Que pague la Iglesia

Me cuesta entender que a estas alturas el Gobierno de España siga sosteniendo la infame anomalía que es el Concordato con la Iglesia Católica. Como ciudadana me resulta humillante, más si se tienen en cuenta las cifras de secularización de esta sociedad. Hay menos creyentes que nunca pero la Iglesia sigue con los vergonzosos privilegios de siempre. ¿Para qué incluir la aconfesionalidad del Estado en la Constitución si en la práctica se le otorga a una organización privada beneficios sin que sea de ninguna utilidad pública? No solo eso sino que además, tal como recoge el informe del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia, ha permitido que en su seno se dé uno de los peores crímenes que se pueden perpetrar contra la infancia. No les bastan el dolor y el sufrimiento de unas víctimas largamente silenciadas y ninguneadas por quienes tuvieron el poder mientras se cometían esas atrocidades, encima tiene el señor Omella la miserable respuesta de dar por exageradas las cifras. En algo ha cambiado la Iglesia, claro, han pasado, como decía en una entrevista el psiquiatra Miguel Hurtado, de negacionistas a terraplanistas. Dado que denunciar es tan difícil no resulta descabellado imaginar que las cifras del Defensor sean más bien bajas.

Tanto el papa Francisco como Omella piden perdón por los abusos pero con eso no basta. El marco que impera y que tiene que imponerse es del Estado de derecho, el de las leyes del hombre y no de Dios. ¿Cómo es eso de esperar la absolución sin siquiera haber confesado los pecados, solamente pidiendo la dispensa social? ¿Cómo va a redimirse la institución de haber roto la vida de centenares de miles de personas en este país? Si se hubieran puesto aunque fuera por un instante en el lugar de las víctimas no se permitirían salir con la cara tan dura negando la mayor y con unas disculpas que distan mucho de ser sinceras. Aquí en la tierra no esperamos a la otra vida para condenar y castigar a quienes cometen delitos. Por esto la Iglesia debería ser encausada, debería ser llevada a los tribunales como organización implicada en los crímenes. Que el Defensor del Pueblo diga que las víctimas deben ser indemnizadas por el Estado es ya el colmo, como decimos en Cataluña: cornuts i pagar el beure. ¿Es que encima de que a esta entidad privada, repito que privada, se le otorguen privilegios indebidos, ahora se le va a conceder la bula de no tener que rendir cuentas por su implicación?