La hora de la verdad para Bolsonaro, para los generales ultras y para Brasil

La amenaza de un golpe de Estado en Brasil estuvo en el radar durante todo el mandato de Jair Messias Bolsonaro, de 68 años. El temor se materializó el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron el corazón de esta joven democracia. Para el bolsonarismo eran unos seguidores desbocados. Vandalismo, sin más. Pero el jueves pasado la Policía Federal reveló pruebas que apuntan a una trama cocinada durante meses en la mismísima cúpula del Estado. A instancias del Tribunal Supremo, los investigadores difundieron mensajes y audios de WhatsApp, vídeos y borradores de decreto que sustentan la acusación de que el anterior presidente, cuatro generales en la reserva, un almirante y una veintena de soldados y asesores civiles organizaron un golpe para anular el resultado electoral y que el rival de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, no regresara a la presidencia. Están acusados de intento de abolición violenta del Estado, un delito castigado con hasta ocho años de cárcel.

El exmandatario de extrema derecha fue obligado a entregar el pasaporte. Tiene prohibido salir del país. La operación Tempus Veritatis supone la hora de la verdad para Bolsonaro, para los generales más ultras que lo acompañaron —como ministros y en la aventura golpista— y para Brasil. “Los desafíos de esta investigación no tienen paralelo en la historia de Brasil”, sostiene en su editorial de este viernes O Globo. El diario más leído pide “el máximo rigor” y la “máxima serenidad” a los investigadores y, “si la culpa queda demostrada en los tribunales, el castigo a los condenados debe ser severo”.

Los señalados están acusados de elaborar decretos con ánimo golpista, de organizarse como milicias digitales para difundir falsedades o medias verdades que instalaran la idea de que las urnas electrónicas no eran seguras, de dar apoyo operativo a los bolsonaristas acampados ante los cuarteles reclamando una intervención militar, de presionar a los altos mandos militares que rehusaron sumarse a la asonada, de usar el servicio secreto para espiar ilegalmente, entre otros al juez más poderoso del Supremo (y más detestado por Bolsonaro), Alexandre de Moraes, y de dar un barniz jurídico a lo que en realidad sería una ruptura del orden constitucional.

Para la politóloga Camila Rocha, “las acusaciones son gravísimas. Es importante tener en mente que no importa si el intento de golpe fue consumado o no, hubo intención de perpetrarlo, de impedir el libre ejercicio de la democracia como muestran las pruebas”. Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (sin relación con el acusado Augusto Heleno, antiguo ministro y general), no descarta que en los próximos meses Bolsonaro y/o alguno de los generales sea detenido. En esta ocasión, solo cuatro asesores han ido apresados. Este especialista considera que, gracias a esta operación policial, “quizá surjan pruebas más robustas de la organización del golpe”.

Rocha, investigadora del Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), añade que espera que “todos los implicados, independientemente de su rango, de su poder político, sean juzgados y, eventualmente, castigados. Para el país es muy importante porque tenemos una herencia muy perjudicial, especialmente en las Fuerzas Armadas, de personas que no están comprometidas con la democracia”. Resurgen los llamamientos a un mayor control civil de los militares.

Conversión en mártir

El Gobierno y la máxima Corte son conscientes de que si Bolsonaro, que se siente víctima de una persecución implacable, entra en la cárcel, se convertiría inmediatamente en un mártir. Y quién sabe si eso lo catapultaría de regreso al poder, una experiencia agridulce que ha marcado los últimos años de la vida de Lula. Por eso, los jueces tienen que hilar muy fino. Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones hasta 2030, pero acaba de empezar a dar mitines con la vista puesta en las municipales de octubre.

El juez Moraes, que lidera varios casos que atañen al expresidente, su hijo Carlos y otros bolsonaristas, cuida los tiempos. Dosifica sus decisiones de manera que aumenta o reduce la presión sobre ellos. Pero Bolsonaro siente como nunca el aliento del magistrado en la nuca. El duelo Moraes-Bolsonaro tiene ecos de una pelea de gallos. Y recuerda al duelo Sergio Moro-Lula en el caso Lava Jato, que marcó la década anterior. El editorial de Estadão advierte este viernes sobre algunos de los vicios de Moraes y sus peligros: “La politización, el exceso de protagonismo y el espíritu justiciero (…) siempre en nombre de una buena causa. Fue ese mismo problema el que manchó la Lava Jato e hizo colapsar la investigación”.

El Brasil que aborrece a Bolsonaro lleva desde el jueves salivando mientras se deleita con los detalles desvelados por la investigación (y con los consiguientes memes). La detención el año pasado del secretario particular de Bolsonaro, el teniente Mauro Cid, de 44 años, por falsear los datos de vacunación de su familia y su jefe en el registro oficial de la Sanidad pública fue mano de santo. Tras cuatro meses en prisión, estaba listo para confesar. El teléfono móvil del ayudante resultó una mina. Pruebas contundentes para la policía y el juez Moraes. Entre ellas, un borrador de decreto golpista entregado a Bolsonaro, que pidió unos cambios al texto. La versión final contemplaba nuevas elecciones y detener al juez Moraes. Después, Bolsonaro se reunió con los comandantes del Ejército, la Aeronáutica y la Marina. Solo este último abrazó la propuesta. El almirante Almir Garnier dijo que su tropa estaba lista si el presidente firmaba aquel decreto.

Para el analista Heleno, “lo importante es que hubo divisiones entre los generales, hubo resistencia en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Buena parte del alto comando no se sumó”. Añade que, “si [todos los comandantes] se hubieran sumado, no estaríamos como estamos hoy”.

Reacción eficaz

La democracia brasileña nunca estuvo, desde el fin de la dictadura, en 1985, bajo un ataque del calibre de este intento de golpe. El Gobierno de Lula, al que el asalto de Brasilia le pilló por sorpresa cuando algunos ministros ni siquiera habían tomado posesión, reaccionó con enorme eficacia. Decretó una intervención civil de la seguridad del Distrito Federal, donde se ubica la capital, y en tres horas había retomado el control de la situación y detenido a decenas de bolsonaristas. Al día siguiente desmanteló la acampada golpista frente al Cuartel General del Ejército en la capital. Y dos semanas después, Lula relevó de manera fulminante al comandante del ejército por falta de confianza.

Con estas nuevas acusaciones, el caso de los actos antidemocráticos entra en una fase crucial. Hasta ahora, los únicos juzgados y condenados a largas penas son ciudadanos de a pie que invadieron la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo. Todos civiles. Hasta ahora ningún organizador, financiador o instigador se ha sentado en el banquillo.

Bolsonaro se mueve muy cómodamente en el terreno de la ambigüedad. Proclama esto y lo contrario sin despeinarse. Durante sus cuatro años como presidente (2019-2022) puso a Brasil al borde de un infarto en varias ocasiones con sus soflamas golpistas. Inmediatamente, añadía que actuaría siempre “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”. Pero aquí nadie olvida que es un militar retirado al que el Ejército expulsó por la puerta de atrás a finales de los ochenta tras amenazar con colocar unas bombas para conseguir salarios dignos para la tropa. Consiguió reconvertirse en diputado y, para sorpresa de tantos, presidente de la República. Durante tres décadas disfrutó de inmunidad parlamentaria. Eso se acabó. Hace un par de años, en un mitin ante líderes evangélicos, proclamó que tenía tres alternativas para el futuro: “Ir preso, que me maten o la victoria. Pueden estar seguros de que la primera alternativa no existe”.

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