Un Gobierno francés cada vez más frágil

Como era de esperar, la moción de censura presentada el martes por la izquierda en el Parlamento francés contra el recién nombrado Gobierno de Michel Barnier fracasó. Sin embargo, la coalición de izquierdas logró el objetivo que perseguía con esta iniciativa: aparecer ante la opinión pública como la primera fuerza de oposición al Ejecutivo conservador y escenificar la “desposesión democrática” que, según denuncian, sufren sus electores desde las legislativas del pasado junio. Las izquierdas ganaron las elecciones —tras armar junto a Macron un frente republicano para contener a la ultraderecha— y reivindican desde entonces su legitimidad para gobernar, pese a no disponer de mayoría absoluta. El presidente, sin embargo, prefirió a un primer ministro conservador, proveniente de Los Republicanos, un partido electoralmente débil, con apenas 47 diputados y apoyado parlamentariamente en los ultras.

Consciente de que su moción de censura estaba condenada al fracaso sin el voto del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, la coalición de izquierdas ha conseguido, además, otro objetivo: evidenciar la mutua dependencia entre el nuevo Gobierno y la extrema derecha. El apoyo de los lepenistas es la condición sine qua non para la supervivencia del Ejecutivo, estrechamente ligada a las concesiones que haga a la formación ultra, particularmente en materia de seguridad e inmigración. Esta, a su vez, necesita a Barnier para presentarse como una formación respetable y garante de la estabilidad institucional.

Sin embargo, ambos bloques pueden pagar un alto precio electoral por su relación. Un elector moderado difícilmente aprobará la sumisión a un partido radical. De la misma forma, está por ver el impacto entre el electorado más popular de Reagrupamiento Nacional al apoyo a un Gobierno que defiende una política de cruda austeridad para luchar contra el déficit público, que alcanzará este año el 6,1% del PIB. Presentados este jueves en el Consejo de Ministros, los Presupuestos de Barnier prevén un recorte de 40.000 millones de euros, de los cuales 15.000 afectarán al gasto sanitario y social, con un especial impacto en las pensiones. Le Pen ya se ha manifestado en contra, y los macronistas han criticado las subidas de impuestos a las grandes empresas y a los más ricos previstas en el texto. Se ahonda así en la fragilidad de un endeble Gobierno, cuyas cuentas deben aprobarse antes del 31 de diciembre si no quiere recurrir a aprobarlos por decreto.