Sexismo, personas lectoras y una vara

Qué difícil es encontrar la medida de las cosas. En la Edad Media, en el entorno aragonés, hubo una medida consensuada: en uno de los laterales de la catedral de Jaca, quedó marcada en la piedra una línea horizontal de unos 77 centímetros de longitud, paralela al suelo. Es un patrón de medida y se llama vara jaquesa. La vara era una de las medidas usadas en la Europa del Medievo, pero ni era general (la vara valenciana era mayor) ni era única (se medía en palmas, codos...). Estas medidas fueron quedando arrinconadas con la introducción del sistema métrico decimal, que llegó de Francia en el siglo XIX y que oficializó una nueva terminología. Algo similar había pasado antes dentro de las iglesias; decía Américo Castro que la introducción de la liturgia de Cluny en la Edad Media dentro de los reinos hispánicos fue la generalización de un “sistema métrico de las almas”, ya que se relegó la liturgia vernácula por una de más allá de los Pirineos.

Son cambios promovidos por deseos normalizadores, nacidos o respaldados por instancias gubernamentales, que exhiben la capacidad de una entidad oficial para cambiar lo convencional. Pero no todo lo que tiene uso social es institucional; no todo lo que se basa en convenciones respetadas puede ser controlado verticalmente. Y ahora hablo de la lengua. Las lenguas tienen un estándar, una vara de medida que incluye un conjunto de modelos ejemplares y no rígidos que se actualizan a medida que la realidad (que es lo mismo que decir los hablantes) cambia los patrones de comportamiento. Acordar un patrón es el resultado de un proceso histórico, basado en razones caprichosas (a nuestros antepasados les parecía fea la palabra prerromana perro, y tardaron mucho en ponerla por escrito) o sesgadas por nuestra ideología (busquen los ejemplos ustedes con las valoraciones que aún recibe la pronunciación andaluza) pero asentadas en el uso general. Sí, hay instituciones que se ocupan de la lengua, para el caso del español la Real Academia Española, pero su misión no puede ser otra que la de escuchar al hablante y tratar de recoger (“notario y no policía”, que se suele decir) lo que en el estándar se rechaza o acepta. Ni siquiera en la ortografía, donde tenemos una norma vertical y oficializada, los hablantes son controlables: recuerden el caso de la tilde de solo.

Uno de los grupos de trabajo de la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE) ha presentado un documento en torno al uso lingüístico (Recomendaciones para un uso adecuado del lenguaje en las universidades) que ha sido rubricado por la mayoría de nuestras universidades públicas como propuesta para que se use “en publicaciones, documentos e intervenciones orales”. El texto se parece bastante a las Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria, que ya fue aprobado en 2023 en el Congreso. Alguna de estas sugerencias lleva años en circulación, como la de que en los cargos se usen femeninos habituales, una recomendación que coincide con lo prescrito por la RAE, pero que ha tenido desigual acogida entre los hablantes (siguen viéndose “la presidente” o “la médico”). El rechazo a los plurales masculinos usados como genéricos lleva también a la guía a recomendar decir “profesorado” en vez de “profesores” o “estudiantado” en lugar de “estudiantes” y a condenar el uso de formas como “titulados” y “usuarios”, que deberían ser “personas tituladas” y “personas usuarias”.

Hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de lengua y ser cautos con la vara de medir que se aplica. La especificación constante de la categoría que hay dentro de un adjetivo sustantivado es imposible de mantener en el discurso, y en algunos casos es ambigua: la propia guía dice que en las universidades “formamos a profesionales”, porque si dijese que formamos a “personas profesionales” el significado sería diferente. Hace unos días este periódico anunció: “EL PAÍS acaba de superar los 400.000 suscriptores”. Me atrevo a preguntar si los lectores consideran sexista esa frase y prefieren ser llamados “personas suscriptoras” o “personas lectoras”. Quizá en un formulario administrativo no sorprenda demasiado la referencia a una “persona solicitante” pero no resultará natural en intervenciones orales. Hay que encontrar la medida de las cosas: el divorcio entre la lengua estándar y la universitaria es peligroso, porque alimenta la fantasía de que la universidad no conecta con la sociedad.

Sí, las universidades tienen todo el legítimo derecho a abrazar guías para un uso del lenguaje que consideran más justo, pero no pueden defender que estas sugerencias sirven para “promover un uso no sexista del lenguaje”. No podemos hacer sentir a los hablantes que son machistas por decir “los solicitantes” o “los profesores”. Ni quienes se mofan de estas guías ni quienes las asumen como un catecismo deberían convertirlas tampoco en distintivos ideológicos. Decir “las personas solicitantes” no libra a nadie de ser machista ni (acabáramos) decir “los solicitantes” nos adscribe a una opción política determinada.

Hay 77 universidades dentro de la CRUE, y no llega a la veintena el número de rectoras. Es muy conocido ese pasaje de A través del espejo donde Humpty Dumpty dice “cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga”, pero se nos olvida cómo seguía: “La cuestión es saber quién es el que manda”, o sea, las personas que mandan.