Latinoamérica unida puede pedir justicia climática

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Para las personas que habitamos el subcontinente de América Latina y el Caribe, no cabe la menor duda de que el cambio climático está afectando ya a un sinnúmero de comunidades desde México hasta la Patagonia. Es también evidente que, al ser nuestra región la más desigual del planeta, en la medida que el 10% de la población más rica tiene ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre, hay un porcentaje importante de nuestras poblaciones que son altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, muchas de las cuales no tienen la capacidad de adaptarse y están en franca desventaja frente a los impactos que se avecinan en años y décadas por venir.

¿Y está pasando algo al respecto? Sí, de hecho, los gobiernos y las comunidades latinoamericanas y caribeñas han ido fortaleciendo sus servicios y políticas climáticas en los últimos años. Por ejemplo, la mitad de los países de la región han elaborado y presentado ante Naciones Unidas sus respectivos planes y comunicaciones nacionales de adaptación al cambio climático. Asimismo, la gran mayoría de países en la región cuenta con compromisos climáticos con esfuerzos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación a los impactos antes mencionados aunque, por supuesto, unos son más ambiciosos y alineados con la ciencia que otros.

Más aún, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, Colombia y Brasil se han puesto a la cabeza de las negociaciones climáticas y de biodiversidad como presidentes entrantes de las Cumbres de Diversidad Biológica y de Cambio Climático, en 2024 y 2025, respectivamente, lo cual es relevante a la luz de que América Latina cuenta con 40% de la biodiversidad mundial y 12% de la superficie total cultivable. Brasil también ha asumido la presidencia del Grupo de los 20 este año, y ha incluido entre sus prioridades estratégicas la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sostenible y la reforma de la gobernanza mundial.

América Latina y el Caribe hacen estos esfuerzos para reducir los impactos del cambio climático y sostener un liderazgo proactivo y, sin embargo, es la región que menos financiamiento climático recibe (Asia 36 %, África 29 %, América Latina y el Caribe 10 %). Del total de financiamiento climático que los países desarrollados dicen proveer al conjunto del mundo en desarrollo, 55% son préstamos que continúan perpetuando ciclos de endeudamiento y sólo 28% responde a adaptación, es decir 32.400 millones de dólares sobre 115.900 millones. Esto para nuestra región exacerba el hecho de que en 2020 la deuda pública superó el 70% del PIB regional, tendencia que no ha dejado de incrementar desde la crisis financiera mundial y, el financiamiento climático, que debería apoyar a nuestros países a tener mejores prospecciones de desarrollo y de atender esta crisis, en realidad está profundizando la insostenibilidad de los esquemas de deuda.

Mientras tanto, las necesidades de adaptación y sus costos se siguen incrementando, en tanto la ambición climática de mitigación es insuficiente. La brecha de financiamiento para adaptación conforme a las necesidades de los países en desarrollo se encuentra entre 194.000 y 366.000 millones de dólares anuales, y los costos y necesidades de adaptación son entre 10 y 18 veces superiores a los flujos actuales. Al tiempo que la necesidad media anual de adaptación de los países de América Latina y el Caribe es —al menos— de 51.000 mil millones de dólares para 2030. La Cepal ha calculado que para cumplir con sus compromisos climáticos, los países de la región requieren una inversión de entre 3,7 % y 4,9 % del PIB regional por año hasta 2030. Dado que a 2020 el financiamiento está dado por el 0,5 % del PIB regional, cerrar la brecha de financiamiento climático requiere aumentar la movilización entre 7 y 10 veces.

América Latina y el Caribe ha logrado, en contadas ocasiones, tener una voz común para defender sus necesidades y prioridades en foros internacionales. Sin embargo, el péndulo político hacia la izquierda y la derecha, y las afinidades personales de presidentes y ministros en muchos casos han prevalecido frente a un escenario que año tras año se recrudece: mayores impactos y menor acceso a financiamiento adecuado y justo.

Es de suma importancia traer a la lógica del realismo político, la cruda realidad de que la vulnerabilidad socioeconómica y climática no conoce de derechas e izquierdas. La justicia climática que hoy reclaman las poblaciones más vulnerables -que ya están siendo desplazadas- y las generaciones más jóvenes que heredarán los resultados de nuestra acción -o de nuestra inacción-, hoy se unen a las luchas históricas de los pueblos originarios de nuestra América por el saqueo de sus recursos, y redundan en una “estructura contemporánea del despojo”, como afirmaba Galeano, que no opera como articulador de posiciones políticas.

Ante el liderazgo regional en procesos multilaterales y el inicio de nuevas gestiones gubernamentales, entre ellas la de la científica Claudia Sheinbaum, que tiene una obligación clara de ejercer un nuevo papel protagónico y progresista en México, es momento de construir una visión y una estrategia regional común para afrontar dilemas de acción colectiva, como los riesgos climáticos transfronterizos, y el financiamiento insuficiente. Las construcciones conjuntas pueden ayudar a remediar el incremento del malestar social y económico con el ansiado desarrollo que se ha hecho esperar para un conjunto mayoritario de las comunidades, a lo que se añade la recurrencia del olvido.