Cesto podrido

El caso Koldo no es culpa del PSOE. Ni la Gürtel del PP. La corrupción no es un problema de nuestros partidos, sino de nuestras instituciones. Y, mientras no entendamos eso, quedaremos atrapados en el círculo vicioso de la Italia de fines del XX o algunos países del Este hoy: echemos al partido A por corrupto y sustituyámoslo por el B, hasta que este se revele más corrupto. Y así ad infinitum.

El caso Koldo no es una manzana podrida. Si hay decenas de detenidos y millones de euros amañados, obviamente hay un cesto putrefacto. Pero no es un partido. Desgraciadamente, el cesto es más grande: es el diseño de nuestro sector público. Carecemos de mecanismos adecuados de prevención de la corrupción. Nos lo lleva advirtiendo el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) desde hace años, o Lope de Vega desde hace siglos. Y nos lo repitió Transparencia Internacional hace unos días. En su índice de percepción de la corrupción, España ocupa un modesto puesto 36 entre los 180 países analizados, al lado de San Vicente y las Granadinas y Botsuana, y 14 entre los Veintisiete de la UE, junto a Letonia.

España sufre un estancamiento en la lucha contra la corrupción y la responsabilidad no es de algunos partidos, sino de todos los gobernantes. No se han tomado en serio que, en la corrupción, como en la salud, es mejor prevenir que curar. Les es más rentable anunciar estruendosamente castigos bíblicos para las acciones corruptas pasadas, “caiga quien caiga”, que elaborar silenciosamente medidas útiles que impidan las futuras. Les es más conveniente interponer controles de papel —por ejemplo, los procelosos, obtusos y regresivos requisitos burocráticos para conseguir el más modesto contrato público o la más mínima ayuda social, como si una madre soltera sin ingresos fuera la reencarnación de Al Capone— que construir unos auténticos controles de carne y hueso —por ejemplo, empoderando a los funcionarios o testigos para que reporten los comportamientos sospechosos antes de que se materialicen—.

Es triste que nos costara tanto trasponer la directiva europea de protección a los informantes de corrupción de 2019. Pero es que, un año después de que el Congreso aprobara esa ley en febrero de 2023, sigue sin ver la luz la anhelada autoridad independiente que asesore y proteja con garantías a los potenciales denunciantes de corrupción. También la ciudadanía somos culpables: nos interesan más las fiestas de los pocos Koldos de turno que los padecimientos de los muchos servidores públicos que se atreverían a frenarlos.