Soluciones realistas para Cataluña

Cataluña necesita cuanto antes un Govern que ponga fin a una larga década en la que la discusión identitaria —exacerbada por intereses partidistas— ha ido aplazando la búsqueda de soluciones para los muchos problemas que afectan a los ciudadanos en su vida diaria. Como reconocieron todos los candidatos a las elecciones del pasado día 12, algunos de esos problemas derivan de un sistema de financiación autonómica que —también para el resto de España— lleva años necesitado de reformas. Sin embargo, pedir como ha hecho ERC el traspaso íntegro de todos los impuestos a la Generalitat como contrapartida para la investidura del ganador de los comicios, Salvador Illa, equivale a rechazar de entrada la posibilidad de que el candidato socialista forme Gobierno en el plazo de dos meses.

Es un silogismo perverso del independentismo —asumido también por el PP y Vox— el que conduce a tal propuesta: si para conseguir la investidura de Pedro Sánchez la amnistía se convirtió en ley después de que el PSOE la negara repetidamente, nada debería impedir, según este razonamiento, que Sánchez concediera a ERC algo similar al concierto vasco y navarro para obtener la de Illa.

La amnistía, como los indultos, pretende restañar cuanto antes las heridas del procés. Nunca la actual democracia española se había enfrentado a unas circunstancias tan difíciles como las suscitadas por la intentona secesionista de 2017, en la que el Gobierno central —liderado por Mariano Rajoy— se caracterizó por su pasividad política, dejó en manos de los jueces la resolución del desafío y solo actuó en las zonas de sombra legal, con el cúmulo de disparates y delitos de la llamada Operación Cataluña. Ninguna de las circunstancias que dieron lugar a las medidas de gracia se dan para un replanteamiento precipitado del sistema de financiación autonómica, que requiere al menos una reforma radical de la LOFCA y la participación de todas las comunidades autónomas, sea cual sea su color político. Ante todo, porque afecta a los equilibrios del Estado de las autonomías y a la solidaridad territorial.

Todo ello, sin demonizar la relación bilateral entre el Gobierno central y un Ejecutivo autonómico. No hace falta remontarse a los acuerdos por los que José María Aznar obtuvo su investidura accediendo a la petición de Jordi Pujol de traspasar el 30% del IRPF a la Generalitat —o de eliminar el servició militar obligatorio y la figura de los gobernadores civiles— para comprobar que las investiduras son momentos propicios para reclamar reformas.

Sin embargo, plantear reivindicaciones maximalistas que se saben imposibles de atender de forma realista es optar sin decirlo por la repetición electoral. Sobre todo, cuando el Estatut vigente —con categoría de ley orgánica y refrendado por el Parlament, el Congreso y el Tribunal Constitucional— recoge ya el desarrollo de un consorcio paritario entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria catalana para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos del Estado recaudados en Cataluña al margen de los propios de la Generalitat. El Estatut, de 2006, establecía un plazo de dos años para desarrollar ese consorcio. Si no se hizo fue, en parte, porque los soberanistas optaron por abrir la vía unilateral. Nada impide ahora cumplir con el Estatut.

ERC ha salido mal parada de las elecciones del 12 de mayo, por eso Junts trata de forzar nuevas elecciones que ratifiquen su hegemonía en el ámbito nacionalista y maquillen la derrota de su líder, Carles Puigdemont, que se comprometió a abandonar la política si no salía investido. ERC se juega su futuro como partido y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero también está jugando con el de Cataluña, es decir, con el de los catalanes, asediados a diario por los problemas acumulados en el laberinto del procés. La pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del independentismo ilustra bien dónde tienen puestas sus prioridades los ciudadanos.