Francia pide un “esfuerzo colectivo” para hacer un ajuste de 60.000 millones y sanear sus finanzas públicas

El Gobierno francés desveló este jueves por la noche cómo pretende sanear las arcas del Estado y lograr un ajuste en términos de ahorro por valor de 60.000 millones de euros. El objetivo es reducir el déficit al 5% del PIB en 2025, mediante drásticos recortes de gasto público y aumentos de impuestos a grandes empresas y fortunas. El esfuerzo, calificado de “inédito” por el ministro del Presupuesto, será “colectivo” aunque no afectará a todos de la misma manera. La norma financiera empezará su recorrido legislativo a mediados de mes, un proceso que se anuncia difícil, con un Ejecutivo frágil y sin una mayoría absoluta en el Parlamento, dirigido por el conservador Michel Barnier.

“Tenemos que tomar decisiones valientes ahora para evitar otras dolorosas más adelante”, dijo el ministro del Presupuesto, Laurent Saint-Martin, tras el Consejo de Ministros que validó el proyecto de finanzas para que sea debatido en la Asamblea Nacional. Junto al ministro de Economía, Antoine Armand, ha insistido en que el texto se podrá mejorar durante los debates parlamentarios, donde deberá conseguir una mayoría de apoyo para ser aprobado antes de Navidad. Los aumentos de impuestos, han recalcado ambos, serán “temporales, selectivos y excepcionales”.

El Gobierno, que integra miembros del partido conservador Los Republicanos y la alianza de centroderecha del presidente Emmanuel Macron, ha presentado dos documentos. Un proyecto de ley de finanzas y otro de financiación de la Seguridad Social. Para lograr un ajuste de 60.000 millones de euros, la segunda economía de la Unión Europea quiere reducir el gasto público en 40.000 millones de euros e ingresar 20.000 millones de euros con impuestos a los ingresos más altos y a las grandes empresas. Los recortes del sector público, por ende, representan dos tercios del esfuerzo y afectarán principalmente al Ejecutivo central.

Concretamente, las autoridades prevén suprimir 2.201 puestos de funcionarios y 4.000 profesores en la educación pública. También planean reducir los presupuestos de ministerios como el de Deportes, tras los Juegos Olímpicos de París, y el de Justicia. El Gobierno, en cambio, ha propuesto aumentar el de las Fuerzas Armadas. Otra medida notable para reducir el gasto será el retraso de seis meses de la revalorización de las pensiones, una de las medidas que más críticas cosechó en las últimas semanas, ya que también afecta a los jubilados que menos cobran. También habrá un recorte de 5.000 millones de euros a la aportación del Gobierno a estructuras locales como los Ayuntamientos. La Seguridad Social se verá asimismo afectada, con reducciones en la cobertura de las consultas médicas.

Contribución “excepcional” de la gran empresa

En el ámbito de los ingresos, el Ejecutivo ha pedido una “contribución excepcional” a unas 400 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros al año. Las compañías pagarán un complemento adicional sobre sus beneficios obtenidos en Francia en 2024 y 2025, lo que deberá aportar 12.000 millones de euros a las arcas públicas en los próximos dos años. La medida pone fin a siete años de reducciones fiscales a las empresas, impulsadas por Macron.

Otros ingresos vendrán del aumento de impuestos a los más ricos [los hogares que ingresen más de 500.000 euros anuales en pareja o 250.000 euros solas]. Las disposiciones afectarán a 65.000 contribuyentes durante tres años, con una imposición mínima del 20%. El Ministerio de Economía espera recaudar 2.000 millones anuales con esta medida. El Gobierno también prepara un impuesto a las grandes empresas de transporte marítimo con el que prevé ingresar 800 millones de euros, y aumentos de la tributación en el sector aéreo y la electricidad.

El objetivo del Ejecutivo es corregir la degradación acelerada de las finanzas francesas. La deuda pública representaba a finales de junio el 112% del PIB y está previsto que el déficit alcance un 6,1% este año. La “credibilidad” de Francia en los mercados internacionales está en juego, advirtió Barnier horas antes del consejo de ministros, añadiendo que buscaba un “esfuerzo justo” y “equilibrado”.

Expedientados por Bruselas

La Comisión Europea ya ha abierto un expediente a París por déficit excesivo. Las primas de riesgo francesas también aumentan. El bono francés a 10 años se negocia actualmente al 3%, un nivel más alto que el alemán y que los bonos a 10 años de España y Portugal.

Son los presupuestos más complicados de los últimos años. No solo por el esfuerzo que suponen, sino por la frágil situación política del país. El borrador llega nueve días tarde y el Gobierno, nombrado en septiembre tras las legislativas adelantadas de julio, apenas ha tenido 20 días para redactarlo. El recorrido parlamentario no se anuncia fácil. El nuevo Ejecutivo superó el martes su primera moción de censura, presentada por la izquierda, gracias al apoyo de la extrema derecha de Marine Le Pen.

Las primeras críticas ya han llegado y volverán a escucharse las próximas semanas en el Parlamento. Jean-Philippe Tanguy, diputado del Reagrupamiento Nacional de Le Pen, ha denunciado que el proyecto está “muy lejos del presupuesto de ruptura” que su formación esperaba, y aprovechó para cargar contra el Gobierno de Macron. “Nada habrá cambiado a pesar del voto de los franceses”, criticó.

Éric Coquerel, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y diputado de izquierda de La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon) ha criticado un proyecto de presupuestos “absolutamente desigual”. Y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el primer sindicato de Francia, considera que el proyecto “golpea duro”. Aunque reconocie la necesidad de hacer “esfuerzos”, ha añadido que es “incoherente” eliminar 4.000 puestos de profesores.

La presentación de los presupuestos es el primer gran desafío que enfrenta Barnier, exnegociador europeo del Brexit. El primer ministro debe contentar tanto a los partidos de su Gobierno como a la ultraderecha para evitar su caída. Sin mayoría estable, el Ejecutivo deberá plantearse cómo aprobar la norma financiera en caso de que no obtenga los apoyos suficientes.

“Me gustaría que pudiese ser adoptado por la Asamblea Nacional [la cámara baja del Parlamento]. Pero si no lo logramos, utilizaremos el 49.3, que es una herramienta constitucional”, declaró Barnier el 3 de octubre. A cambio de usar este artículo de la Carta Magna, que permite aprobar textos por decreto y fue ampliamente usado por Macron, el Gobierno correrá el riesgo de enfrentarse a otra moción de censura. Será toda la cuestión de las semanas venideras. Las próximas elecciones presidenciales son en 2027 y, según los sondeos, la extrema derecha está en posición de fuerza.