Alivio social y parlamentario

Las pensiones se revalorizarán según la inflación, las subvenciones al transporte público tendrán su prórroga y las ayudas por la dana llegarán a los afectados. El Gobierno salió ayer del rincón al que lo condenó la alianza entre PP, Junts y Vox a cuenta del decreto “ómnibus” que abarcaba esas y otras medidas y que esas tres formaciones tumbaron la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Al conseguir que Junts se reincorpore a la mayoría de la investidura, el Ejecutivo revierte su derrota parlamentaria e incluso da pie a que despegue el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. Al menos si se cumple el guion anunciado ayer por el presidente, Pedro Sánchez. Eso permitiría anclar definitivamente una legislatura muy marcada por la fragmentación en el Congreso y por las consecuentes dificultades para alcanzar acuerdos. Después de días marcados por una sobredosis de relato y politiqueo, el Ejecutivo resuelve una crisis peliaguda y gana tracción de cara a las próximas negociaciones, que serán al menos tan difíciles como las anteriores.

Los desacuerdos son siempre más conservadores que los acuerdos: los pactos exigen compromisos y renuncias. Ese último pacto tiene tres consecuencias. Por un lado, rescata el contenido clave —el social— del decreto, que rechazaron las derechas (PP, Vox y Junts) con más táctica que responsabilidad. Por otro, reincorpora a Junts a la gobernanza al tiempo que lo aleja del PP tras varios intentos de acercamiento. Finalmente, pone al PP y a Vox en la tesitura de, si votan a favor de la revalorización de las pensiones, validar también la devolución al PNV del edificio parisino que le requisó la Gestapo en connivencia con la dictadura de Franco, pretexto de su voto negativo el miércoles pasado.

Estos son algunos de los réditos para el Ejecutivo de una maniobra arriesgada: el uso de un instrumento como el decreto “ómnibus” ha terminado produciendo un innecesario estrés social, sobre todo entre los ciudadanos más vulnerables.

Tas una negociación plagada de golpes de efecto, el Gobierno saca adelante el escudo social y hace cesiones cosméticas. La segmentación del decreto, que el Ejecutivo rechazaba de plano, es la concesión práctica a Junts. La simbólica es la tramitación en el Congreso de la iniciativa de Puigdemont sobre la cuestión de confianza. Será con otra redacción y sin que el presidente —el único que tiene la competencia de convocarla— se someta a ella, según avanzó en una comparecencia ante la prensa. El precio de esa cesión, aunque incómodo para los partidos del Gobierno, es asumible vistos sus beneficios finales. Y supone una victoria pírrica para los exconvergentes, muy en la línea de la política de gestos con la que tantas veces tratan de subrayar la innegable importancia de sus siete diputados.

La comparecencia del presidente al final del Consejo de Ministros fue de una autocomplacencia ajena a la inquietud sembrada estos días y solo justificable por la dificultad superada. Con todo, sus palabras recogieron algo que podría servir como compromiso: es hora de traducir socialmente el éxito cosechado por la coalición de Gobierno en su gestión económica, algo que todo el mundo reconoce. Y con énfasis fuera de España, con un avance del PIB superior al 3% y casi medio millón de empleos creados en 2024, un año de estancamiento o recesión en las grandes economías del euro. No obstante, dado que el contexto internacional apunta a peor, sería bueno que el Ejecutivo se ufanase algo menos de sus logros y se esforzase más en concitar acuerdos con la oposición. A ser posible, con menos suspense.