Nuevas vías para luchar contra el narco

Son días de dolor en España. Ha sido en el Sur, en Barbate; la mano siniestra del narco se ha hecho presente. Todos hemos sufrido con las imágenes de los féretros que acogían los cuerpos inertes de dos fte al espejo de cómo reaccionar y actuar desde las instituciones frente al narcotráfico.

En mi caso, me han trasportado a 1990, año en que tomé posesión en la Fiscalía de Barcelona y fui asignada a los recién creados juzgados de El Prat de Llobregat, cuya jurisdicción comprendía el área del aeropuerto del Prat y el barrio de San Cosme, bautizado como el “gran supermercado” de la droga de la capital catalana. Mi primera actuación, coordinada por el fiscal antidroga José María Mena, fue la llamada Operación Cosmos, con un gran despliegue de medios personales y materiales. Hubo decenas de detenidos, incautación de droga, dinero y joyas. Después de maratonianas declaraciones, se acordaron prisiones y paralizamos, al menos momentáneamente, el tráfico de estupefacientes en la zona. Los días pasaron, y, poco a poco, todo volvió a la cruda y desmoralizante “normalidad”: la romería de “muertos vivientes” en busca de una dosis. Los fines de semana de guardia nos esperaban los levantamientos de cadáveres. Muertos por sobredosis, quizá por la guerra eterna, siempre encubierta de los clanes, que pretendían una mayor cuota de mercado para la droga adulterada, más dañina que el propio estupefaciente.

Una niña de apenas 16 años, con un cuerpo frágil, casi de porcelana, con unas azules y marcadas venas, descansaba en el rellano de un portal. Dormía en un sueño placentero y tranquilo. Solo una jeringuilla clavada en una mano contaba algo… Ahora había que llamar a casa. No podíamos con tanto dolor, con tantas lágrimas.

Impactada por esa imagen, que aún recuerdo con nitidez, necesitaba trabajar desde donde pudiera tener más fuerza para confrontar ese fenómeno. Era evidente que ese lugar era la Fiscalía Antidroga en la Audiencia Nacional, porque desde allí se perseguía a las grandes organizaciones internacionales, se enjuiciaba a sus jefes, se coordinaba la acción internacional contra el blanqueo de capitales y era donde las niñas dejarían de morir.

Durante 12 años, dediqué mi vida a ello. El juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el del juez Baltasar Garzón, fue ejemplo y pionero. Nuevas técnicas de investigación, solo previstas en los tratados internacionales y aplicadas directamente, nos permitieron avanzar, contra las organizaciones del hachís de Marruecos, la heroína de Turquía, la cocaína de Colombia, las drogas de diseño de Centroeuropa, y contra el lavado de activos, verdadera razón de existir del narcotráfico. Neutralizar esas operaciones fue el gran triunfo del que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Fueron cientos de investigaciones y de juicios con sus correspondientes sentencias, en su inmensa mayoría condenatorias.

Los medios de comunicación, incluso los que se dedican a “sus cosas”, coadyuvaron a la percepción de una justicia que trabajaba por la seguridad, con respeto a los derechos humanos y en favor de la sociedad. Es cierto que no acabamos con el sufrimiento que genera la droga, pero sí dejamos marcado cuál era el camino a seguir para combatir estas redes criminales, que se iban adaptando a las nuevas realidades impuestas por el cerco policial y judicial al que fueron sometidas. Por aquel trabajo, se nos reconocieron honores, pero eso no les devolvió la vida a las niñas.

Años más tarde, pasados otros muchos en la lucha antiterrorista, volví a encontrarme frente a la droga. Esta vez como ministra de Justicia. En 2018, la situación en la zona del Campo de Gibraltar ya era alarmante. El salto cualitativo en cuanto a violencia y crecimiento de organizaciones hizo patente la necesidad de medidas extraordinarias. Como responsable de Justicia, propuse la creación de nuevos juzgados, la ampliación de plazas de fiscales y la creación de una sucursal en Algeciras de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para contribuir a las investigaciones sobre lavado de dinero. Estas iniciativas produjeron efectos positivos pero insuficientes. El narco siguió horadando la seguridad y la economía de la zona.

En 2020, como fiscal general del Estado, una de mis primeras acciones se concentró en esa zona geográfica: quise crear una novedosa figura en la Fiscalía para coordinar las investigaciones allí y en lo que más les duele: el blanqueo de capitales. Le propuse a un fiscal de Sala esa cautivadora y necesaria responsabilidad. Tras exponerme algunas peticiones relativas a “prerrogativas” del cargo, aceptó. Sin embargo, la Asociación de Fiscales anunció un recurso contra el decreto de designación. Como resultado, el designado dimitió antes de tomar posesión. Creo que se perdió un intento de explorar nuevas estructuras de colaboración entre fiscales y avanzar para equilibrar fuerzas frente a la acción cada vez más sofisticada de las organizaciones criminales.

Ahora, en esta peligrosa situación de 2024, cuando aún está cercana la muerte violenta de dos funcionarios, es el momento asumir los errores y dar respuestas a la pregunta que la sociedad nos hace como responsables de garantizar su seguridad: ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la justicia, además de dotar de más medios técnicos y humanos a quienes combaten en primera línea este fenómeno criminal?

Y mi respuesta es volver a aquello que una vez funcionó bien y que puede volver a hacerlo, pero con una nueva orientación, acorde con los tiempos actuales. Necesitamos una Audiencia Nacional con una jurisdicción especializada en el crimen organizado que absorba sus manifestaciones más agresivas: tráfico de seres humanos, corrupción, terrorismo, narcotráfico, graves delitos contra el medio ambiente, la prostitución organizada… En definitiva, presencia del Estado con todo su poder, con todas sus estructuras y en todos sus niveles, porque todos somos responsables. Cuando así se actúa, el narco retrocede, la sociedad gana y la democracia se consolida.