Insistir en el gas como combustible para la transición energética es un error

América Latina tiene un potencial inmenso de fuentes de energías renovables para la generación eléctrica y podría liderar la transición energética mundial con beneficios tangibles para sus economías, poblaciones y ecosistemas. Pero movernos hacia allá requiere dejar de lado el carbón y los demás combustibles fósiles, y ello implica desmitificar uno de los principales obstáculos para la descarbonización en nuestra región: el considerar el mal llamado gas natural como una alternativa para la transición energética. El gas, en realidad, tal como el carbón y el petróleo, es un combustible fósil pero aún se promociona como un combustible “limpio” y “de transición”, al punto de entorpecer y retrasar la expansión de las energías renovables.

Se dice que es limpio porque emite menos gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO2) en relación a otros combustibles. Pero eso es una verdad a medias, porque oculta que el gas es una fuente significativa de emisiones de metano, GEII, que es 28 veces más contaminante que el CO2. Además, un reporte sobre el gas en América Latina que publicó el PNUMA en 2022 proyecta que una transición energética hacia energías renovables reduciría el 80% de las emisiones de GEI al año 2050, mientras que una transición basada en gas natural reduciría apenas un 20%.

Más aún, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha alertado a los países sobre la insuficiencia de los compromisos y acciones gubernamentales para lograr reducir emisiones de GEI en línea con 1,5ºC y carbono neutralidad al año 2050, y por ello recomienda el año 2035 como fecha límite para la salida del gas del sector eléctrico. Sin embargo, ciertos intereses económicos están impulsado grandes inversiones en infraestructura de gas (especialmente en Brasil, México y Argentina) como es el caso de Vaca Muerta: un proyecto de gran envergadura para explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Argentina, con más de una década en desarrollo. Iniciativas como esta tardan años en completarse y décadas en alcanzar retorno financiero, invirtiendo esfuerzos y recursos en futuros activos varados en una industria que ya sabemos debe cambiar.

Abandonar los combustibles fósiles es complejo para países exportadores y dependientes como Trinidad y Tobago, donde el petróleo y el gas representan el 40% de su PIB y el 80% de sus exportaciones. También porque, en años recientes, los esfuerzos para mejorar el acceso de poblaciones vulnerables a la energía se han enfocado en subsidiar combustibles fósiles. Es el caso de Colombia que aprobó recientemente un subsidio del 70% para la conexión e instalación de gas en hogares de bajos ingresos.

Las energías renovables contribuyen precisamente a reducir la dependencia económica y a democratizar el acceso a la energía limpia y sostenible en muchos países . El PNUMA indica en su reporte que las energías renovables crearían aproximadamente 1.300.000 nuevos empleos en América Latina al 2030, comparado con apenas 14.000 si se optara por infraestructura energética a gas. En una región con índices de desempleo por arriba del 7%, las renovables representan, otra vez, una mejor alternativa.

Entonces, ¿qué pueden hacer los Gobiernos, las instituciones financieras nacionales e internacionales, y el sector privado para impulsar una transición que acelere la masificación de las energías renovables?

• Planificar para el largo plazo y actuar ahora: estos actores pueden y deben estructurar estrategias de transición energética justa que generen condiciones habilitantes para acelerar la entrada masiva de energías renovables, delineando así el futuro energético de la región para las siguientes décadas.
• Dar una señal clara para la salida de la producción y uso de gas en nuestros países. Debe acompañarse por planes y tiempos concretos para la salida de gas en sectores donde sea costo eficiente, seguidos por sectores de difícil abatimiento, como el transporte de carga y las industrias altamente intensivas en energía.
• Desmontar y reorientar los subsidios social y ambientalmente regresivos a los combustibles fósiles. Una reforma social y políticamente cuidadosa debe incluir medidas de compensación para minimizar los impactos negativos y apoyar a sectores y comunidades vulnerables durante la transición y fomento de la generación en base a fuentes renovables, velando por el beneficio directo, costo-eficiente y el acceso a energía barata para las poblaciones vulnerables.
• Priorizar la generación eléctrica con fuentes renovables. Dos estudios realizados en Chile por KAS Ingeniería en 2022 y por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería en 2023 proyectan una disminución significativa en la generación eléctrica en base a gas natural, desde 15 TWh/año a aproximadamente 5 TWh/año hacia 2030. Este desplazamiento se debe al aumento de la generación con fuentes renovables variables como solar y eólica, e infraestructura de almacenamiento de energía. Ambos estudios prevén que para 2035-2036, la generación renovable representará entre el 95% y el 96,5% de la matriz eléctrica chilena.

Acelerar la inserción de las energías renovables y abandonar el gas es un reto, pero es posible. Y los retos hacen aflorar lo mejor que tenemos para ofrecer. No en vano estuvimos dos semanas disfrutando de los Juegos Olímpicos en París, admirando el resultado de años de esfuerzo y la mejor versión de cada deporte olímpico. Mantengamos un estándar alto para la transición energética y exijamos su mejor versión: una transición justa y rápida hacia sistemas eléctricos 100% renovables y respaldadas por almacenamiento.