Una decisión a medias para Assange

La ambigua decisión adoptada por un tribunal británico respecto a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos es la demostración de que el caso contra el cofundador de Wikileaks tiene un alto componente de persecución política y poca solidez jurídica. Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson han decidido ganar tiempo, convencidos probablemente de que, como han sugerido algunas informaciones, aún es posible un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía estadounidense y los abogados del editor que permita salvar la cara a Washington y evite la entrega del preso más famoso de los últimos años.

La causa de Assange se ha convertido en la causa mundial en defensa de la libertad de prensa. La campaña que reclama su libertad ha contado con el respaldo de gobiernos como el australiano —país del que el editor es ciudadano—, de instituciones y de cientos de miles de activistas o personas preocupadas por el caso. EL PAÍS fue uno de los periódicos que participó en el esfuerzo concertado de publicación de los papeles de Wikileaks, una fuente imprescindible de información para sacar a la luz ilegalidades y crímenes de Estado que los gobiernos querían ocultar.

Los magistrados han exigido a Washington garantías de que sus tribunales respetarán el derecho a la libertad de expresión de Assange, contemplado en la Primera Enmienda de su Constitución y reclaman que el preso reciba las mismas garantías procesales que cualquier ciudadano estadounidense, y no sea discriminado por ser extranjero. Finalmente, exigen un compromiso formal de que no sea condenado a la pena de muerte. El tribunal, que reclama más garantías al sistema judicial de la primera potencia económica y normativa del mundo, da un plazo de tres semanas para la respuesta. Si EE UU no acepta esas tres condiciones, el cofundador de Wikileaks podrá presentar un recurso contra su extradición en los tribunales británicos.

Assange lleva cinco años encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, al norte de Londres. Antes estuvo casi siete años en la Embajada de Ecuador de la capital británica, recluido en una habitación mínima y sin poder salir a la calle. Está gravemente enfermo y su salud mental se ha visto deteriorada. Tiene razón su esposa, Stella Assange, al denunciar una sentencia incompleta, que retrasa el caso sin solucionarlo definitivamente. Y la tiene al reclamar al Gobierno de Joe Biden que retire la acusación y abandone la persecución. Barack Obama decidió perdonar a la soldado Chelsea Manning, fuente principal de la filtración, después de que pasara siete años en prisión.

La acusación actual de espionaje contra el editor, y la pretensión de que sea condenado a 175 años de cárcel, es solo la venganza política impulsada en su día por el expresidente Donald Trump. Y de no remediarse definitivamente, la extradición de Assange será el golpe más grave a la libertad de prensa de las últimas décadas.