El ayudante militar más cercano de Bolsonaro se prepara para confesar

El militar brasileño que fue secretario particular de Jair Bolsonaro durante su mandato como presidente (2019-2022), el que llevaba su teléfono móvil y le hacía todo tipo de gestiones, se prepara para confesar después de haber alcanzado, el sábado pasado, un acuerdo con la policía para colaborar en varias investigaciones que salpican a su exjefe y a otras personas. El teniente coronel, Mauro Cid, de 44 años, llevaba cuatro meses en prisión acusado de haber falsificado su cartilla de vacunación y la de Bolsonaro para poder viajar juntos a EEUU tras la derrota electoral. La expectación sobre lo que pueda contar Cid, que el mismo sábado quedó en libertad condicional, es enorme en Brasil. Al menos en público, Bolsonaro mantiene silencio sobre su antiguo ayudante.

El sábado por la tarde, Cid abandonó la prisión militar de Brasilia en la que ingresó en mayo y se trasladó a una urbanización de viviendas para uniformados en la capital. El juez que autorizó su excarcelación, el el magistrado con superpoderes Alexandre de Moraes, le ha impuesto varios requisitos, como usar una tobillera electrónica, comparecer semanalmente en el juzgado, tiene prohibido comunicarse con otros investigados, y usar redes sociales. Queda también temporalmente apartado de sus funciones en el Ejército, pero mantiene su salario de 27.000 reales mensuales (casi 5.500 dólares).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se refirió al tema en Nueva Delhi, una vez concluida la cumbre del G20. “Cada día aparecerán más cosas y estaremos más seguros de que había una perspectiva de golpe de Estado y de que el ex presidente estuvo involucrado hasta los dientes”.

Cuando, en julio pasado, Cid compareció ante la comisión parlamentaria que investiga la intentona golpista protagonizada por miles de bolsonaristas mantuvo silencio por recomendación de sus abogados para no incriminarse.

El teniente coronel es el flanco más débil de Bolsonaro en los diversos casos judiciales por los que es investigado porque es uno de los hombres que más convivió con él durante los cuatro años en la Presidencia. El ultraderechista y militar en la reserva lo eligió para ese puesto de máxima confianza porque Cid es hijo de un general amigo suyo.

El antiguo secretario particular presidencial es considerado clave para desentrañar asuntos de enorme calado como el papel de miembros de las Fuerzas Armadas en las maniobras para dar un autogolpe. Y en otros de gran repercusión, como los intentos de vender joyas valoradas en millones de dólares que la Administración Bolsonaro recibió como obsequio de la familia real saudí. Entre los investigados en el caso de las joyas, destaca el padre del exayudante, Mauro César Cid, un general en la reserva que coincidió en la academia militar con Bolsonaro. La policía descubrió que estaba implicado en los tejemanejes por una torpeza: su reflejo aparecía en las fotos utilizadas para poner a la venta las famosas joyas.

Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones hasta 2030 a causa de un delito de abuso de poder. Todavía tiene un puñado de casos pendientes. El cerco judicial se va estrechando, aunque de vez en cuando recibe alguna buena noticia. Recientemente, vio cómo el juez archivaba el caso en el que el negacionista era investigado por omisión en la compra de las vacunas del coronavirus, que tardaron en llegar más que a otros países. La pandemia mató a más de 700.000 brasileños. Una decisión judicial que no ha causado casi revuelo entre la avalancha de especulaciones sobre qué detalles revelará el antiguo ayudante militar y qué consecuencias tendrá para Bolsonaro la confesión.

El expresidente regresa este lunes al quirófano para someterse a dos operaciones del aparato digestivo, que resultó gravemente dañado por la puñalada que sufrió en un mitin en 2018. Aprovechará para arreglarse el tabique nasal.

El acuerdo alcanzado por Cid con la policía es lo que oficialmente se llama una delação premiada, un instrumento jurídico que fue crucial en las investigaciones de corrupción en el caso Lava Jato. Los acusados obtenían beneficios penitenciarios o reducían la pena a cambio de confesar delitos, entregar pruebas e incriminar a otras personas. Los críticos de estos acuerdos sostienen que los jueces abusaron de la prisión preventiva, contra la tradición garantista de Brasil, para forzar a los detenidos a delatar a otros y que las investigaciones avanzaran. Buena parte del caso Lava Jato ha sido anulado por la connivencia del juez y los fiscales. La semana pasada un juez del Supremo proclamó que el encarcelamiento de Lula fue fruto de “un montaje para conquistar el Estado”.

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