Más allá de la amnistía

La negativa de Junts a apoyar la ley de amnistía que había negociado con el PSOE devolvió el texto a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para someterlo a una hipotética y muy improbable reforma. El Gobierno comprobó de nuevo este martes la intransigencia de un partido que parece haber vuelto al pragmatismo institucional desde el maximalismo rupturista pero que va a exprimir hasta el límite de lo aceptable el poder desestabilizador de sus siete diputados. Junts justificó el boicot a la ley amparándose en la reactivación de los autos judiciales a cargo de los magistrados Manuel García-Castellón sobre el Tsunami Democràtic y Joaquín Aguirre sobre la llamada trama rusa del procés.

Dicha reactivación, sobre todo la primera, ha sido interpretada por la formación independentista como un instrumento destinado a excluir de la medida de gracia al expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española, responsable último de la declaración ilegal de independencia de 2017 y convertido hoy —para seguidores y detractores— en icono del trauma que hace siete años dividió irresponsablemente a la sociedad catalana.

El resto de los partidos que respaldan al Gobierno mantuvo su apoyo a la ley pactada. En particular lo hizo ERC argumentando que el actual redactado encaja en la Constitución y permite a más de 400 encausados quedar bajo su amparo. La formación republicana subrayó su decepción este viernes por boca del viceconsejero de Estrategia de la Generalitat, que recordó que el no de Junts deja “destrozadas” a centenares de familias pendientes de la aprobación de la norma.

No es una novedad que la negociación de la amnistía es la condición de partida para la legislatura y para dar continuidad a la aprobación de los dos decretos anticrisis una vez que el tercero decayó por la negativa de un Podemos bunkerizado. El plazo de dos semanas, prorrogables por dos más, deberá servir para desatascar la negociación en la Comisión de Justicia, pero la ley debe cumplir dos estándares básicos: la constitucionalidad y la adecuación al Derecho de la UE. Transgredirlos daría al traste no solo con la ley sino con el Gobierno que la ha impulsado.

De ahí el poco margen del Ejecutivo. También su propuesta de retocar en el Código Penal el delito de terrorismo, una iniciativa rechazada este viernes por los soberanistas y que, además, ponía de nuevo sobre la mesa un tema al que la sociedad española es, con razón, especialmente sensible. Junts es, sin duda, consciente de esos márgenes. También de que su intento de blindar la ley casi con nombres y apellidos está abocado al fracaso: lo prohíbe expresamente nuestro ordenamiento jurídico porque quiebra el principio de igualdad.

Lo sucedido esta semana en el Congreso no ha hecho más que corroborar que esta, larga o corta, será una legislatura de equilibrios. La pregunta obvia es hasta dónde da de sí la fuerza parlamentaria de la coalición de Gobierno si depende de Junts. Exigir ya una convocatoria electoral o diagnosticar la situación política como una emergencia nacional es un recurso al tremendismo al que se ha abonado la oposición pero que en nada ayuda a España. Es urgente el despliegue del paquete de medidas sociales anunciadas o la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos. La ley de amnistía es condición necesaria del Gobierno, pero no es condición suficiente para atender a las necesidades de una sociedad que, como reflejan las encuestas y demuestra la realidad, tiene otras y legítimas preocupaciones.