Más indicios contra Ábalos

La pareja de José Luis Ábalos cuando este era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE testificó el pasado jueves en el Tribunal Supremo dentro de la causa en la que el ex alto cargo socialista está siendo investigado por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. Jessica R. reconoció que durante dos años y medio (entre marzo de 2019 y septiembre de 2021) estuvo contratada en las empresas públicas Ineco —dependiente del departamento que dirigía Ábalos— y Tragsatec —integrada en Agricultura—. Cobró en total más de 31.000 euros, pero nunca trabajó ni un solo día, según ella misma admitió.

Durante ese tiempo, la testigo residió en un piso en el centro de Madrid cuyo alquiler (2.700 euros al mes) pagó principalmente, según la investigación de la Guardia Civil, un testaferro del empresario y comisionista Víctor de Aldama. Los investigadores consideran a Aldama, imputado en la causa, el “nexo corruptor” de la trama que supuestamente sobornó, a cambio de contratos millonarios, a Ábalos y a su entonces asesor personal en el Ministerio, Koldo García, igualmente imputado. Jessica R. declaró al juez instructor que no sabía quién pagaba su piso, aunque suponía que pudo ser Ábalos. Ambos trabajos le fueron facilitados por el hermano de Koldo García.

Será la investigación del Supremo y, en su caso, el juicio que pueda celebrarse los que fijarán los hechos y determinarán la responsabilidad legal, pero lo conocido hasta ahora pone en clara evidencia ética la actuación de Ábalos, sea por acción o por omisión, y lo retrata como alguien dispuesto a beneficiarse de su cargo de distintas maneras, incluidas las contrataciones bochornosas en empresas públicas o el pago de alquileres a sus parejas. Favorece a la credibilidad de Jessica R. el hecho de que su declaración no la beneficia, y como testigo está obligada a decir la verdad. El exministro tiene el derecho a la presunción de inocencia que reclama, pero hasta el momento sus explicaciones, incluso en el propio Supremo, no han refutado los indicios en su contra. Evidencias que apuntan a que, durante su mandato, una trama corrupta anidó en un ministerio del que dependen contratos por miles de millones y que tuvo un papel activo en la compra urgente de mascarillas al inicio de la pandemia.

La presunción de inocencia es independiente de las responsabilidades políticas, y en este terreno la situación del exministro y todavía diputado resulta indefendible. Mantener un escaño es incompatible con la imagen de que, como mínimo, dejó hacer para que su expareja cobrase de dos empresas públicas sin trabajar en ellas. Y evidencia también la insuficiencia de controles en esas empresas públicas para verificar que esos trabajos efectivamente se desempeñaban. Una negligencia, en el mejor de los casos, que urge investigar. La propia interesada declaró que utilizó el ordenador solo para “fichar”.

Desde que hace poco más de un año saltase el caso a la luz con la detención de Koldo García y otras 19 personas, este periódico ha venido exigiendo absoluta transparencia, afecte a quien afecte. Exigencia que se extiende a un Gobierno que no fiscalizó a un compañero de Consejo de Ministros y mano derecha de Sánchez en el partido sobre el que se sabía que llevaba una vida personal impropia de un cargo público, aun sin sospechar la existencia de delitos.

Hacienda ya ha anunciado que investiga si hubo irregularidades en la contratación de Jessica R. Ese es el camino. Pocos factores contribuyen a hundir entre los ciudadanos la imagen pública de la política y los políticos en España como los escándalos de corrupción. Resulta injusto porque los implicados son, pese a la relevancia de sus cargos, una minoría entre los servidores públicos. Y, contra la doctrina del populismo, han sido las propias instituciones democráticas las que han sacado a la luz los hechos y en este caso tanto el PSOE —que lo expulsó y le exigió el acta de diputado— como la justicia han actuado en consecuencia.