Parálisis ante Gaza

Camino de cumplir los cinco meses desde que Israel desencadenara una brutal ofensiva militar contra Gaza a raíz del sangriento ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, la comunidad internacional sigue desunida en torno a los medios para conseguir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, detenga una operación que hasta el momento ha causado la muerte de más de 29.000 personas, en su inmensa mayoría civiles, casi 70.000 heridos, 1.700.000 desplazados y la destrucción inaudita de un territorio que se ha vuelto prácticamente inhabitable.

Netanyahu ha utilizado el derecho a la legítima defensa contra la milicia islamista —que figura en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea— para traspasar cualquier límite de proporcionalidad, respeto a las convenciones internacionales sobre la guerra y salvaguarda de vidas inocentes. A pesar del mandato del Tribunal Internacional de La Haya y de las críticas recibidas, incluso por parte de los tradicionales aliados de Israel —de EE UU a Alemania—, Netanyahu no da respiro a la población civil de la Franja escudándose en su lucha contra Hamás y en el rescate de los rehenes en su poder desde el 7-O. La realidad es que, desde que se desencadenó la guerra, solo dos secuestrados han sido liberados por sus tropas en una acción que costó la vida al menos a 67 personas.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada la semana pasada, ya había dado muestras de la estéril acción internacional. Más allá de los ya repetidos discursos exigiendo el fin de la ofensiva, de la cumbre bávara no emergió ninguna iniciativa concreta. Además, mientras en los últimos días circulaban informaciones sobre los supuestos esfuerzos de la Casa Blanca para alcanzar un alto el fuego, esta misma semana EE UU vetaba por tercera vez consecutiva una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía precisamente eso. Una demostración palmaria de que, aunque con diferencia de matices, cuando la administración estadounidense es republicana o demócrata como la actual, el respaldo estadounidense a Israel es casi total, algo de lo que Netanyahu saca clara ventaja. Para terminar de ensombrecer el panorama, horas después del veto de Washington en la ONU, el Parlamento israelí rechazaba por amplia mayoría la posibilidad de reconocer al Estado palestino. Fue otro triunfo personal del primer ministro ultraderechista, cuyo plan para el incierto día siguiente a la guerra no incluye la reconstrucción de Gaza, pero sí medidas intolerables como el cierre de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.

Capítulo aparte merece la estrategia conjunta de la Unión Europea, cuya división respecto a la guerra en Gaza resulta paralizante. Hace una semana Hungría se opuso a que la UE, para evitar una catástrofe humana sin precedentes, pidiera a Israel que no ataque Rafah, en el sur de la Franja, el último refugio dentro de Gaza, adonde las bombas y las órdenes israelíes han conducido a la población civil. En este contexto resulta acertada la decisión del Gobierno español de imponer sus propias sanciones a los colonos violentos de Cisjordania que, espoleados por Netanyahu, atacan a civiles palestinos para expulsarlos del único territorio palestino no gobernado por Hamás. Lejos de ser una acción unilateral, la iniciativa española sigue la misma senda que Francia, el Reino Unido o incluso EE UU. Aunque sean tímidas, tras casi cinco meses de conflicto se hacen imprescindibles acciones concretas que envíen al Ejecutivo israelí un mensaje claro de que no puede seguir actuando impunemente contra civiles indefensos.