La reforma de Meloni

Con 62 gobiernos presididos por 32 primeros ministros diferentes desde 1946, un sistema bicameral con prácticamente iguales poderes para diputados y senadores, una representación parlamentaria hiperfragmentada desde hace décadas y, como resultado, una inestabilidad política casi endémica, la necesidad de una reforma legal que garantice una cierta estabilidad en Italia ha sido objeto de discusiones periódicas y de iniciativas concretas que no han conseguido revertir la situación. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dio el visto bueno la semana pasada a un proyecto de ley que, en su opinión, pretende poner orden en la gobernabilidad italiana, pero que suscita un importante rechazo en el país transalpino y se aleja de los estándares europeos.

Meloni, líder del ultraderechista Hermanos de Italia, se propone modificar tres artículos de la Constitución: sobre el poder del presidente de la República para disolver las cámaras, sobre el nombramiento del primer ministro y sobre las mociones de censura y el voto de confianza. Su pretensión es introducir la elección directa del primer ministro y la asignación automática de la mayoría absoluta parlamentaria al partido o coalición ganador de las elecciones y establecer que en una misma legislatura —cinco años en la actualidad— solo pueda haber dos primeros ministros como máximo. Pretende reforzar así la figura del jefe de Gobierno y ponerlo a salvo de la amenaza de los repetidos vaivenes en la política italiana, donde desavenencias entre los socios de Gobierno pueden culminar con su caída por un voto en contra en una de las dos cámaras. Sin embargo, la reforma plantea cuestiones que han provocado un justificado recelo tanto entre la clase política y en la opinión pública —que la rechaza en las encuestas— como entre los constitucionalistas. En primer lugar, se trata de un plan alternativo a la intención original de la líder de Hermanos de Italia de reducir el papel de la Presidencia de la República —institución que goza de gran prestigio en el país gracias al notable desempeño en el cargo de políticos de todas las ideologías— para reforzar el del primer ministro.

Por otro lado, la asignación automática del 55% de los escaños del Parlamento al ganador de las elecciones a primer ministro puede generar situaciones nada hipotéticas en Italia: un candidato con apenas el 30% de los votos podría obtener un cheque en blanco para gobernar sin oposición durante cinco años. Si dicho candidato dimitiera, el puesto lo ocuparía otra persona de su misma formación que no necesitaría pasar por la elección directa. Todo ello aleja la propuesta de Meloni de la mayoría de los sistemas electorales europeos, que coinciden en representar lo mejor posible la voluntad popular y garantizar el control del Ejecutivo en el Parlamento. Acabar con la inestabilidad no puede pasar por aplicar soluciones de dudosa ortodoxia. En cualquier caso, los italianos, y no la primera ministra, tendrán la última palabra en un referéndum.