El secretario personal de Bolsonaro comparece ante la comisión parlamentaria del asalto golpista

El teniente coronel Mauro Cid, secretario particular de Jair Bolsonaro durante sus cuatro años de mandato, el hombre que llevaba el teléfono celular del jefe del Estado, ha comparecido este martes a primera hora ante la comisión parlamentaria que investiga la intentona golpista perpetrada por miles de bolsonaristas el 8 de enero en Brasilia. Se ha presentado de uniforme, con múltiples insignias. Cid, encarcelado desde mayo en una prisión militar por falsificar certificados de vacunación, es el flanco más débil de ultraderechista Bolsonaro, que acaba de ser inhabilitado hasta 2030, pero todavía afronta una quincena de casos judiciales más. El antiguo ayudante de órdenes presidencial ha ejercido su derecho a guardar silencio para no incriminarse al responder a sus señorías, según él mismo ha explicado.

El principal motivo de que Cid fuera convocado a la comisión que investiga el asalto de miles de bolsonaristas a las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo son unos explosivos mensajes de WhatsApp y un borradores de documento oficial que la policía encontró en el teléfono móvil del ayudante más cercano a Bolsonaro. La revista Veja calificó los documentos, que publicó en exclusiva, como “el guion del golpe”.

A cada pregunta, el uniformado ha respondido que mantiene silencio en vista de los frentes judiciales que tiene abiertos. Cid es investigado en ocho casos criminales que abarcan de todo un poco: participar y alentar el intento golpista, entrar en el registro nacional de vacunación para que Bolsonaro y su hija aparecieran, de manera fraudulenta, como vacunados o enviar a uno de sus subalternos a rescatar unas joyas regaladas a Bolsonaro por los jeques saudíes y confiscadas en la aduana.

Las conversaciones de tenor golpista las mantiene Cid por WhatsApp durante la tensa transición entre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, nunca reconocida de palabra por el perdedor Bolsonaro, y la toma de posesión. Uno de los documentos detalla que la intervención incluiría el nombramiento de un interventor con poder para apartar a los jueces del Tribunal Supremo hasta la celebración de nuevas elecciones. Un golpe de Estado sin tanques y con apariencia de legalidad.

Pero para poner en marcha ese mecanismo, Bolsonaro tenía que dar la orden a los militares. Y la presión llegaba vía WhatsApp al móvil del secretario particular. “¡Convence a 01 [Bolsonaro] para que salve a este país!”, le insta un coronel en activo al que Cid responde: “Estamos en la lucha”, una frase típica para referirse a las batallas cotidianas. Ese mismo interlocutor aumenta la presión: “Convéncele de que lo haga. Ahora [Bolsonaro] no puede recular. No tiene nada que perder. Lo van a encarcelar”, le avisa. El secretario responde: “Él no se fía del ACE [el Alto Comando del Ejército]”.

Sobre nada de eso ha querido responder el teniente coronel Cid, que fue durante cuatro años el chico para todo de Bolsonaro. Se encargaba de que el móvil del presidente estuviera cargado, recibía a las visitas, le organizaba la agenda, llevaba encima la tarjeta de crédito de Bolsonaro y pagaba los gastos personales de la primera dama. “Es hijo de un general de mi promoción, lo considero como un hijo”, explicó en una entrevista reciente el exmandatario, que dejó el Ejército con el grado de capitán. Bolsonaro recalcó que su secretario “no participaba de las decisiones del Gobierno, no era un consejero”.

Los mencionados mensajes de Cid no son la única prueba incriminatoria que la policía ha encontrado en el círculo intimo del expresidente ultraderechista. Su ministro de Justicia Anderson Torres tenía en el ordenador un borrador de decreto para instaurar el estado de excepción y cerrar el Supremo.

Bolsonaro siempre se ha declarado inocente de instigar un golpe. Insiste en que no se saltó “las cuatro líneas de la Constitución” en ningún momento. De todos modos, son públicos sus incontables discursos en los que, como presidente, criminaliza a los jueces del Supremo, deslegitima el proceso electoral --motivo último de su inhabilitación--, alimenta teorías de la conspiración y da alas a los más fanáticos entre sus seguidores, que al día siguiente de la victoria de Lula se plantaron ante los cuarteles en todo Brasil para reclamar a los militares que cortaran el paso al izquierdista.

Diputados y senadores investigan desde mayo el asalto a Brasilia en paralelo a las pesquisas del Tribunal Supremo, que ha acusado formalmente a más de 1.200 personas, mantiene a 211 encarceladas. El alto tribunal promete castigar a quienes participaron, instigaron y financiaron el intento de derrocar al presidente Lula. Entre los acusados, Bolsonaro y su antiguo edecán. Durante la sesión parlamentaria ha habido varios momentos de esos que viralizarán en redes: un bolsonarista ha hecho un comentario homófobo contra una diputada trans izquierdista, Erika Hilton, y Flávio Bolsonaro, primogénito del clan, se ha acercado a saludar al antiguo ayudante de su padre.

Aquel domingo en que miles de bolsonaristas envueltos en banderas de Brasil tomaron violentamente las sedes de los tres poderes, el expresidente y su sombra, Cid, estaban en Florida.

Los observadores más veteranos de la política brasileña suelen advertir de que estas comisiones parlamentarias de investigación rara vez sirven para aclarar los hechos analizados, sino que son impulsadas para desgastar al Gobierno de turno. Con eso en mente, es más fácil entender que la iniciativa para crearla partiera de parlamentarios bolsonaristas y que el Partido de los Trabajadores, de Lula, viera la idea con enorme recelo por temor a que se convirtiera en incubadora de noticias falsas y teorías conspiratorias.

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