Los consumidores ganan

Una vez más, las instituciones europeas apuestan por defender los derechos de los consumidores frente al círculo vicioso del consumismo y la agresión al medio ambiente. La semana pasada, el acuerdo provisional entre Parlamento Europeo y Consejo cerró en la práctica una norma, conocida como “derecho a reparar”, largamente acariciada por los políticos y reclamada por la sociedad europea. Es una norma diseñada para aplicar a aparatos eléctricos y electrónicos. Entre ellos, están los casi imprescindibles electrodomésticos, sujetos hoy a prácticas comerciales abusivas que promueven la sustitución antes que la reparación.

El 77% de los consumidores europeos prefiere reparar un aparato estropeado antes que sustituirlo por otro. El sistema, sin embargo, frustra sistemáticamente la voluntad de evitar esa sustitución que, además, siempre sale más cara. La excusa más habitual es que no quedan piezas de recambio disponibles para el aparato en cuestión. El resultado es un problema para el bolsillo del consumidor y una tragedia para el medio ambiente: cada año, en la UE se recogen más de cinco millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, fabricados con materiales altamente perniciosos.

Es meritoria la batalla que Europa inició hace ya décadas para romper el círculo vicioso del consumismo y reducir prácticas abusivas que castigan al consumidor, ya sea decretando el fin del roaming —el sobrecoste en las llamadas de móvil en el extranjero— o la obligación de utilizar cargadores universales. Esta nueva norma ampliará de dos a tres los años de garantía de un artículo nuevo y obliga al fabricante a ofrecer piezas de recambio hasta 10 años después del cese de fabricación del aparato. Frente al lema de “producir, consumir, tirar”, se impone el de “producir, consumir, reparar”.

Algunos países van por delante en su lucha medioambiental. Francia, por ejemplo, incorporó ya en enero de 2021 la obligación de que en los electrodomésticos los fabricantes faciliten el “índice de reparabilidad”. Es una etiqueta que informa al consumidor de las posibilidades de que el artículo que está comprando sea reparado o no. Ofrecer la máxima información es una gran palanca para que el ciudadano evite los abusos. El Gobierno español planeó legislar en la misma dirección durante la legislatura pasada. Para la actual promete retomar el asunto, lo que es una buena noticia.

Es importante también la concienciación social. Las prácticas comerciales agresivas que alimentan el deseo de poseer el último modelo han generado un consumismo desaforado e insostenible. Hace ya casi 20 años que la Unión Europea prohibió la obsolescencia programada. Los fabricantes estarán pronto obligados a ofrecer reparaciones “a precios razonables”. Cada vez hay menos excusas para comportamientos incívicos.