La cesión del 30% de IRPF reducirá los ingresos del Estado en 200.000 millones anuales
La negociación entre el Partido Popular (PP) y Convergéncia i Unió (CiU) para garantizar la investidura de José María Aznar como presidente de Gobierno implica un coste presupuestario que pone en peligro el ya delicado equilibrio del déficit público (necesidad de financiación) y, por lo tanto, aleja a España del cumplimiento de este criterio de convergencia con Europa en 1997. Según las fuentes consultadas por este periódico la concesión de un tramo adicional del 15% del IRPF a la gestión de las comunidades autónomas implicará un recorte para las arcas del Estado en torno a 200.000 millones.
Cada paso en la negociación PP-CiU para la investidura de José María Aznar en carece un poco más la convergencia española con Europa en materia de déficit público, plasmada en un objetivo de necesidad de financiación de. las administraciones públicas del 3% del PIB en 1997.Los primeros cálculos realizados por los expertos fiscales señalan que si la ampliación del IRPF transferido a las comunidades autánomas se amplía al 30%, desde el 15% actual, por el procedimiento de recargo en la base imponible hasta el equivalente del 15% de la cuota, la operación tendrá un coste para el Presupuesto del Estado. Aunque este coste no está calculado con exactitud, diversas fuentes han indicado que puede aproximarse a los 170.000 millones de pesetas
Asimismo, la ampliación en tres o cuatro puntos de los topes máximos, establecidos para que las transferencias no superen determinadas cantidades, costarían al Presupuesto entre 20.000 y 25.000 millones de pesetas.
En teoría, la transferencia de una parte del IRPF no debería suponer un coste adicional, puesto que las cantidades transferidas son simplemente gestionadas por una Administración distinta y se descuentan después en la liquidación correspondiente por participación en los ingresos.
Deducciones de la cuota
Sin embargo, el coste se produce cuando la transferencia se hace sobre la base liquidable, por la simple razón de que se produce una transferencia de ingresos, pero las deducciones de la cuota (por vivienda, gastos sanitarios, seguros, ascendientes) correpondientes a ese impuesto deben ser pagadas -soportadas, en el lenguaje tributario- por el Estado y lucen como gasto fiscal -menores ingresos- y no por la administración autónoma correspondiente.Este coste se produce cuando la transferencia se hace sobre la base liquidable, que es, según las informaciones conocidas hasta el momento, la pretensión difundida en las informaciones recogidas en torno a los acuerdos pactados por PP y CiU.
Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda en funciones, declaró ayer en Radio Nacional que el pacto entre Convergència i Unió y el Partido Popular acarreará sin duda un coste, pero no lo quiso cuantificar. Posteriormente, a requerimiento de este periódico, tampoco quiso precisar las cifras de este coste.
En otro ámbito clave de la negociación, la financiación de la sanidad, el peligro de asumir gastos peligrosos para el objetivo de convergencia con Europa es igualmente notable. Las peticiones de CiU pueden tener un coste mínimo de 60.000 millones de pesetas, si solamente se atiende la petición de renunciar al compromiso de ahorro por mejor gestión, pactado con las comunidades autónomas en 1994; pero pueden sumarse cantidades adicionales más elevadas si, además, Pujol y su equipo imponen el pago de parte de la deuda acumulada por la sanidad catalana.
Estas previsiones aproximan el coste inicial del pacto de investidura a los 250.000 millones de pesetas. A partir de la formación de Gobierno, probablemente se pondrían en marcha los pagos de otros compromisos "en función de las posibilidades reales del Presupuesto", según expresión de fuentes del PP.
Aunque las mismas fuentes indican que las posibilidades de inversión en Cataluña "están seriamente restringidas por la promesa de cumplir el 3% de objetivo de déficit", es cierto que la tentación de rehacer el Presupuesto de 1996 para reconocer mayores gastos y justificar así retrasos o dificultades en la convergencia puede ser muy fuerte.
El problema más acuciante se plantea en la definición del Presupuesto para 1997. Con el peso adicional de al menos los 200.000 millones de pesetas de disminución de ingresos, la necesidad de, financiación (criterio Maastricht) de las Administraciones Públicas debe situarse en el 3% del PIB.
En 1996, el objetivo es situar la necesidad de financiación en el 4,4% del PIB; es decir, el Presupuesto de 1997 debe recortar aproximadamente 1,5 puntos de PIB contando, como se ha dicho, con unos ingresos fiscales menores y un aumento de los gastos derivados del acuerdo con CiU que solamente podrán evaluarse una vez que el nuevo Gobierno tome posesión.
