Si Cataluña nos roba

El lubricante principal para el desarrollo del Estado autonómico han sido las discusiones y los acuerdos sobre el modelo de financiación. Si la reforma del Estatut catalán de 2006 lo intentó por otra vía, a sus impulsores el resultado les acabó llevando a Guatepeor. El dinero, en fin, ha sido el auténtico factor de cambio. Tradicionalmente, al decir de los expertos, el proceso de reforma del modelo lo había activado siempre el mismo actor: la Generalitat de Cataluña. Primero se producía la negociación bilateral de los ministros de Economía con los consellers catalanes y después se replanteaba formalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese foro multilateral se validaban fórmulas que, problematizando la propuesta de partida y parcheando el modelo hasta hacerlo cada vez más enrevesado, posibilitaban que todas las comunidades viesen aumentados sus ingresos porque esa ha sido siempre la condición necesaria.

Desde 2014 el modelo aprobado en 2009, catalogado como “chapuza” e “insolidario” por el Rajoy de la oposición, está caducado. No hace falta ser muy perspicaz para intuir por qué durante la última década no se ha producido una nueva propuesta catalana: la prioridad de los cuatro últimos gobiernos de la Generalitat era otra. Pero hoy no hay gobierno independentista. Y hay una nueva propuesta de financiación. En el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC se han puesto negro sobre blanco unos principios que no plantean una reforma del modelo, efectivamente, sino un cambio en profundidad. Un cambio federalizador para algunos, para otros confederal, un concierto o no. Sea una cosa o sea la otra hoy el marco político de interpretación de dichos principios parece haber quedado establecido: Cataluña, insolidaria, nos roba.

Fijada esta interpretación, que conecta la propuesta con un procés frankensteniano y que contrasta con los matices de la discusión entre economistas que se está produciendo en Cataluña, se hace muy difícil activar una deliberación constructiva para enfrentarse a la necesaria reforma del modelo para el conjunto (con la excepción, eso sí, de la desigualdad fiscal constitucionalizada de las comunidades de régimen foral). Lo que el viernes firmaron los presidentes autonómicos del Partido Popular asume que se trata de un “peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia”. Da igual que el acuerdo de investidura de Salvador Illa explicite lo siguiente: “la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Da igual. El marco es la insolidaridad y la desigualdad.

La última propuesta fiscal catalana se elaboró durante la legislatura anterior a la aceleración del procés. Lo que podía ser un cambio estructural, discutido durante meses en el Parlament, fue reconvertido a última hora por Artur Mas en una táctica partidista que olvidó. El trileo con el que chantajeó al presidente Rajoy fue catastrófico, aunque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, de entrada, anunció que el gobierno pondría en marcha de manera inmediata una reforma del modelo. Nunca más se supo. Cuando la crisis territorial empezaba a ser un problema de estado, en 2013, el secretario general del PSOE Pérez Rubalcaba elaboró una propuesta federal que entregó al presidente del Gobierno. Un apartado estaba dedicado a impulsar un modelo de financiación y se partía de este principio: “bien puede afirmarse que la Constitución no es más que una hoja en blanco en lo relativo a la definición del sistema de financiación autonómica”. Algún día podría escribirse. ¿Tampoco ahora?