No permitamos que el asalto a una embajada se convierta en un precedente

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene por rol principal el mantener la paz y seguridad internacional. Bien sabemos que esta función no siempre se ha cumplido y las consecuencias han sido terribles para muchos en el mundo. Ecuador, hoy uno de sus miembros no permanentes, ha violado de manera flagrante una de las normas más antiguas del ordenamiento internacional: la inviolabilidad de una embajada. Cabe recordar que el país ocupa por dos años el puesto y ha sido elegido con los votos del grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC). No es sorpresa la convocatoria a la reunión urgente que ha llevado a cabo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar los hechos del 5 de abril en Quito.

“Los locales de la misión son inviolables”. Así lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que vino a declarar una norma que ya existía de manera consuetudinaria. Parte de la base de que los Estados soberanos tienen en sus representaciones en el territorio de otros Estados privilegios e inmunidades para el buen funcionamiento de su misión. Por lo tanto, nada justifica que el Estado acreditante, en este caso Ecuador, viole esta norma e ingrese sin autorización del Estado acreditado (México) a la embajada. Ni siquiera es justificación la calidad, los antecedentes penales, las acusaciones que se realicen contra una persona que es sacada por la fuerza de un recinto diplomático. Sobre esto hay fallos de la Corte Internacional de Justicia, doctrina y una larga práctica, sumada a obligación nacida de la costumbre y tratados internacionales.

No se puede permitir que lo realizado por Ecuador marque un precedente en las relaciones internacionales. Por ello es que uno hubiera esperado una condena más rápida, clara y enérgica de los Estados y organizaciones internacionales. Esto no es una cuestión de derecha o izquierda. Es un tema de Derecho Internacional. Una involución en este sentido puede traer consecuencias que agraven más la crisis del sistema internacional que estamos viviendo. No obstante, el presidente Andrés Manuel López también violó una doctrina tradicional del Derecho Internacional, la prohibición de entrometerse en asuntos internos de otros Estados. Esto no autoriza a Ecuador a saltarse las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece claramente que ningún Estado puede invocar normas de su derecho interno para justificarse del incumplimiento de un tratado (ni de ninguna norma internacional). El Derecho Internacional prima por sobre los derechos internos. Pacta sunt servanda, lo pactado obliga y debe cumplirse de buena fe.

El derecho de asilo es una de las instituciones internacionales de larga data y muy importante, en especial para América Latina. Un factor preponderante para que este pueda funcionar y salvar vidas, como ha ocurrido en muchas dictaduras en el mundo, es la inviolabilidad de los recintos diplomáticos. Recordemos tres ejemplos. Julien Assange estuvo siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Pesaba sobre él una orden de arresto internacional emanada de los Gobiernos de Suecia y Estados Unidos. El Reino Unido jamás ordenó a Scotland Yard que ingresara a detenerlo. Esperó la autorización ecuatoriana para proceder a su arresto. El segundo caso es el de Leopoldo López cuando fue declarado “huésped” de España al ingresar a la residencia del embajador de este país en Caracas. Incluso un dictador como Nicolás Maduro no osó ordenar a pasarse por alto la inviolabilidad de la residencia del embajador español. Fueron negociaciones políticas las que permitieron la salida de López de Venezuela. En Chile, tras el golpe de Estado, muchos perseguidos por el régimen encontraron asilo en embajadas extranjeras, latinoamericanas y europeas, principalmente. Eso salvó sus vidas. Ni Augusto Pinochet hizo ingresar las fuerzas militares a recintos diplomáticos para detener a los disidentes de la dictadura.

Lo ocurrido es muy grave. La ruptura de relaciones diplomáticas entre dos países latinoamericanos no solo tensa sus vínculos bilaterales, sino que tiene efectos en la región y en el mundo. Si se trata de luchar en conjunto contra el narcotráfico, el crimen organizado y sus nefastas consecuencias, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa acaba de darle a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de cortar los puentes necesarios para la cooperación necesaria. Esto en un momento donde la delincuencia organizada es un flagelo que amenaza a América Latina y tiene consecuencias directas en la población, en especial los sectores más vulnerables. No lo permitamos. No debilitemos aún más el sistema internacional. Distintos flancos lo están poniendo a prueba.

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