Defender la universidad pública

La Comunidad de Madrid lidera un proyecto político para la enseñanza superior cuya estrategia consiste en recortar la financiación a la universidad pública e impulsar, de manera paralela, el crecimiento de las universidades privadas. Actualmente, en Madrid existen seis universidades públicas frente a 13 privadas (con una decimocuarta en fase de aprobación, a pesar de los informes desfavorables del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades). Este proyecto de privatización de la educación superior se está extendiendo a otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Permítanme evocar aquella famosa conferencia que Ortega y Gasset impartió en el paraninfo de la Universidad de Madrid en el pasado siglo, en la que destacó las tres misiones fundamentales que tiene la universidad. La primera es proporcionar una formación a los estudiantes que les permita desempeñar una profesión. La segunda es realizar investigación con el objetivo de avanzar en el conocimiento, tanto básico como aplicado. La tercera, y más importante, es la transmisión de la cultura y la creación de una comunidad intelectual interdisciplinar que participe en una constante reflexión colectiva sobre lo que la sociedad, en su conjunto, hace bien o mal. Salvo algunas excepciones que discutiremos más adelante, las universidades privadas sólo cumplen la primera de las tres misiones: la empleabilidad. Es decir, proporcionan conocimientos y, sobre todo, un título útil para conseguir un buen empleo. El hecho de que estas instituciones no fomenten la investigación innovadora ni la transmisión de una cultura interdisciplinar, crítica y universal (de donde proviene el término universidad), debería hacernos reflexionar sobre los aspectos negativos de la privatización de la educación superior. Pero hay más. El ataque sistemático a la universidad pública refleja una tendencia hacia un modelo neoliberal de educación superior de pago, elitista y basado en una falsa retórica de meritocracia y libertad, que, en realidad, solo es la libertad de la clase alta para pagar y garantizar a sus descendientes una carrera universitaria. ¿Es posible contrarrestar esta tendencia?

Para responder a esta pregunta, resulta útil distinguir entre los diversos tipos de universidades privadas. Por un lado, están las universidades coladero, que ofrecen a los Froilanes —es decir, estudiantes de clase alta con un pésimo historial académico— la oportunidad de obtener un título a cambio de matrículas a precios exorbitantes. Luego están las universidades privadas complementarias a las públicas, que acogen a estudiantes cuya nota de la EBAU es buena, pero no suficiente como para acceder a carreras muy demandadas en las universidades públicas como, por ejemplo, Medicina o Estudios Internacionales. Estas universidades se benefician de la disfunción de las notas de corte excesivamente altas y de la escasez de plazas para ciertas carreras en el sector público. Por último, existen también universidades privadas que se promocionan como marcas de élite, cuyo objetivo a corto plazo es escalar posiciones en los rankings internacionales y destacar en el ámbito de la investigación. Estas universidades están implementando una agresiva política de contratación de investigadores talentosos con un marcado perfil internacional, ofreciéndoles salarios impensables en las universidades públicas.

Consideremos entonces las posibles respuestas para frenar el crecimiento de los diferentes tipos de universidades privadas. Quizás el caso de las universidades coladero sea el menos problemático, aunque represente la violación más clara de los principios de meritocracia que son precisamente aquellos que los propulsores de las universidades privadas defienden a capa y espada. En este caso, resulta imprescindible controlar que estas universidades cumplan los requisitos mínimos como para ser reconocidas como universidad, y que no sean simplemente un supermercado al que acudir para conseguir títulos universitarios a precios muy altos.

Por lo que se refiere a las universidades privadas que he definido como complementarias, el problema reside en la nota de acceso para ciertas carreras, que en algunos casos resulta ridículamente alta, convirtiéndose en inalcanzables para la mayoría. La solución en este caso pasaría por aumentar el número de plazas para nuevos estudiantes. De esta forma, bajaría la nota de acceso, más estudiantes entrarían en las universidades públicas y el número de matrículas en este tipo de universidades privadas disminuiría. Pero esta solución requiere de dotación de recursos públicos que permitiera aumentar el número de grupos de clase, contratar a profesorado de calidad y mejorar las instalaciones disponibles.

Quizás convenga centrarse más en las universidades privadas que se autodenominan de élite y están invirtiendo recursos para posicionarse como centros de investigación de alto nivel internacional. Estas universidades constituyen el motor del movimiento privatizador de la educación universitaria, y pueden debilitar y asestar el golpe definitivo a las universidades públicas, también en investigación. Actualmente, estas universidades privadas se enfrentan a un problema: sus estudiantes, en general, no tienen un nivel académico muy alto, ya que los centros supuestamente de élite de momento no pueden permitirse establecer requisitos de acceso estrictos sin perder clientes. Sin embargo, esta es una situación temporal, y queda claro que con su plan de fortalecer la investigación las universidades privadas aspiran a competir progresivamente para conseguir los estudiantes más brillantes. Frente a este tipo de ataque a la excelencia de las instituciones públicas, ¿qué se puede hacer?

En primer lugar, la financiación pública, tanto nacional como europea, destinada a la investigación, debería dedicarse exclusivamente a los centros públicos. Aunque esta medida pueda parecer radical, en realidad se trata de aplicar el sentido común. Si los investigadores de universidades privadas reciben fondos públicos, ya sea del plan nacional del Ministerio de Ciencia o de programas europeos, se genera una redistribución regresiva. Es decir, el dinero de los impuestos de los contribuyentes de clase media y baja termina financiando universidades privadas a las que sus hijos nunca podrán acceder. Para que el lector se haga una idea, la matrícula anual para estudios de grados, por ejemplo, en Relaciones Internacionales o en Administración de Empresas, en la universidad privada IE de Madrid asciende a 25.000 euros, lo que suma un total de 100.000 euros para un grado de cuatro años. ¿Deben los ciudadanos financiar la investigación que se realiza en estos centros privados, considerando que una parte del dinero de los proyectos financiados va directamente a las universidades en forma de costes indirectos (overheads)? Me resulta difícil comprender cómo alguien podría estar a favor de esta transferencia de recursos del sector público al privado, o, dicho de otro modo, de las clases media y baja a la clase alta.

En segundo lugar, las becas posdoctorales financiadas por programas públicos de excelencia deberían estar exclusivamente adscritas a centros públicos, por la misma razón de evitar la financiación pública a instituciones privadas. De lo contrario, asistiremos a la paradójica existencia de investigadores posdoctorales de prestigio que impartan clases gratuitamente, es decir, financiados por fondos públicos, en universidades privadas.

Por último, los investigadores de excelencia de las universidades públicas tanto nacionales como internacionales deberían considerar con mucha cautela la posibilidad de colaboración institucional con las privadas. La coparticipación en proyectos europeos, la creación de infraestructuras conjuntas o grupos formales de investigación, así como la organización de actividades científicas cofinanciadas implica una legitimación académica que contribuye a blanquear el verdadero objetivo de las universidades privadas: convertir la educación superior en un negocio. Si las universidades son privadas, que lo sean de verdad, sin la ayuda económica y la legitimación académica del sector público.