Filibusterismo en el Senado

El Partido Popular y Vox se han propuesto aprovechar al máximo la tramitación de la ley de amnistía en el Senado —donde los populares tienen mayoría absoluta— para tratar de torpedear la norma. El esfuerzo es inútil en la práctica, pues una mayoría absoluta como la que la respalda en el Congreso puede revertir cualquier decisión de la Cámara alta. Sin embargo, la desbocada estrategia de la oposición está forzando procedimientos parlamentarios e institucionales y cuestionando precedentes jurídicos que deberían quedar fuera del juego político cortoplacista.

No será irrelevante simbólicamente que el Senado rechace la ley. De hecho, se puede entender como la estricta representación parlamentaria de la división que provoca en la sociedad española. La clara mayoría del PP en el Senado se la han dado los votantes, y tiene todo el derecho a usarla para expresar su contundente rechazo a dicha norma. El previsible veto de los conservadores quedará para siempre asociado al expediente de tramitación de la amnistía. Pero eso, que forma parte de lo previsto en nuestro ordenamiento, no parece ser suficiente para la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Primero exploró la posibilidad de impedir la tramitación de la ley. La respuesta negativa de los servicios jurídicos era obvia, aunque su mero planteamiento indica una intencionalidad preocupante que el propio PP rechazaría de plano si las mayorías fueran otras. También solicitó informes al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva cinco años caducado por la negativa del propio PP a pactar su renovación tal y como ordena la Constitución. La mayoría conservadora el CGPJ, carente ya de cualquier legitimidad democrática, aprobó el jueves, con los progresistas en contra, un informe no vinculante en el que considera que la medida de gracia es inconstitucional. El Consejo Fiscal rechazó pronunciarse.

Por el camino, el Partido Popular aprobó en solitario una reforma del Reglamento del Senado para evitar que la proposición se tramitara por la vía de urgencia, con lo que se asegura agotar el límite de dos meses que la ley impone a esa Cámara. Es aquí donde la estrategia del PP comienza a jugar con normas consensuadas que las mayorías coyunturales no deberían modificar a capricho: la alteración de las normas de la Cámara es de dudosa constitucionalidad y puramente partidista. Por último, esta semana planteó solicitar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Esta figura jurídica se reserva para situaciones en las que se produce una usurpación flagrante de las facultades de una institución por parte de otra, algo que desde luego el Congreso no ha hecho. Si el PP considera que la ley de amnistía es inconstitucional porque a su juicio supone una “reforma encubierta” de la Ley Fundamental, el lugar para dirimirlo es el TC, pero cuando esté aprobada.

La realidad es que, en su función legislativa, el Senado tan solo enmienda o veta las leyes, el plazo que tiene para hacerlo son dos meses improrrogables y cualquier decisión puede ser revertida en el Congreso. La versión final de la ley de amnistía dependerá de la mayoría absoluta de la Cámara baja, adonde volverá como muy tarde el 16 de mayo. Por circunstancias históricas, los constituyentes de 1978 hicieron un verdadero esfuerzo por despojar al Senado de la capacidad de bloquear el proceso legislativo. Con notable éxito. La reforma de la Cámara de representación territorial es un debate tan antiguo como la propia Constitución, y si no se ha abordado en cuatro décadas ha sido en buena medida por las reticencias de la derecha.