Medio año de guerra atroz

Benjamín Netanyahu debe obedecer la orden de Joe Biden. No bastan las poco convincentes explicaciones del primer ministro israelí sobre el lanzamiento el lunes pasado de los tres misiles que asesinaron a los siete cooperantes de World Central Kitchen. No debe repetirse ni un solo ataque más como el que sufrió la ONG del chef José Andrés. Tampoco es suficiente el anuncio de la futura apertura de algún paso a Gaza: la entrada de alimentos en la Franja debe ser inmediata para evitar que la hambruna se extienda. Pero urge sobre todo un alto el fuego que acabe con la masacre de la población civil palestina y permita la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás hace hoy medio año y la apertura de una negociación internacional sobre un futuro en paz vinculado al reconocimiento de los dos Estados en el territorio entre el Jordán y el Mediterráneo.

El Gobierno de Israel debe renunciar a su propósito de invadir Rafah y concentrarse, como todos sus aliados, en disuadir a Irán de sus amenazas, enervadas por el propio Netanyahu con el bombardeo de la embajada iraní en Damasco. Ante la obstinación demostrada por el Gobierno encabezado por el Likud, siempre será poca la presión para terminar de una vez con esta guerra de tan catastrófico balance en víctimas y en inestabilidad regional. Ya pesan sobre Israel la resolución 2728 del Consejo de Seguridad —que exige el alto el fuego—, dos reconvenciones de la Corte Internacional de Justicia de la ONU —que conmina a la protección de la población civil— y, desde este viernes, el llamamiento a un embargo en la venta de armas por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El cumplimiento de esta última demanda depende por entero de Joe Biden, que tiene en sus manos los medios para convencer a Netanyahu. El más eficaz —cortar el suministro de armamento— cuenta con amplio apoyo en el Partido Demócrata y se basa en un memorándum presidencial de febrero que exige a los países que compran armas a EE UU que demuestren que solo las utilizan en tareas defensivas. Biden puede retirar también el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad, como ya hizo con su abstención en la última resolución y como debería hacer en caso de plantearse una resolución más rotunda para terminar con la guerra.

La UE no debe quedarse rezagada. A pesar de la división entre los Veintisiete, expresadas en tres posiciones distintas en las votaciones en la Asamblea General de la ONU, la opinión pública europea está alejándose de forma acelerada de Netanyahu. La Unión tiene en sus manos la política comercial, muy fructífera para Israel, pero también el eventual reconocimiento del Estado de Palestina, que ya forma parte de Naciones Unidas como ‘estado observador’, aunque no miembro de pleno derecho, y es pieza clave en la fórmula de paz propugnada por Bruselas desde 1980 en la Declaración de Venecia.

El reconocimiento de Palestina constituía en España una de las escasas piezas del consenso sobre política exterior, refrendado por la declaración del Congreso de los Diputados de 2014 y por los discursos del propio rey Felipe VI. De ahí la inexplicable irresponsabilidad en la que incurrió esta semana el expresidente Aznar al rechazar de forma incongruente el Estado palestino. El prurito de impugnación sistemática de cuanto hace el Gobierno no puede llevarse al extremo de jugar con algo tan serio como una guerra atroz que en medio año se ha cobrado en Gaza más de 30.000 vidas.