Bolsonaro contra la democracia

Jair Bolsonaro, el anterior presidente de Brasil, de extrema derecha, ha sido formalmente acusado de participar en una trama gestada en la cúpula de su Gobierno para perpetrar un golpe de Estado que impidiera que su rival, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras una victoria electoral limpia. El Tribunal Supremo también ha imputado por el delito de abolición violenta del Estado a casi 30 personas más, incluidos varios generales en la reserva y en activo. Las múltiples pruebas recabadas por los investigadores de la Policía Federal componen un pliego de acusación que ocupa 135 páginas y que se fundamenta, principalmente, en la confesión de un teniente que ejerció como secretario particular de Bolsonaro mientras el antiguo militar presidió Brasil.

El juez instructor acusa al exmandatario de, entre otras acciones, elaborar un decreto golpista presentado a la cúpula de las Fuerzas Armadas en presencia del ministro de Defensa. Entre las pruebas destacan varios mensajes de WhastApp en los que un general perteneciente al núcleo duro del Gabinete impulsa una campaña de linchamiento virtual contra el jefe del Ejército después de que este rechazara movilizar a su tropa y embarcarse en la asonada.

Trece meses han transcurrido desde que el 8 de enero de 2023 miles de brasileños falsamente convencidos de que Lula y los jueces del Supremo se habían confabulado para robarle las elecciones a su líder, Bolsonaro, asaltaron las sedes de los tres poderes, en Brasilia. Nunca desde el fin de la dictadura en 1985 la democracia brasileña había sufrido un ataque tan grave.

Hasta ahora solo han sido juzgados parte de los autores materiales, condenados ya por el Supremo. Es muy positivo que los jueces pongan el foco más allá de los bolsonaristas de a pie que vandalizaron los edificios y apunten a los sospechosos de organizar desde los despachos del poder la fracasada ruptura democrática. Junto al papel del anterior jefe del Estado, resultan especialmente graves las sospechas en torno al destacado papel en la trama de varios ministros y del entonces comandante de la Marina. Al mismo tiempo, es justo destacar que los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea rehusaron alzarse contra el presidente legítimamente electo.

Bolsonaro, mientras, se declara inocente y víctima de una persecución. Corresponde ahora a los jueces del Supremo confirmar la solidez de las pruebas y sentarlo con todas las garantías en el banquillo junto a sus supuestos cómplices. Si se demuestra que cometieron los delitos que se les imputan, deben ser castigados de acuerdo con la ley.

Es imperativo que el alto tribunal cuide el aspecto técnico del caso con atención exquisita en vista del precedente hace una década del caso Lava Jato contra la corrupción, anulado en gran parte por defectos de forma. El propio presidente Lula, que estuvo encarcelado año y medio por una condena más tarde anulada, se apresuró a desear que “no haya ningún exceso y la ley sea aplicada con todo rigor” contra quienes atacaron la democracia brasileña.

Jair Bolsonaro no puede concurrir a las elecciones hasta 2030 porque ha sido inhabilitado por abuso de poder. No obstante, mantiene su papel como líder extraparlamentario de la oposición. Es hora de que los jueces depuren las responsabilidades por el fallido golpe de Estado. También sería conveniente aprovechar la coyuntura para aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas de Brasil. Es vital para reforzar la democracia del país más poblado de América Latina.