Las víctimas de la tragedia del tren en Santiago piden que se condene al cargo de Adif “para que no vuelva a ocurrir”

Con una gran pancarta reclamando una “sentencia ejemplar para que no vuelva a ocurrir”, los supervivientes y familiares de los fallecidos en la tragedia ferroviaria del Alvia en 2013 han vuelto a manifestarse este miércoles en Santiago cuando se cumplen 11 años del accidente. Lo hacen justo un año después de que finalizase el macrojuicio que sentó en el banquillo al maquinista, Francisco Garzón Amo, y al director de Seguridad de Adif cuando se puso en marcha la línea, Andrés Cortabitarte, por un descarrilamiento que mató a 80 personas e hirió a 145. Ambos afrontan penas de cuatro años de cárcel. El fallo judicial está al caer, después de que en medio de las sesiones y de forma sorpresiva, la Fiscalía retirase sus acusaciones contra el único cargo público encausado. Las víctimas piden una condena para Cortabitarte porque ven clara su responsabilidad en las decisiones previas al descarrilamiento que rebajaron la seguridad en este tramo de alta velocidad entre Galicia y Madrid.

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, recuerda que 11 años después del accidente no solo no hay sentencia sino “tampoco una investigación independiente”. Se refiere a la indagación técnica que realizó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que fue tumbada por la Agencia Ferroviaria Europea por su falta de parcialidad, ya que en ella intervinieron cargos de las empresas con posibles responsabilidades en el siniestro, entre ellas Adif. Ese informe nunca se repitió pese a las demandas de los afectados, ni con Mariano Rajoy (PP) de presidente ni ahora con Pedro Sánchez (PSOE).

Domínguez ha incidido en las dos decisiones relacionadas con el descarrilamiento del Alvia que tomó la Administración y que rubricó Cortabitarte. Este cargo de Adif “autorizó la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente por los retrasos que provocaba” en los viajes, ha afirmado el portavoz de las víctimas sobre el freno de emergencia ERTMS. “Lo hizo con su firma un sábado y sin hacer un análisis de riesgos”. La otra medida fue “un cambio de proyecto que rebajaba la seguridad”, ha añadido, y que también firmó Cortabitarte: “Como decía el fiscal al principio hasta que cambió de opinión, si Adif hubiera hecho bien su trabajo este accidente jamás hubiera ocurrido”, señala Domínguez.

Los carteles que han portado los asistentes a la concentración critican al fiscal del caso, Mario Piñeiro, precisamente por ese paso que dio en el juicio en favor de Cortabitarte. “El Estado contra las víctimas”, se puede leer en ellos, con una foto del representante del ministerio público. Justo antes de que se haga pública la sentencia, Piñeiro ha sido ascendido. Formará parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también ejerció en los juzgados de la capital gallega y llevó otra macrocausa, la de la marea negra del Prestige. El nombramiento ha indignado a los afectados por uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España. “Aquí todo el que toca este accidente y se pone a favor del Estado resulta premiado”, ha criticado Domínguez durante la concentración.

La plataforma de víctimas no obvia que el desencadenante del siniestro fue el despiste del maquinista, que se desorientó al atender una llamada al móvil del interventor del tren y no frenó a tiempo para tomar la curva de A Grandeira donde se produjo el descarrilamiento. “Pero fue el último eslabón de una cadena de negligencias”, esgrime Domínguez, quien cree que también se debían haber sentado en el banquillo los cargos de Renfe que recibieron un correo alertando de la peligrosidad de la curva y no tomaron medidas. En estos 11 años las víctimas no han dejado de denunciar los obstáculos contra los que han tenido que luchar para destapar las circunstancias del accidente más allá del error del maquinista. “Hay unos intereses, que son los de la alta velocidad, que han protegido todos los gobiernos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, afirma el representante de las víctimas. “Ahora necesitamos una jueza muy valiente que vaya contra todo eso. Esperamos que lo sea”.