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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Reconocer el Estado palestino

Irlanda y Noruega se suman a España en una medida que presiona por un final de la guerra en Gaza que garantice la seguridad de Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es aplaudido por los diputados de su partido tras anunciar el próximo reconocimiento de Palestina en su comparecencia ante el Congreso, este miércoles en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es aplaudido por los diputados de su partido tras anunciar el próximo reconocimiento de Palestina en su comparecencia ante el Congreso, este miércoles en Madrid.JJ Guillén (EFE)
El País

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el próximo martes el Consejo de Ministros reconocerá el Estado palestino. Se trata de una decisión histórica en la que España estará acompañada en la misma fecha por Irlanda y Noruega. Otros dos países de la UE, Malta y Eslovenia, han anunciado que trabajan sobre la misma decisión. España lidera así una iniciativa que aplica, siguiendo las resoluciones de Naciones Unidas, una condición indispensable para la solución del conflicto árabe-israelí: la existencia de dos Estados. Se trata de uno de los mayores movimientos diplomáticos desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza, lanzada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu a raíz del ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre y que ha costado hasta el momento más de 34.000 muertos, unos 70.000 heridos y un millón de desplazados palestinos.

Nada más hacerse el anuncio, Netanyahu ordenó el regreso a Israel de sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo y acusó a los tres países de “dar una medalla de oro a los asesinos de Hamás”. Nada más lejos de la realidad. Impulsar el reconocimiento de Palestina, que busca también garantizar la supervivencia de Israel en condiciones de paz y seguridad, ya fue votado mayoritariamente —aunque sin ponerle fecha— por el Congreso español en septiembre de 2014. Ayer desde la tribuna, Sánchez reiteró su condena a la milicia islámica, incluida en el listado de organizaciones terroristas de la UE y EE UU. No puede haber asomo de duda en este sentido.

El Gobierno de España lleva meses pidiendo un alto el fuego y expresando su preocupación por la violación del derecho humanitario, también desde el lado israelí, preocupación a la que ya respondió Israel con la retirada temporal de su embajadora. Es la voluntad de Netanyahu de no poner fin al castigo a la población civil de la Franja y la inacción de parte de la comunidad internacional —que no ha conseguido pasar de la condena retórica— las que han empujado a varios líderes europeos a acelerar el reconocimiento del Estado palestino, una decisión que no puede ser interpretada como hostil contra Israel y que ya comparten 142 países de la ONU y la Santa Sede. En Europa ya reconocen a Palestina como Estado Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia y Chipre. En España la medida cuenta con el apoyo del 78% de los ciudadanos, según el barómetro del Real Instituto Elcano.

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El anuncio de España, Irlanda y Noruega se produce dos días después de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitara que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra la cúpula de Hamás: Yahya Sinwar, su jefe en la Franja de Gaza; Mohamed Diab Ibrahim al Masri, al mando del ala militar; e Ismail Haniya, el líder político, refugiado en Qatar. Se trata de una acción concreta para que rindan cuentas ante la justicia los responsables de las violaciones de los derechos humanos que vienen ocurriendo en Gaza. También las perpetradas por la milicia islamista, que el 7 de octubre asesinó a 1.200 ciudadanos israelíes y secuestró a 400, de los cuales unos 130 siguen en su poder. Independientemente de la aplicación práctica de su solicitud —Israel no reconoce al TPI, igual que Estados Unidos, Rusia, China y la India, entre otros; la UE al completo y el Reino Unido sí lo hacen—, la Fiscalía envía un mensaje que cada vez parece más olvidado: no se pueden traspasar impunemente los límites que marca el derecho internacional humanitario.

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