El bloqueo, el acuerdo y la reforma del CGPJ

Después de más de cinco años de bloqueo, el PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo para la renovación del CGPJ. Ha sido un pacto entre los partidos, supervisado por la Comisión Europea como en una pelea en un patio de colegio. Los presidentes de las Cámaras cumplirán la ley tras años de bochornoso remoloneo (la responsabilidad de poner en marcha el proceso es suya y no de los partidos). Se renueva conforme a la norma vigente. Es una buena noticia.

Era una obligación constitucional. Además de la cuestión normativa, que debería bastar, la acusación fundada de obstruccionismo al PP debilitaba su posición estratégica. La limitación de competencias del Consejo en funciones, impulsada por el Gobierno, era un chantaje que había servido para empeorar las cosas.

Una lectura partidista busca establecer quién ha cedido más o menos y por qué: la presión de Europa y los nuevos equilibrios en la Unión, la amenaza de veto en instituciones como el Banco de España. Una variante critica que se pacte con un adversario que no es de fiar (ultraderechista, autócrata) y en circunstancias difíciles (con el Tribunal Constitucional haciendo de órgano de casación en el caso de los ERE). Los extremos ven en el pacto de los partidos centrales una traición. Otros, aunque celebran el acuerdo, sospechan algún engaño o deslealtad.

Hay elementos negativos: no ha habido un debate en sede parlamentaria (a veces el Congreso es lo más importante y a veces no cuenta para nada), ni se renuncian a las cuotas partidistas (Rafael Jiménez Asensio recordaba el “deber de ingratitud” que según Pierre Rosanvallon deben mostrar hacia quien los ha nombrado: no es imposible, pero suena voluntarista). Es positivo que se refuerce el régimen de incompatibilidades. También que se hayan evitado posibilidades peores: por ejemplo, la reducción de las mayorías que se usaba como amenaza.

Los dos partidos principales, que representan dos tercios del voto, han acordado reformar el sistema, pero las garantías de que eso suceda son limitadas. El procedimiento elegido (proposición de ley urgente) y el vocabulario no invitan al optimismo. Esta crisis que lanzó mil columnas, editoriales y tertulias generó muchos reproches y varias propuestas: algunos pedían imaginativamente que se cumplieran las normas establecidas, otros —entre los que destaca Vicente Guilarte, presidente del CGPJ— han ideado fórmulas para hacer la institución menos dependiente del poder político. Esperemos que esas propuestas no sean ignoradas ni se repita el bloqueo, y que esta vez no se cumpla el pronóstico de que el destino del regeneracionismo es la melancolía.