Verificación en Venezuela

Venezuela celebró el domingo unas elecciones cruciales en las que por primera vez en más de una década el chavismo se medía con la oposición. El resultado de la votación dejó, sin embargo, una serie de interrogantes que deben ser aclarados sin dilación. El Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el control mayoritario de magistrados afines al Gobierno, proclamó como ganador a Nicolás Maduro frente a su principal contrincante, el diplomático Edmundo González Urrutia. El presidente, según los datos preliminares, obtuvo el 51,2% de los votos y siete puntos de ventaja sobre su principal rival. La oposición, liderada por María Corina Machado, rechazó sin matices esos números y denunció irregularidades en el escrutinio.

El argumento de la coalición opositora es que tuvo finalmente acceso al 73% de las actas. Machado y Urrutia mantienen que ese porcentaje de votos que sus testigos o interventores pudieron verificar refleja una tendencia contraria que les otorgaría una victoria aplastante. Las elecciones en las que estaba en juego la continuidad de 25 de años de chavismo han derivado así en un nuevo pulso político. Pero la falta de transparencia del proceso electoral no solo disparó las alarmas en Venezuela, sino que activó a la comunidad internacional ante la sospecha de fraude.

Tanto la ONU como la Unión Europea, Estados Unidos, España, el Centro Carter —autorizado por el Ejecutivo chavista como observador— o la gran mayoría de países latinoamericanos —incluidos los Gobiernos progresistas de Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) o Gabriel Boric (Chile)— plantean una misma exigencia. Esto es, si Maduro quiere legitimar su reelección tiene que publicar las actas y permitir que unos verificadores imparciales confirmen los resultados. Estos cuestionamientos tienen sólidos asideros. El chavismo ha desgastado su credibilidad como interlocutor político y, ya antes de estos comicios, dejó claro que ni siquiera le importa guardar cierto decoro democrático. Lo demostró al impedir una amplia observación internacional vetando, por ejemplo, la misión de la Unión Europea, bloqueando el ingreso de expresidentes latinoamericanos, expulsando a invitados de la oposición y rechazando la acreditación de periodistas.

Para que el desenlace de las elecciones presidenciales anunciado por el CNE sea creíble, el Gobierno venezolano debe permitir la revisión de las actas. Al mismo tiempo, la oposición tiene la obligación de sostener y demostrar sus acusaciones, por ejemplo, mediante la publicación de la documentación que obra en su poder. La candidatura de González Urrutia aceptó participar en la votación acatando unas reglas de juego adversas. La primera señal fue la inhabilitación de Machado, que no pudo participar y tuvo que apoyar a un suplente. A eso se sumó la persecución y detención de colaboradores y asesores de la campaña, con decenas de detenciones. A todo ello hay que añadir un hecho de extrema gravedad: las trabas que el aparato chavista, que controla todos los resortes del Estado, puso para votar desde el exterior. De los cerca de cinco millones de venezolanos con derecho a voto que dejaron el país como consecuencia de la crisis social y económica, solo 69.000 pudieron registrarse para ejercer su derecho. El CNE abrió un plazo de apenas 30 días —mucho más acotado que en elecciones presidenciales previas— y exigió una serie de requisitos burocráticos a menudo infranqueables para un emigrante.

Con estas premisas, es crucial que el Gobierno de Nicolás Maduro se avenga a mostrar todas las actas. Mientras tanto, es vital que ambas partes actúen con responsabilidad y, en un escenario de movilizaciones masivas, se comprometan a garantizar el derecho a la protesta y evitar la violencia. El pueblo venezolano votó pacíficamente y merece un escrutinio con transparencia y rigor.