Lecciones de la tragedia de Angrois

Once años y dos días después del descarrilamiento que mató a 79 personas y dejó 145 heridos en Angrois, a escasos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, la justicia ha dictado la primera sentencia sobre las responsabilidades del accidente, sentencia que admite recurso. Responde así, con muchísimo retraso, a las reivindicaciones de las víctimas y sus familiares, que han luchado desde el primer día para que se aclarase lo sucedido. A veces contra las ignominiosas reticencias de la Administración.

La conclusión de la magistrada es que la tarde del 24 de julio de 2013 el tren Alvia Madrid–Ferrol, que llegaba casi lleno a la capital gallega la víspera de su día grande, se salió de la vía a 176 kilómetros por hora en una curva que debía haber tomado a 80. El maquinista, distraído por una llamada de teléfono, no tomó las precauciones necesarias para frenar. Sin embargo, ni en el tren ni en las vías estaban operativos los sistemas de seguridad que hubieran permitido solventar el fallo humano y, por lo menos, mitigar el desastre.

La justicia considera, por ello, que los corresponsables de lo sucedido son tanto el maquinista como el director de Seguridad de Circulación de Adif, que certificó la fiabilidad de la línea y permitió su puesta en servicio a pesar de que el análisis preliminar de riesgos —realizado por la empresa a la que se adjudicó el proyecto— identificó el peligro de descarrilamiento en Angrois y propuso como solución el sistema de freno automático ERTMS. Ese sistema, incluido en el proyecto original, fue posteriormente suprimido en ese tramo con el beneplácito de Adif. En consecuencia, condena a ambos a dos años y medio de cárcel. Las víctimas recibirán 25 millones de euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

La condena al alto cargo de Adif lo es también a los lamentables esfuerzos de la empresa pública por eludir su responsabilidad. Solo la intervención de los reguladores europeos llevó a la justicia a reconocer la responsabilidad del operador español de infraestructuras en el accidente. Hasta entonces, toda la acusación se centraba en el mortal descuido del maquinista. La intervención europea también puso el foco sobre el hecho de que España, al contrario que otros países, tiene una agencia de seguridad distinta para cada modo de transporte. En el caso de la seguridad ferroviaria, esta agencia está muy ligada a los operadores de la red y, por tanto, corre el riesgo de ser parcial. Fue el caso en Angrois. Como dictaminó en 2016 la Agencia Europea del Ferrocarril, las pesquisas del Ministerio de Fomento, ocupado entonces por Ana Pastor (PP), incumplían la normativa comunitaria porque Renfe y Adif se habían investigado a sí mismas e ignorado las “causas profundas” del siniestro para enfatizar el error del maquinista. Tampoco el actual Gobierno de PSOE y Sumar ha atendido la petición de las víctimas de repetir el informe.

Nada puede compensar las vidas perdidas en el accidente de Santiago, pero su memoria exige de los poderes públicos evitar que se repitan los errores que lo hicieron posible. Garantizar que la puesta en servicio de las infraestructuras de transporte dé prioridad a la seguridad antes que a la urgencia política, así como cumplir el compromiso anunciado el año pasado de crear una agencia única de seguridad en el transporte con una independencia fuera de toda duda. Y, por supuesto, que Adif y el Estado en su conjunto se hagan cargo de su responsabilidad en la tragedia y pidan perdón a unas víctimas que llevan sufriendo 11 años de calvario.