Gobierno de Orbán se escuda en la “protección de la infancia” para vulnerar el Estado de derecho al proclamar con el habitual lenguaje moralista y retrógrado que el derecho a la protección del “correcto desarrollo físico, mental y moral” de los niños “tiene precedencia sobre cualquier otro derecho fundamental, con excepción del derecho a la vida”. La medida, orientada a reforzar la prohibición de las manifestaciones del Orgullo, en la práctica permite al Estado húngaro violar prácticamente cualquier derecho fundamental de sus ciudadanos si considera que interfiere con el desarrollo de la infancia conforme “a la identidad constitucional y a la cultura cristiana”.

El Gobierno húngaro se siente amparado en esta descarada vulneración de valores ampliamente reconocidos en las democracias occidentales por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. El anterior Ejecutivo estadounidense había nombrado como su embajador en Budapest a un diplomático de carrera homosexual, David Pressman, que había mostrado su apoyo —y el de Washington— a los derechos LGTBI acudiendo cada año a la manifestación del Orgullo en la capital húngara. La tolerancia con las marchas se ha terminado con el cese de Pressman.

La respuesta a este nuevo ataque contra los derechos humanos y los valores europeos ha de venir, primero, de la sociedad húngara. Pero la UE debería plantearse si las medidas ya tomadas contra los persistentes desafíos de Orbán, como retener fondos por más de 22.000 millones de euros (un 10% del PIB), son suficientes. La ciudadanía europea ve cada vez con mayor exasperación cómo un país disfruta de las ventajas de formar parte de la UE mientras ignora sus responsabilidades y ataca frontalmente sus valores.